Junts rechaza la ley contra la sanidad privada de Mónica García y le afea su «obsesión» contra Ayuso

El anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, impulsado por la ministra de Sanidad, Mónica García, se encamina hacia un difícil recorrido parlamentario tras el duro enfrentamiento registrado en el Congreso de los Diputados con Junts. La formación catalana ha anunciado que votará en contra de la norma, que considera una injerencia en su modelo sanitario y una amenaza para el equilibrio público-privado existente en varias comunidades autónomas.

La advertencia, verbalizada por la diputada Pilar Calvo, deja al Gobierno ante una posible nueva derrota parlamentaria en una ley que ya fue aprobada en el Consejo de Ministros, pero que necesitará apoyos suficientes para superar su tramitación en la Cámara Baja.

El intercambio entre García y Calvo evidenció el choque de modelos sanitarios. La ministra defendió la necesidad de reforzar la gestión pública directa en el Sistema Nacional de Salud para evitar «fugas de recursos» hacia concesiones privadas. Sin embargo, Junts replicó que la colaboración público-privada es «estructural» en el sistema catalán y advirtió de que la norma invade competencias autonómicas.

Durante la sesión, la diputada catalana acusó a la titular de Sanidad, Mónica García, de centrarse en el modelo madrileño y descuidar conflictos urgentes como las huelgas sanitarias y que debería atender con «mayor atención». El reproche resume la tesis de Junts: «El proyecto legislativo no sólo sería ideológico, sino también ineficaz para resolver los problemas reales del sistema». Pero ha ido más lejos al señalar que Mónica García «vuelve a evidenciar su obsesión por controlar desde el Ministerio competencias que corresponden a la Asamblea de Madrid, como la gestión sanitaria del Gobierno de Ayuso, y Cataluña no tiene por qué pagar ese coste», admitió con dureza la diputada de Junts.

El choque, en términos parlamentarios, es relevante porque Junts se ha convertido en un actor decisivo en votaciones clave, y su rechazo complica la aritmética del bloque de investidura.

Sanidad privada

La llamada «ley antiprivatización» busca limitar las concesiones sanitarias privadas y priorizar la gestión directa de servicios públicos. Desde el Gobierno de España se defiende que la norma garantiza transparencia, integridad y control público del gasto sanitario.

Sin embargo, el texto ha generado recelos en comunidades con modelos mixtos consolidados. La Comunidad de Madrid, donde la colaboración con operadores privados tiene un peso significativo, ya ha advertido que recurrirá la ley ante los tribunales si se aprueba. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, sostiene que la norma responde a una estrategia política contra el modelo madrileño porque García se postula a las elecciones de la comunidad.

A esa oposición se suma ahora Junts, que defiende un sistema catalán basado en una red hospitalaria mixta y considera que el proyecto estatal compromete su viabilidad organizativa.

Navarra y Cataluña, en el centro del impacto

El debate no se limita a Madrid. De prosperar la ley, las comunidades más afectadas serían Navarra y Cataluña, donde la cooperación con entidades privadas está integrada desde hace décadas en la prestación de servicios sanitarios públicos. En estos territorios, la red concertada forma parte esencial de la planificación asistencial, por lo que cualquier restricción normativa implicaría reformas estructurales profundas.

Este factor explica el rechazo frontal de Junts, que interpreta el texto como un «155 sanitario», es decir, una intervención encubierta en las competencias autonómicas en materia de salud.

Paje firma con la sanidad privada

Por si fuera poco, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha (PSOE), presidido por el socialista Emiliano García-Page, mantiene un acuerdo de colaboración con la sanidad privada vigente hasta 2029, en contraste con la intención del Gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, de restringir este tipo de conciertos. La existencia de este convenio se desprende de la documentación remitida por la Junta tras una solicitud de información presentada por el Partido Popular en las Cortes regionales.

La petición fue registrada por el portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Juan Antonio Moreno Moya, quien reclamó copia de los contratos suscritos por la Consejería de Sanidad y el SESCAM con la Clínica Quirón de Talavera de la Reina para la realización de mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama durante el último trimestre de 2025.