En el espacio de Levántate OK, Javier Cárdenas profundiza este lunes en lo que está haciendo Rusia. La cámara baja del Parlamento de Rusia aprobó el miércoles un proyecto de ley que permitirá confiscar dinero, objetos de valor y otros bienes a los condenados por difundir «información intencionadamente falsa» sobre el ejército del país. La Duma sacó adelante rápidamente la ley y se espera que en la cámara alta ocurra lo mismo, antes de ser promulgada por el presidente, Vladimir Putin. Vyacheslav Volodin, dijo que la medida endurecerá el castigo a los «traidores que arrojan lodo contra nuestro país y nuestras tropas» y «despojaría a esos canallas de títulos honoríficos, confiscaría sus bienes, su dinero y otros objetos de valor».
La nueva ley se aplicará a quienes sean condenados por incitar públicamente a «actividades extremistas», por pedir medidas que atenten contra la seguridad del estado o por «desacreditar» a las fuerzas armadas. Desacreditar a las fuerzas armadas es ya un delito penal, basándonos en una ley adoptada dentro de la amplia represión gubernamental a la disidencia tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. «Todo aquel que trate de destruir a Rusia, que la traicione, debe sufrir el castigo merecido y pagar una compensación por el daño infligido al país, a costa de sus bienes», aseveró Volodin.
La norma no parece contemplar los activos inmobiliarios entre los bienes que pueden ser incautados, al contrario que la draconiana legislación soviética que autorizaba que se confiscasen viviendas. Las autoridades rusas han empleado la ley contra el «descrédito» al ejército ruso, que incluye delitos como la «justificación del terrorismo» y la propagación de «noticias falsas» acerca de las fuerzas armadas, para silenciar a los críticos de Putin. Muchos activistas, blogueros y ciudadanos de a pie han sido sentenciados a largas penas de cárcel.
