Socialismo fiscal obligatorio

En su momento me dijeron de buena fuente que cuando, en 2017, coincidiendo con el golpe de Estado civil en Cataluña, el ministro de Economía Luis de Guindos habilitó una norma para que las empresas angustiadas salieran de estampida de allí cambiando su residencia en busca de seguridad jurídica, Isidro Fainé, el capo de ‘La Caixa’, llamó por teléfono para decirle: “Muchas gracias ministro. Esta es la segunda vez que nos salvas”. La primera fue con motivo del rescate del sector financiero, que evitó la intervención completa del país. La segunda a cuenta de esa situación extrema en que las calles de Barcelona estaban incendiadas y los intrigantes en favor del ‘proces’ se subían encima de un furgón de la Guardia Civil megáfono en mano con la complicidad de los mossos de Escuadra mientras los representantes del poder legítimo tenían que huir de la consejería de Economía del delincuente Junqueras por la azotea.

Cataluña ha sido siempre, legendariamente, una autonomía fallida, hasta el punto de perturbar la estabilidad mental del presidente de la República Manuel Azaña, y de la que dijo un intelectual de la talla de José Ortega y Gasset que con ella sólo cabía la ‘conllevanza’, dando a entender que tenía poco arreglo. A pesar de haber disfrutado de todas las canonjías imaginables del poder central franquista, siempre benefactor del sector textil entre otros, que progresaron sobre la base del proteccionismo, su desempeño en competencia, libre ya de aranceles y de la galantería estatal, ha sido un fracaso permanente, que se ha dimensionado aun más en los tiempos que corren.

Actualmente, el PIB per cápita de la Comunidad de Madrid supera en cuatro mil euros al de Cataluña, la deuda pública de ésta es casi tres veces superior -el doble si la medimos por habitante-, y aunque los ingresos fiscales son superiores, hasta un total de 32.800 millones de euros, gasta casi 7.000 millones más que Madrid. La consecuencia de estos datos es que, desde 2009, la Comunidad de Madrid aporta a la caja común del Estado 23.000 millones más con menos impuestos, y que su contribución al fondo de solidaridad estatal es del 70 por ciento frente al 24 por ciento de Cataluña, que es un estercolero fiscal que castiga a sus ciudadanos, al parecer encantados de ser sodomizados, y que contribuye muy modestamente al bien común de la nación, a pesar del grito recurrente y grotesco de “Madrid nos roba”.

La historia del mundo, sin embargo, ha sido siempre muy lineal. Como los torpes, los vagos y los maledicentes son desgraciadamente mayoría; como la envidia, el resentimiento y el rencor, todos ellos sentimientos auspiciados por el socialismo en cuanto ha tenido la oportunidad de gobernar, se han apoderado de gran parte de la sociedad civil por mor del ejercicio incisivo de la propaganda y de la colaboración interesada, pagada y nefasta de las televisiones, se ha persuadido a la masa de que hay castigar al que prospera gracias al trabajo, el esfuerzo cotidiano y el cultivo recurrente de sus aptitudes personales, que son circunstancias cuya promoción está al alcance de cualquier Gobierno decente y bien orientado, que trabaje para que los individuos den lo mejor de sí mismos, desarrollando la capacidad innata de generación de riqueza que tienen todas las personas, pero que muchos políticos desprecian simplemente porque son unos depravados.

Aquellas son las virtudes que ha cultivado el PP en la Comunidad de Madrid muy claramente desde los tiempos de Esperanza Aguirre. Lo que ha permitido que este poblachón manchego, ya metrópoli, rodeado de conurbaciones gigantes, haya superado a Cataluña en poco tiempo sin Olimpiadas, sin alharacas, sin los favores políticos que el poder central ha otorgado al nacionalismo catalán a cambio de su apoyo al Gobierno de la nación -con González y con Aznar-, que han cobrado desde luego muy caro pero que no han servido más que para hundir a Cataluña en la mediocridad económica y en la descomposición civil en la que está instalada sin solución posible a la vista, como suele ocurrir cuando haces depender tu futuro de la subvención o de una norma injusta ‘ad hoc’, o cuando el proyecto político oficial está basado en una ensoñación rayana en una singularidad delirante.

En el caso de la relación entre el presidente Sánchez y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que hay es algo mucho más deplorable. Es el odio que le profesa el primero, y que nace de comprobar que el modelo liberal de bajos impuestos, de facilidad para las empresas, de cariño hacia los emprendedores y de promoción de una convivencia amigable, de buen rollo, digámoslo así, es como el espejo cóncavo valleinclanesco que refleja todas sus miserias: un país hundido por la pandemia que lidera la mortalidad del planeta, quebrado por la crisis económica en ascenso -con su retahíla de destrucción de negocios y de desempleo feroz-, y completamente falto de esperanza.

Esa animadversión es la que le llevó a visitar la semana pasada por primera vez un hospital, el de la Paz, desde que empezó el apocalipsis, justo el día que Ayuso estaba en Barcelona, la que explica que el ministro de Sanidad Illa no haya asistido a la inauguración del hospital Isabel Zendal construido en tiempo récord por Ayuso -no soportan que se hagan las cosas rápido y bien- y  la que, malversando por completo cualquier clase de actitud honrada, le conduce a pactar con Esquerra Republicana de Cataluña una armonización fiscal de dudosa legalidad e implantación a pesar de que impedirá que el Partido Socialista gobierne Madrid por los siglos de los siglos.

El Impuesto de Patrimonio fue instaurado en los tiempos de la UCD por el vicepresidente Fuentes Quintana con un fin meramente censal, en un momento en que la informatización de la burocracia estatal no concurría. Luego lo mantuvo ya Fernández Ordóñez como ministro de Hacienda -a pesar de su escasa potencia recaudatoria-, y todos los que le han sucedido después, como los del PP, hasta que Zapatero, en un momento de transfiguración ideológica e inducido por Miguel Sebastián y el malogrado David Taguas lo eliminó sólo temporalmente, argumentando que era esencialmente injusto. Lo es, desde luego, porque los bienes acumulados ya han sido sometidos a una tributación anterior, para más inri progresiva, por lo que este impuesto, que no existe en ningún país de Europa -salvo en aquellos, pocos, en los que reemplaza el gravamen sobre el capital- es genuinamente confiscatorio.

Con el Impuesto de Sucesiones, algunos estúpidos intelectuales españoles de izquierdas, influidos maléficamente por otros contemporáneos americanos que tanto daño infligen a la causa capitalista como el inversor Warren Buffett, defienden que es una pieza clave en la igualdad de oportunidades. Pero, digo yo: ¡qué cojones tiene que ver una cosa con la otra! La gente corriente, desde el adinerado hasta aquel en situación más precaria, trabaja para sostener la familia, alberga la voluntad indeclinable de progresar -si logra evitar que los subsidios estatales no lo hundan en la molicie- y tiene la granítica determinación de dejar parte del patrimonio acumulado a sus hijos. ¡¡¡Sus hijos!!

A cualquiera con sentido común las evacuaciones espurias de estos intelectuales venenosos forrados de dinero sobre la igualdad de oportunidades le interesan y le afectan poco. La gente con dos dedos de frente ha ganado su dinero, lo ha ahorrado, y quiere que, cuando muera, sus hijos lo disfruten sin que el Estado les toque un duro, pues ya ha contribuido de largo por ese capital, y además en régimen progresivo.

Así que esto es el elitismo genuino, queridos amigos. Lo que dicen los tontos contemporáneos de Joaquín Estefanía o de Xavier Vidal-Folch en el diario ‘El País’ a más de 200.000 euros al año por escribir el mismo artículo lleno de sandeces. Los elitistas son los que están completamente apartados del pensamiento de la gente común, que desea legar a sus hijos el fruto del esfuerzo de toda una vida y se opone con beligerancia a que el Estado lo pueda socavar para satisfacer los caprichos y la falta de aptitud de los transeúntes y maleantes.

Como bien ha escrito el economista Juan Iranzo, la competencia fiscal es intrínsecamente positiva. Contribuye a que bajen los impuestos, y así favorece la localización del trabajo y del capital, incentiva la inversión y el consumo e impulsa a la vez el crecimiento económico y la recaudación. Constituye un alegato en favor de la responsabilidad política, obliga a los gobiernos que gastan a dar cuenta al tiempo de los impuestos que establecen, para que luego las urnas dicten su veredicto inapelable.

Esta es la política que ha seguido por fortuna Madrid desde los tiempos de Esperanza Aguirre, la que practicaba su mentora Thatcher en el Reino Unido -que la condujo a ganar las elecciones sistemáticamente hasta que la traicionaron sus propios compañeros- y la misma que habría desplegado Aguirre como alcaldesa de Madrid hace seis años si el odio cerval que profesa Sánchez hacia la derecha no hubiera aportado el concejal que faltaba para la entronización del experimento fallido de Manuel Carmena en la plaza de la Cibeles.

Ejercer la responsabilidad, sin embargo, tiene a veces consecuencias muy desagradables. Sobre todo, si se hace en el sentido equivocado. Desde el golpe de Estado civil en Cataluña, casi siete mil empresas se han fugado de allí en busca de territorios menos hostiles, ejerciendo su derecho legítimo a la libertad de circulación y de establecimiento. Esto es lo que no toleran los catalanes abducidos por el señor Rufián y sus secuaces, y lo que es difícil de digerir para Sánchez e Iglesias. ¡Que se jodan!

En sus años mozos, antes de que el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro mostrara en el Gobierno de Mariano Rajoy su verdadero carácter socialdemócrata, el inefable nativo de Jaén tuvo algún alarde que merece la pena recordar. Decía que la mejor manera de reducir el déficit público era bajar los impuestos. Y así es, en efecto. La expectativa inicial de contar con menos ingresos -aunque luego suele ocurrir lo contrario- ejerce como un cinturón de castidad que sujeta el gasto público, conduce a su eficiencia máxima y achica el desequilibrio presupuestario.

Esta es la norma que ha inspirado a la Comunidad de Madrid con el PP al frente y que ahora el contubernio entre Sánchez, Iglesias y los independentistas de Cataluña quiere liquidar. La buena nueva de este empeño presidido por el odio al adversario, por la ausencia de tolerancia a la excelencia, por la falta de respeto a la autonomía fiscal y por la ausencia completa de recato político es que la izquierda no gobernará Madrid jamás.