Yo ni olvido ni perdono
Al final se van a ir de rositas los 35 altos cargos de la Generalitat que fueron procesados en su día por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
Entre otros, mi amigo el ex director de TV3, Vicent Sanchis. La ex presidenta de la Corpo, Núria Llorach. O el también ex director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, que acaba de ser condenado a un año de cárcel por agresión sexual.
Además, la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, que supervisa las cuentas. Supongo, por cierto, que está al corriente del desbarajuste con la DGAIA. Se lo conté en un artículo el pasado 29 de mayo. O el ex delegado del Gobierno en Bruselas, Amadeu Altafaj, que se las prometía muy felices.
El auto solo excluye a dos miembros del Diplocat, Albert Royo y Rosa Clavell, por presunta prevaricación. La sección 21 ha considerado que adjudicar a dedo un contrato de limpieza y otro de gestión no tiene nada que ver con el procés. Su causa, pues, al menos en este asunto, continúa abierta. Los miembros de la citada sección, por cierto, son: Carles Almeida, Luis Belesta, Isabel Delgado, Roser Garriga, Raquel Piquero y Joan Ràfols.
Lo que yo no entiendo es que la decisión de la Audiencia de Barcelona se adelanta al Tribunal Constitucional. Y contradice incluso al Supremo, que excluyó de la amnistía el delito de malversación de caudales públicos. Pero eso mejor que se lo aclare un jurista. Yo, ahí, no llego.
En todo caso, han justificado la medida porque «aun concurriendo la voluntad malversadora, actuaron en cumplimiento del mandato diseñado por los miembros del Govern». O sea, obediencia debida. Mejor no recordar en qué otros períodos funestos de la historia se utilizaba un argumento similar.
Últimamente, la justicia emplea argumentos más sentimentales que jurídicos.
Como cuando la ponencia del TC avala la amnistía porque no la prohíbe expresamente la Constitución. Tampoco el tráfico de drogas o la pederastia, que yo sepa, salen en la Carta Magna. Y se hacía en aras de «la convivencia, la generosidad y la sensibilidad». Pilar Alegría, como portavoz del Gobierno, no podría haber utilizado mejor argumento.
Pero, déjenme decirles que yo no perdono. Tras la aplicación del 155 nos estuvieron machacando con la frase «ni oblit ni perdó». «Ni olvido ni perdón». Como si ellos no hubieran hecho nada malo. «Votar no es delito», proclamaban. Todo era culpa de los jueces de la fachosfera. Exactamente el mismo argumento que ahora emplea el PSOE para defenderse de las sospechas sobre Santos Cerdán.
A pesar de que, en realidad, cometieron media docena de delitos: declararon la independencia, proclamaron la república, abolieron la monarquía, derogaron la Constitución y el Estatut -el penúltimo en hacerlo fue Franco en 1938-; y finalmente se pasaron por el forro las notificaciones del TC.
A pesar de que no estaban tipificados en el Código Penal. Si hubieran llegado a estarlo, les habrían caído cien años a cada uno, no cien a la docena de procesados que se sentaron en el banquillo.
Nadie podía imaginarse que dirigentes políticos en activo, con estudios, secretaria, escolta, coche oficial y sueldos superiores a los 100.000 euros pudieran liar la que liaron.
Aunque lo peor de todo fue la superioridad moral que exhibían. Te miraban por encima del hombro. Yo lo noté en mis propias carnes. Ya tuve que aguantar en su día que el Gobierno de ERC me expulsara de las ruedas de prensa de Palau por hacer preguntas incómodas. Les gané en los tribunales.
Y ahora, el presidente del Parlament, Josep Rull, y su jefe de prensa, me tienen vetado, por el mismo motivo, en la cámara autonómica. Espero ganarles. Yo, como Sánchez antes de que imputaran a su mujer, todavía creo en la justicia. Pero no, no perdono. Han dejado Cataluña hecha una piltrafa.
