La traición del PSOE a la patria por siete votos de plata

El Pleno del Congreso de los Diputados de esta semana comienza con el debate de la proposición de Ley de Amnistía. A diferencia de los proyectos de ley que son remitidos por el Gobierno una vez aprobados por el Consejo de Ministros y con un control de legalidad muy estricto, las proposiciones de ley son iniciativa de los grupos parlamentarios. Ello las exime de esos controles y aligera su tramitación. Esta es una prueba más del interés del sanchismo por evitar que un sólido análisis jurídico dictamine lo que subyace en torno a su inconstitucionalidad. Por ese motivo, los letrados de la Comisión de Justicia han puesto de manifiesto las serias reservas a su tramitación, subsanadas por Francina Armengol y su letrado mayor, creando un problema sin precedentes entre letrados de las Cortes destinados en el Congreso, que han pedido su traslado al Senado.

Esta semana, salvo sorpresas no previsibles, el texto pasará al Senado donde la tramitación será más lenta, pese a que el fiscal general del Estado se ha negado a emitir el informe solicitado por la Cámara Alta, con el pretexto de que no está previsto como preceptivo en el procedimiento. Todo ello no hace sino poner de manifiesto lo que es un secreto a voces, y que era expresado unánimemente por Sánchez, su partido y su Gobierno hasta el 23-J: que la amnistía no cabe en la Constitución. Todo lo que hasta el día anterior era imposible, pasó no sólo a serlo, sino a estar «absolutamente identificado con los principios y valores constitucionales», como Sánchez se atrevió a declarar ayer. Todo por exigencia de Puigdemont, huido de la Justicia tras el 1-O de 2017, que quiere regresar a España con absoluta impunidad tras haber conseguido que sean literalmente inexistentes el procés, la DUI y las leyes de «desconexión» de Cataluña respecto del orden constitucional y legal español.

Es decir, que nada de aquello sucedió para la Justicia, convirtiendo a los golpistas en víctimas de una represión política y judicial por parte del Estado español. Para que no haya dudas al respecto, los dirigentes de su partido Junts, reiteran un día sí y otro también que a ellos «la gobernabilidad de España no les interesa», y que quieren la amnistía para continuar en su voluntad de conseguir la independencia de Cataluña, que es su principal objetivo. La causa de este radical «cambio de opinión» del sanchismo ya es conocida: los siete votos de Puigdemont, sin los cuales su líder supremo no puede seguir en La Moncloa, repitiéndose las elecciones.

La infamia política producida es de tal nivel, que hace necesario plantearse seriamente la adopción de medidas que impidan consumar tal ignominia. Sin embargo, la colonización política de todas las instancias y poderes que actúan de contrapesos en nuestro sistema político, deja poco margen a la imaginación, y tiene su más relevante expresión en el órgano encargado de velar precisamente por la sujeción a la Carta Magna por parte de la citada ley. Por eso, ya colocó al frente del Tribunal Constitucional a quien tiene acreditado estar dispuesto a «voltear las togas de los magistrados con el polvo del camino». Por supuesto, en la dirección ordenada por el líder supremo. Este domingo pretendió contraprogramar la multitudinaria concentración convocada en la plaza de España de Madrid por el PP, oponiéndose a esa infame amnistía.

Lo hemos escrito y lo repetimos: con este precedente, cualquier Gobierno en España puede amnistiar a quien quiera, cuando quiera y por las razones que quiera, lo que da idea cabal de la gravedad de lo que el PSOE va a consumar. De hecho, es un auténtico golpe contra la Constitución, que quedará gravemente dañada. Pero el líder de los socialistas lo hace para impedir que la «fachosfera» -como dijo ayer- se salga con la suya. Ciertamente, la traición a la patria por parte del PSOE al precio de los «siete votos de plata» de Puigdemont, va a estar en la Historia más negra de España protagonizada por los socialistas, Sánchez y sus palmeros.