La que nos va a liar el Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional es un órgano político elegido por las cúpulas de los partidos, que no forma parte del Poder Judicial. Su única misión es el control constitucional de las normas y la anulación de aquellas que contravienen la Constitución. De sus 12 miembros, ocho son elegidos por las Cámaras, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ, nombramientos que lo son por nueve años, renovándose por terceras partes cada tres años. En la actualidad está compuesto sólo por 11 miembros, siete propuestos por PSOE y Podemos frente a cuatro propuestos por el PP, mientras los socialistas bloquean la renovación de una plaza por el Senado que, en teoría, corresponde a los conservadores. Esta mayoría de magistrados nombrados por la izquierda se mantendrá así, como mínimo, hasta marzo de 2026, cuando se volverán a elegir los miembros designados por el Senado.

Si hacemos un pequeñísimo repaso de algunas de las decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional a lo largo de su historia, comprenderemos fácilmente cómo nos afectan directamente en nuestras vidas. El 23 de febrero de 1983, sólo tres meses después de que Felipe González formara el primer Gobierno del PSOE desde antes de la Guerra Civil, los socialistas decidieron expropiar Rumasa mediante un decreto-ley, medida que nuestra Constitución reserva para casos de «extraordinaria y urgente necesidad» que nunca pueden afectar «a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I», como es el «derecho a la propiedad privada» recogido en el artículo 33 de la Constitución. Y a pesar de eso, un Tribunal Constitucional presidido por Manuel García Pelayo, que había sido Jefe del Estado Mayor del ejército republicano durante la Guerra Civil y posteriormente estuvo recluido en campos de concentración, decidió, por el voto de calidad del presidente que rompía el empate a 6, que la expropiación era constitucional.

En mayo de 2011, otro Tribunal Constitucional de mayoría socialista, presidido por el masón Pascual Sala, dejó sin efectos el fallo del Tribunal Supremo que había anulado todas las candidaturas presentadas por Bildu en las elecciones del 22 de mayo de 2011, al estimar que forman parte de un proyecto «gestionado, dirigido, coordinado y articulado por el complejo ETA-Batasuna». Esta decisión, amparada en la misma normativa con la que previamente se había ilegalizado a Batasuna y a Herri Batasuna y en contra de la ponencia inicial, tuvo que ser de nuevo adoptada por el Pleno del Tribunal Constitucional, tras el empate en la Sala Segunda, donde sí había equilibrio entre «progresistas» y «conservadores».

El artículo 3.1 de la Constitución dice que: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». A pesar de eso, en 1994 el Tribunal Constitucional corrigió al Tribunal Supremo y dictaminó que era constitucional la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña, que condenaba a los niños catalanes a no recibir su educación en castellano. En 2005 el Tribunal Constitucional declaró a la Justicia Española competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad fuera de España, aun cuando no haya víctimas españolas. En 2007 dejó sin sanción penal en España la negación del Holocausto de los judíos. En 2008 reconoció la constitucionalidad de la Ley de Violencia de Género, poniendo fin a la presunción de inocencia y a la igualdad de todos ante la ley. Y en 2012, de nuevo, bajo la presidencia del ínclito Pascual Sala, consideró lícito que las uniones civiles entre personas del mismo sexo se denominaran «matrimonio».

Cuando el PSOE colocó a Cándido Conde-Pumpido como fiscal general del Estado y ETA declaró el alto el fuego, el jurista dijo que «la Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco está para obstaculizarlos» y lo remató con su famosa frase de que “el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino”; dejando claro que ahí estaba él para lo que el PSOE quisiera mandarle. Un Tribunal Constitucional, quizá presidido por el socialista Conde-Pumpido, deberá enfrentarse al asalto de Pedro Sánchez al CGPJ, al ya anunciado nuevo referéndum de independencia de Cataluña, a la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas, etc. Decía Lord Byron que el mejor profeta del futuro es el pasado, así pues, empecemos a temblar desde el inicio de este inconstitucional 2023.