Un médico de un centro público de Las Palmas admite que abusó sexualmente de 26 pacientes

Un médico del Servicio Canario de Salud (SCS) ha reconocido ante la Audiencia de Las Palmas que abusó sexualmente de 26 mujeres en su consulta, entre los años 2010 y 2019, ha lamentado «profundamente» los hechos y ha consignado los 121.500 euros que le reclaman sus víctimas.

En el juicio celebrado este martes por la Sección Sexta de la Audiencia, y que ha quedado visto para sentencia, el fiscal ha tenido en cuenta la aportación para indemnizar a las víctimas, por lo que ha apreciado la atenuante de reparación del daño y ha rebajado la pena que inicialmente pedía de 62 años de prisión por los 26 delitos que le acusa de abuso sexual, a un total de 36 años y 10 días.

El acusado, Carlos L.R., que pasaba consulta en un centro público de Las Palmas de Gran Canaria, ha admitido que frotaba sus órganos sexuales y sometía a diversos tocamientos a estas pacientes mientras simulaba que les hacía un masaje y tras pedirles que se quitaran parte de su ropa interior, llegando a preguntar a una de ellas al oído si le gustaba lo que le hacía, tal y como relataba el fiscal a partir del testimonio de las denunciantes.

También ha reconocido que abusó de una mujer al acudir en una ocasión a su domicilio para asistir a su madre. El procesado ya fue condenado en 2020, en sentencia firme, a 18 meses de prisión en otra causa por un delito contra la libertad sexual, relativo a hechos cometidos cuatro años antes.

En el caso que se juzgaba este martes, el Ministerio Fiscal solicitaba penas de tres años de cárcel por el delito continuado de abuso sexual para 10 de las víctimas, que ha dejado en dos años y un día, y de dos años para las otras 16, que ha rebajado a un año de prisión, así como una indemnización de 75.000 euros que ya ha sido satisfecha.

Las cuatro acusaciones que figuraban en la causa han aceptado la atenuante por el pago de la indemnización que reclamaban y dos de estas han rebajado las penas que solicitaban de tres años de prisión a dos años y un día de cárcel, como el fiscal, y las otras a dos años.

La abogada de la defensa, María Rosa Díaz Bertrana, ha pedido al tribunal que imponga a su cliente una condena total de 18 años de cárcel, al reclamar penas de entre un año y seis meses de pena, por entender que concurren tres circunstancias atenuantes, pues además de la reparación del daño, su cliente presentaba una alteración psíquica cuando ocurrieron los hechos y ha evitado que sus víctimas tengan que volver a declarar.

La letrada ha explicado que la alteración psíquica que sufre el acusado ha sido avalada por cuatro profesionales y ninguna de las partes la ha discutido, al tiempo que ha incidido en que a lo largo de su dilatada carrera profesional «nunca tuvo incidencias» hasta que se le presentó este problema.

He hecho hincapié, en cuanto a la pena que reclaman las acusaciones, en que cuando sucedieron los hechos el Código Penal permitía que el daño causado se repusiera con una multa.