Muere Ruiz-Mateos, el Supermán de Rumasa

José María Ruiz-Mateos, uno de los empresarios más polémicos y mediáticos en la historia reciente de España, ha fallecido en Cádiz a los 84 años. El fundador de Rumasa no fue capaz de superar la neumonía que sufrió tras ser operado de una fractura de cadera, intervención por la que había sido ingresado a mediados de agosto en un hospital gaditano.

Su salud estaba muy deteriorada tras años de pugnas judiciales, especialmente en los últimos meses tras su último paso por la cárcel madrileña de Soto del Real, de la que salió a finales del pasado junio sufriendo síntomas de Parkinson. El juez concedió a su abogado la suspensión de la pena ante la «enfermedad muy grave con padecimientos incurables” que reveló el informe médico.

En la retina de todos los españoles están las imágenes de Ruiz-Mateos vestido de Supermán clamando contra la expropiación de Rumasa y la famosa agresión al primer ministro de Economía y Hacienda de la era felipista, Miguel Boyer, en los pasillos del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, donde el ya exministro declaró sobre una querella por injurias.

Toda la vida de Ruiz-Mateos giró en torno a Rumasa, el holding empresarial de la abeja que le fue arrebatado por el primer gobierno de Felipe González acusándole de fraude fiscal. A partir de la expropiación del grupo, integrado por unas 230 empresas y 65.000 empleados, se inició una larga lucha judicial y personal entre Ruiz-Mateos y el Gobierno. El empresario presentó una demanda contra el Ejecutivo solicitando una indemnización, pero no prosperó y acabó siendo condenado por evasión de divisas, fraude y apropiación indebida.

Casado con Teresa Rivero, tenía trece hijos, seis varones (Pablo, Alvaro, Alfonso, Javier, Zoilo y José María) y siete mujeres (Begoña, Patricia, Socorro, Rocio, Nuria, Paloma y Almudena). Después de su paso por la cárcel, Ruiz-Mateos volvió a la vida pública, se convirtió en propietario del Rayo Vallecano a principios de los años noventa y constituyó un partido político (Agrupación Ruiz-Mateos), con el que fue elegido diputado al Parlamento Europeo.

El empresario creó otro holding, Nueva Rumasa, con casi 16.000 trabajadores pero en 2011 diez empresas del grupo (Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Quesería Menorquina y Rayo Vallecano) presentaron suspensión de pagos y se acogieron al procedimiento especial concursal.  Según la Audiencia Nacional, los pagarés emitidos por Nueva Rumasa para la actividad empresarial acabaron en sociedades patrimoniales de la familia Ruiz-Mateos.

Además, el empresario fue denunciado por estafar más de siete millones de euros en la compra de dos hoteles en Mallorca y el 25 de enero de 2012, al empresario jerezano le retiraron el pasaporte, sin poder salir de España, con la obligación de personarse en el juzgado cada dos semanas. Aún hoy pesan sobre Ruiz-Mateos varias acusaciones de estafa, insolvencia punible y fraude a la Hacienda pública, en las que también estaban implicados varios de sus hijos.

De hecho, el pasado 28 de abril, el juez de Penal número 1 de Valladolid le citó a declarar por un fraude fiscal de ocho millones presuntamente cometido por el empresario y uno de sus hijos, José María Ruiz Mateos Rivera, un juicio al que no acudió al encontrarse ingresado por problemas de salud.

Pagarés de Nueva Rumasa

El último gran escándalo ha sido el de los pagarés de Nueva Rumasa, emitidos de forma fraudulenta por la “sociedad José María Ruíz Mateos”. El juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid condenó al empresario y a su hijo Francisco Javier a abonar más de 92 millones de euros a los acreedores de la sociedad. Dicho juzgado declaró culpable el concurso de la sociedad y responsables al padre y al hijo, a los que condenaba a que abonaran el déficit patrimonial de la empresa.

Esta deuda se sumó a otra de más de 123 millones de euros que el patriarca de los Ruiz Mateos tenía que abonar a los acreedores del grupo Trapa, perteneciente al entramado de Nueva Rumasa.

Finalmente, a principios de este año, dos de los hijos varones de Ruiz-Mateos (Javier y Alvaro) ingresaron en la prisión madrileña de Navalcarnero tras ser condenados a dos años y nueve meses de prisión y al pago de una multa de 1,8 millones de euros por el impago del IVA correspondiente a la venta de un hotel en Peñíscola (Castellón) y por transferir parte del importe de la operación a una cuenta suiza de una sociedad perteneciente a la familia y radicada en el paraíso fiscal de Belice.