Vivienda

El Gobierno corta el agua a 10 familias vulnerables de Madrid por una deuda del anterior propietario

El motivo es una deuda que no corresponde a las inquilinos, sino al antiguo propietario del edificio

Sareb, Pedro Sánchez, vecinos, familias vulnerables
Alicia Bonilla
  • Alicia Bonilla
  • Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

La Sareb, empresa que es propiedad del Gobierno, está ejerciendo acoso inmobiliario contra 10 familias, que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El motivo es que esta entidad que pertenece al Gobierno de Pedro Sánchez ha ordenado que se corte el agua de un inmueble que se encuentra en el municipio madrileño de Casarrubuelos, a pesar de que los contratos en alquiler social de los inquilinos se encuentran plenamente vigentes.

Así, la excusa de la Sareb para ejecutar esta acción, en colaboración con el Canal de Isabel II, es una deuda que no corresponde a los inquilinos actuales, sino al antiguo propietario del edificio.

«Todas las personas a las que les han cortado el agua son familias vulnerables, que cuentan con niños, y hogares en los que también viven personas con alguna minusvalía. Por otro lado, son familias vulnerables porque cobran en su mayoría menos de la mitad del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), además de que también viven en el bloque jubilados, y personas que cobran sólo la pensión mínima no contrubutiva», alertan desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

No obstante, los vecinos aseguran que estas presiones se deben a causas que vienen de lejos. En concreto, el pasado 29 de mayo de 2025, los inquilinos lograron una importante victoria tras años de lucha colectiva: la firma de nuevos contratos de alquiler social después de que Sareb se negara inicialmente a formalizarlos. «Esta conquista fue fruto de la organización vecinal y del apoyo del Sindicato, y supuso frenar el riesgo inmediato de desahucio», explican los vecinos.

Sin embargo, lejos de respetar esta situación, Sareb, en coordinación con el Canal de Isabel II, ha iniciado un nuevo proceso de presión, según los vecinos. Como denuncia también el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, «el Canal ha procedido a la instalación de cepos en el suministro de agua, alegando una deuda que no corresponde a los inquilinos, sino al antiguo propietario del edificio».

«Este nuevo episodio evidencia una estrategia de acoso inmobiliario destinada a desgastar y expulsar a los vecinos, utilizando los suministros básicos como herramienta de presión. Se trata de una práctica especialmente grave al tratarse de viviendas de titularidad pública», defienden desde el sindicato.

Asimismo, desde Casarrubuelos, los vecinos también subrayan que la experiencia demuestra que la organización vecinal y la movilización colectiva pueden frenar los procesos especulativos y defender el derecho a una vivienda digna y a los suministros básicos. «La situación actual pone de relieve la necesidad de cambiar la gestión de las viviendas en manos de Sareb y de poner fin a las políticas de privatización de lo público», denuncian los vecinos.

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