El plan antitabaco de Mónica García es humo: no da ni un euro a las comunidades para aplicarlo

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha aprobado su plan antitabaco pese a la falta de apoyo de la mayoría de comunidades autónomas, que se han quejado principalmente de la falta de información, como la referente a los recursos económicos con los que cuentan los diferentes territorios para aplicarlo. Es tal la ausencia de datos en lo que respecta a ese presupuesto que, directamente, la memoria económica no existe.

Así lo ha anticipado Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, justo antes de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. A la salida del encuentro, que ha durado cerca de cinco horas, la titular de Sanidad del Gobierno de Ayuso lo ha podido confirmar.

La falta de memoria económica es un serio problema para aplicar las medidas recogidas en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027, dado que sin ella las comunidades que vayan a implantar estas medidas desconocen con qué recursos económicos las dotará el Ministerio de Sanidad para llevarlos a buen puerto.

Un claro ejemplo de ello son las ayudas que el Ministerio de Sanidad pretende dar para que los fumadores puedan dejar el tabaco con tratamientos. Así, para abandonar el hábito, el plan pretende dar cobertura a quienes decidan hacerlo con prestaciones farmacéuticas, mediante la incorporación a la cartera básica del Sistema Nacional de Salud los fármacos para el tratamiento de la adicción que estén avalados científicamente para ello.

Se desconoce, por tanto, cuáles son los recursos económicos con los que se cuentan para implantar medidas como el tratamiento farmacológico, por lo que es imposible saber, a su vez, cómo organizarse, indican desde las consejerías.

Un ejemplo más de cómo afecta la falta de información a la efectividad del plan aprobado, también en referencia a los fármacos, es la evidencia científica sobre los parches para dejar de fumar, que son «negativos y poco saludables», en palabras de Matute, pero aun así se utilizan. Esta es una medida que «hay que discutir, algo que hay que hablar con los técnicos y los consejeros para ver si se implanta, cómo se hace y qué impacto económico va a tener». Con impacto económico se refiere, precisamente, a cuánto dinero necesitarán para ello.

Rigor institucional

Las comunidades que han señalado estos inconvenientes se queja de que antes de consultarlo con los técnicos se publiquen las cosas «en un tuit». «Tienen que incluir un diálogo social, del que tanto hablan», ha dicho por su parte Matute, que coincide con el resto de esas comunidades en que está de acuerdo en las grandes líneas, pero «no es cuestión de las cosas que se vayan a poner en marcha, sino de la forma», y exige «rigor institucional y seriedad» para que todas estas medidas «no sean humo».

El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) 2024-2027 ha salido adelante únicamente con el apoyo de País Vasco, Asturias, Cataluña, Navarra, Cantabria, Región de Murcia y Canarias, mientras que el resto de comunidades no ha emitido su voto por esa falta de información. Han querido dejar claro que no se trata de un tema ideológico, sino de que no se especifiquen datos importantes y necesarios.

Esto viene a contradecir las palabras de la ministra de Sanidad, que ha escrito un tuit en el que agradece «la voluntad de acuerdo de la sociedad civil y las comunidades autónomas». Mónica García ha añadido que «a pesar del ruido, la política sirve para esto» y que se ha «puesto la salud por encima de otros intereses espúreos» para poner en marcha el Plan Integral del Tabaquismo, que no tiene rango de ley.

Entre las medidas que se quieren implantar con el plan destacan la ampliación de los espacios sin humo, especialmente los que sean de uso colectivo o en los que haya presencia de personas vulnerables, entre ellos paradas de autobús o playas; aumentar los perímetros de esos espacios en los que ya no se puede fumar, como hospitales o colegios; acabar con los aromas mediante la prohibición de los aditivos que los originan, tanto en el tabaco convencional como en el resto de productos con nicotina o equiparar el tabaco convencional al resto, como los vapers o cachimbas, para que tengan las mismas restricciones ya que se han convertido en los responsables de que muchos jóvenes comiencen a fumar.