Armengol dilató 6 días el informe de los letrados contra la amnistía para beneficiar al PSOE y sus socios

El informe de los letrados de la Comisión de Justicia que considera «inconstitucional» la ley amnistía impulsada por el PSOE y que subraya que esta cuestión requeriría una reforma constitucional fue remitido a los diputados con seis días de retraso a la fecha de su elaboración, una dilatación que desde el PP atribuyen a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, para beneficiar así al PSOE y sus socios independentistas.

En concreto, el informe de los letrados de la Comisión de Justicia, según fuentes del PP, fue firmado el 10 de enero y sin embargó no se distribuyó a los grupos parlamentarios hasta las 19.00 horas de este martes (16 de enero), es decir, una hora después de que concluyera el plazo para el registro de enmiendas parciales a la proposición de ley de amnistía del PSOE, que fue a las 18.00 horas. La Comisión de Justicia está presidida por el diputado socialista Francisco Lucas.

Las fuentes del PP remarcan que estos informes «están pensados para ilustrar a los miembros de la Comisión en la redacción de enmiendas» y el documento jurídico en cuestión que se ha conocido este miércoles en prensa «está lleno de observaciones de carácter técnico sobre el texto de la amnistía a fin de que éste se pudiera corregir vía enmiendas».

«Es un absurdo procedimental que los diputados conozcan el informe cuando ya terminado el plazo de enmiendas», recalcan desde el PP, subrayando que el procedimiento habitual consiste en que «los grupos puedan presentar enmiendas amparadas en el informe de los letrados de la Comisión de Justicia».

«Factoría Armengol»

Ante esta maniobra de la «factoría Armengol», el PP quiere saber si el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, con pasado en el PSOE y en el Gobierno de Sánchez, «va a reconsiderar su informe favorable a la ley de amnistía», esto es, que el presentó en la Mesa hace unas semanas, en contra de lo que dijeron los servicios jurídicos de la Cámara en 2012.

Por tanto, en el Grupo Popular consideran que Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados debe «aclarar cuál es la posición jurídica de la Cámara, si se inclina por el informe del letrado mayor o por el de los letrados de la Comisión de Justicia». «Hay un dilema jurídico», recalcan.

«Si todos los demás letrados piensan como los de la Comisión Justicia, el letrado mayor debería plantearse su continuidad en el cargo», señalan desde el PP de Alberto Núñez Feijóo.

Este miércoles, en un acto en el Congreso, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, ha calificado de «demoledor» el segundo informe de los letrados de la Cámara baja conocido este miércoles. «Certifica que el Gobierno ha hecho una ley a la carta para beneficiar a personas con nombres y apellidos, para beneficiar a sus socios», ha manifestado durante la jornada ‘Frente a la Amnistía: igualdad, libertad y dignidad’, organizada por el Grupo Parlamentario del PP en la Cámara baja.

A juicio de Tellado, este nuevo informe de los servicios jurídicos es «demoledor» puesto que deja claro que la ley de amnistía pactada por el PSOE con las formaciones independentistas «no tiene cabida» en la Constitución y es un «disparate». «La política no puede pasar por encima del Derecho, tal y como pretende Pedro Sánchez», ha lamentado.

«Palmaria y evidente»

El informe de los letrados de la Comisión de Justicia indica que la proposición del ley del PSOE no puede ampararse en la ley de amnistía que se aprobó en 1977, por lo que abogan por una reforma de Carta Magna. «La afirmación de que la amnistía previa a la Constitución formara parte del pacto constitucional originario genera dudas de que pueda constituir la premisa a partir de la cual se pueda deducir que la amnistía como figura jurídica esté permitida por la Constitución, abierta al ámbito de decisión del legislador», indica el texto.

Además, los letrados consideran que la inconstitucionalidad de la norma es «palmaria y evidente». «La naturaleza principalmente política de este debate no excluye la perspectiva técnico-jurídica, incluido el examen de su eventual inconstitucionalidad, aun excluyendo que esta sea palmaria y evidente, siempre bajo la consideración fundamental de que ha de ser en su caso el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre la ley aprobada por las Cortes Generales», señalan los servicios jurídicos de la Comisión de Justicia.