El tribunal y los medios alcanzan un pacto «por la Sonrisa de Gabriel» para evitar más dolor a la familia

El crimen de Gabriel Cruz, que murió asesinado el 27 de febrero en Rodalquilar (Almería), conmocionó A España entera. Un año y medio más tarde, Ana Julia Quezada, la única acusada por la muerte del pequeño, se enfrenta a un juicio que puede convertirla en la primera española condenada a la prisión permanente revisable. La implicación de un menor en el caso ha provocado que toda la investigación se haya llevado con la máxima discreción.

Ante la publicación de muchas de las pruebas que no han visto la luz hasta ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y los medios de comunicación hemos acordado un protocolo titulado ‘Pacto ético por la Sonrisa de Gabriel’, un documento poco habitual en procedimientos judiciales, que en esta ocasión quiere evitar el dolor a la famIlia con detalles escabrosos de la muerte del niño.

A diferencia de otros juicios, en esta ocasión, la señal de lo que ocurre en el interior de la sala sólo se puede ver dentro de las instalaciones del Palacio Superior de Justicia de Almería. No se pueden grabar imágenes, ya que de hacerlo, el medio en cuestión sería expulsado y no podría volver a seguir el juicio y la declaración de la acusada y los testigos.

La televisión autonómica Canal Sur es la responsable de distribuir la señal a los medios en diferido, que sólo podrán usarla de forma parcial, no pudiendo reproducir el acto en su totalidad. Además la jueza, Alejandra Dodero, ha ordenado que la declaración de los padres y la abuela de la víctima sea a puerta cerrada, con el fin de proteger la intimidad de la familia, que está recibiendo tratamiento psicológico desde la desaparición del niño.

En abril del año pasado, semanas después de los hechos, el Consejo del Audiovisual de Andalucía emitió un informe con el análisis del trato de las diferentes televisiones sobre el caso. La cantidad de horas que se dedicaron a la desaparición y posteriormente la detención de Ana Julia provocó muchas críticas tanto de profesionales del sector como entre la propia ciudadanía. El consejo andaluz del audiovisual determinó, entonces, que varios medios actuaron de forma morbosa y ofreciendo detalles del caso y de datos personales que no eran necesarios.