Referéndum en marcha

El rey Felipe VI ha sido injuriado por los socios hispanófobos de Sánchez tras su discurso de Nochebuena en el que, de forma tímida y sin encontrar al presidente en funciones sin escrúpulos al otro lado del aparato, pidió el respeto a la Constitución subrayando los tiempo duros que los españoles tienen por delante. No rememoró el macabro escenario que hace tan sólo dos meses se asentó en el centro de Barcelona y que, tanto la Policía como los terroristas financiados por el todavía presidente de la Generalidad de Cataluña, se grabaron a fuego como La Batalla de Urquinaona. El asedio más virulento y sostenido en el tiempo que muchos de los que se enfundaron el antitrauma aquella noche recuerdan en la historia de la guerra moderna. Trescientos heridos, un policía casi muerto, varios ataques terroristas a la Jefatura Superior de Policía, cócteles molotov y armas fabricadas con intencionalidad terrorista, una organización imputada por terrorismo por la Audiencia Nacional inviabilizada por el infantilismo social… todo deshaciéndose como un azucarillo gracias al disolvente esparcido por el actual Gobierno enfrentado, en un ataque del poder político al judicial inédito en cualquier democracia consolidada, contra la Carta Magna, los fiscales y los jueces. Y eso es sólo el principio.

Al parecer, la Nación española sólo tiene de su lado al Rey y a la Fiscalía. Sánchez es un tipo que usa a la abogacía del Estado como un proxeneta a una profesional de la sodomía: la salida de su investidura consiste en ponerla encima de la mesa como ofrenda para persuadir a un delincuente condenado por sedición y malversación de que le conviene investir presidente a quien, de forma explícita, ha dado la orden a un estamento del Estado al que ha degradado al cargo de ujier de Ferraz o de ERC, de que ha de sacar a un reo de la cárcel mientras éste sigue diseñando el nuevo embate al Estado asegurando a través de sus aparatos de propaganda que “nada de lo que hicimos era delito, no sólo era legítimo, sino que era legal, y nos hemos ganado el derecho a volver a intentarlo”. Mientras, Celaá presume en ruedas de prensa de atacar la aplicación de la Ley por los tribunales de Justicia si ello afecta a los actores políticos de la negociación, y el ministro Ábalos ha pasado de inventar paridas sobre la financiación y la conservación de las carreteras españolas a preparar 10.000 millones de euros más para los golpistas y a limpiar con la lengua cualquier mácula que vayan dejando tras de sí los mayores saqueadores, xenófobos y etnicistas del S. XXI sin dar explicaciones a esa porción de la prensa que se ha ganado que le mientan en la puñetera cara.

Que a nadie le quepa la más mínima duda. Lo que el Sanchismo fragua con los lampiños del narcochavismo podemita es la laminación más salvaje de la Constitución. Desbloquear artículos que se creían consagrados, como el salvaguardar la unidad de España, mediante la inestimable ayuda de una gran parte de los medios de comunicación del país con una posición subordinadísima al antiespañolismo imperante en las Cortes. Medios que han convertido España en un mero antojo exótico y pueril del facherío que, por el hecho de serlo, merece otro golpe en la yugular de la Nación. Aunque Torra ya lo haya programado de facto para la próxima primavera, éste, provendrá, seguramente del próximo presidente del Gobierno una vez investido antes que de los propios partidos golpistas mediante un referéndum consultivo que, a pesar de su naturaleza no vinculante, tensionará a la población, normalizará la separación de Cataluña, y legitimará cada acción violenta y delictiva auspiciada desde la Generalidad de Cataluña hasta ahora mediante la aplicación del artículo 92:

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.