Una investigación revela que Sánchez invirtió cuatro veces más en destruir la naturaleza que en cuidarla
El Estado español dedicó 8.000 millones en ayudas públicas para promover la pérdida de biodiversidad en 2024
Sin embargo, dotó de 2.000 millones de euros a conservación y restauración de la naturaleza
El Gobierno incumplió su compromiso de reformar el 50% de los "incentivos perversos" antes de 2025, según Ecologistas en Acción
Una investigación realizada durante un año ha puesto en evidencia la paradoja que sostiene la política ambiental del Gobierno de Pedro Sánchez: el Estado español destina cuatro veces más dinero público a destruir la naturaleza que a protegerla.
El informe revela que las administraciones públicas concedieron en 2024 un total de 8.000 millones de euros en subvenciones directamente vinculadas a la pérdida de biodiversidad, frente a los apenas 2.000 millones que se invierten anualmente en conservación y restauración de la naturaleza.
Incentivos perversos
El estudio, elaborado por Ecologistas en Acción en colaboración con Economistas sin Fronteras, ha sido publicado este martes bajo el título Incentivos perversos: Cómo se subvenciona la destrucción de la biodiversidad en el Estado español, es el primero de estas características realizado para nuestro país.
Sus impulsores aseguran el haber analizado en profundidad los datos oficiales de las cuentas nacionales y autonómicas, examinando las políticas fiscales de las que se benefician los sectores agrario, pesquero y forestal, así como su impacto real sobre los ecosistemas y la extinción de especies.
Incoherencia fiscal
La investigación pone el dedo en la llaga de una contradicción estructural que afecta directamente a la naturaleza española. Mientras el presupuesto destinado a conservar el patrimonio natural —sumando los Presupuestos Generales del Estado y los fondos europeos— alcanza los 2.000 millones de euros anuales, las subvenciones que financian actividades que aceleran la degradación de suelos, ríos, bosques, mares y especies multiplican por cuatro esa cifra.
Para la organización ecologistas esto supone una brecha financiera nacional para cumplir con el Convenio de Diversidad Biológica se sitúa en 3.500 millones de euros, un déficit que, según el informe, podría resolverse con la simple reconducción o eliminación de estos incentivos perversos.
Los datos ponen en evidencia una incoherencia fiscal de primer orden: el Estado subvenciona con una mano lo que intenta proteger con la otra, y la naturaleza paga el precio de ese desequilibrio. Ecologistas en Acción subraya que estas cifras son, además, conservadoras, ya que el análisis se limita al sector primario y no incluye otros ámbitos de alto impacto ambiental como el transporte o la energía.
El peso de la PAC
El 85% de las subvenciones más problemáticas identificadas en la investigación corresponden a ayudas directas. La mayor parte procede de fondos europeos canalizados hacia el sector agrario y forestal a través de la Política Agraria Común (PAC) y hacia el sector pesquero mediante el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).
La naturaleza sufre también el impacto de fondos Next Generation vinculados a la intensificación de regadíos y a la bioenergía generada por la quema de biomasa forestal, dos líneas de actuación que el informe señala como especialmente perjudiciales.
La investigación sobre este desequilbrio entre financiación y protección de la naturaleza, también pone en la diana determinadas exenciones fiscales, especialmente aquellas que benefician al uso de plaguicidas y fertilizantes sintéticos o al combustible empleado en la pesca profesional, herramientas que a largo plazo erosionan la capacidad productiva de los propios ecosistemas de los que depende el sector primario.
Compromisos incumplidos
El informe llega en un momento especialmente sensible: el Gobierno debía haber abordado en 2025 la eliminación o reformulación del 50% de las subvenciones perjudiciales, tal y como establece el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a 2030 elaborado por el Ministerio para la Transicón Ecológica.
También era una obligación derivada de la Meta 18 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, el principal acuerdo internacional para detener la pérdida de naturaleza durante esta década.
El incumplimiento no es una cuestión menor para Ecologistas en Acción. Señalan que en los últimos 50 años, la biodiversidad ha experimentado una disminución de entre el 2% y el 6% por década a escala global. España, con uno de los patrimonios naturales más ricos de Europa, no puede permitirse seguir financiando su propia degradación ambiental con dinero público mientras incumple sus compromisos ante la comunidad internacional.
Grandes empresas frente a pequeños productores
Ecologistas en Acción subraya que la investigación no cuestiona la necesidad de subvenciones para el sector primario. El problema reside en a quién benefician realmente esas ayudas.
El sistema actual está orientado hacia las grandes empresas y los lobbies del sector, en lugar de mejorar la situación de los productores con menores ingresos, que son precisamente quienes más riqueza dejan en las comunidades rurales y costeras. Esta distorsión agrava la desigualdad dentro del propio sector y vacía de contenido el discurso oficial sobre apoyo al campo y la pesca artesanal.
Alinear el sistema de ayudas con la conservación de la naturaleza es, según el informe, una oportunidad real para avanzar hacia una política fiscal que proteja simultáneamente la biodiversidad y la economía más vulnerable del mundo rural y costero.
Una primera aproximación decisiva
La investigación sobre este déficit en la protección de la naturaleza, enmarcada en la campaña Sin Biodiversidad No Hay Vida, se presenta como una primera aproximación que abre el camino a análisis más detallados por sectores y territorios.
Sus autores destacan que reformar estos incentivos no sólo eliminaría una de las principales amenazas para la naturaleza española, sino que liberaría recursos suficientes para cerrar el déficit de financiación que hoy impide cumplir con los compromisos de conservación adquiridos a escala europea e internacional.
