PSOE: unas siglas incompatibles con la igualdad y la solidaridad

«Decíamos ayer» que tenemos un mes de agosto poco vacacional desde el punto de vista informativo, con los Juegos Olímpicos de París donde, desgraciadamente, el lamentable espectáculo de su ceremonia inaugural ha captado la atención de la opinión pública casi tanto como el deporte y los atletas. Y no para bien del olimpismo, precisamente.

Otro foco informativo está centrado en Venezuela, donde el dictador Nicolás Maduro permanece atrincherado tras sus huestes uniformadas que le sirven a él en lugar de servir al pueblo venezolano al que se deben. Pero no es ninguna novedad ese proceder salvo para el sanchismo, tan progresista como su venerado dictador, al que sus socios consideran un referente del progresismo en Iberoamérica.

A la espera de esas actas que deberían acreditar su inexistente triunfo en las urnas, el silencio de Sánchez y de destacados miembros de su progresista coalición de gobierno habla por sí mismo. Si finalmente se produce un relevo en el Palacio de Miraflores de Caracas, sede oficial del despacho del presidente de la República, y en La Casona, sede de su residencia, quizás podremos conocer algunas actuaciones del sanchismo no precisamente ejemplares respecto de la comprometida transparencia en la moción de censura por la que accedió a la Moncloa, tras dos contundentes derrotas en las urnas en tan sólo seis meses. Es un dato que el sanchismo quisiera olvidar, por lo que es necesario recordarlo a la opinión pública y a la publicada, un día sí y otro también.

Uno de los que requieren sin más dilación de luz y taquígrafos es el caso conocido como las maletas de Delcy. La presunción de su existencia y de que contenían «material muy sensible» para Sánchez está basada en el hecho incuestionable de que su entonces número dos en el PSOE y el gobierno, José Luis Ábalos, acudió al aeropuerto de Barajas a recibirla a altas horas de la noche cuando ella – vicepresidenta de Maduro – tenía prohibida su entrada a la Unión Europea.

En su comparecencia en el Senado, Abalos negó rotundamente que existieran esas «40 maletas», pero no es la cantidad sobre la que recae la sospecha, sino sobre la existencia de varias de ellas. Por supuesto que la coincidencia a esas horas y en el aeropuerto con el comisionista Aldama fue también una mera coincidencia, o sea, una simple casualidad.

Por si estos dos focos informativos no fueran suficientes -que por supuesto que sí lo son- a ellos se le añade uno nacional, centrado en Barcelona, con ocasión del previsto debate de investidura del ganador de las recientes elecciones autonómicas, el candidato socialista y ex ministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa. Era considerado el representante del sector menos nacionalista del PSC convertido hoy en un partido socialista y nacionalista de hecho (y al que no calificamos de nacional- socialista por obvias razones).

Hoy, siguiendo la estela del líder supremo Sánchez, Illa ha cedido ante ERC todo lo necesario para poder contar con su apoyo imprescindible para ser investido president, convirtiendo a Cataluña en otra comunidad autónoma con un concierto económico y fiscal, sin estar previsto en la Constitución. Es el caso de la Comunidad Foral de Navarra y la autónoma del País Vasco, cuyos regímenes singulares de financiación están recogidos específicamente en la Carta Magna.

La actuación que está llevando a cabo el PSOE desde que Sánchez lo convirtió en una mera plataforma política al servicio de sus intereses, sin contenido alguno de ideología política ni ética pública, tiene un nuevo hito con esta última concesión al separatismo catalán. Esta semana habrá ocasión de comprobar en qué se materializa el espectáculo anunciado por su otro aliado -el progresista Puigdemont-, pero en todo caso es una prueba más del lodazal en que el sanchismo ha convertido la política nacional.

Sánchez y, con él, el sanchismo, pasarán. Pero las siglas PSOE quedan señaladas como expresión concreta de una manera de entender la política, no como un «servicio al bien común», sino de utilizar el poder al servicio de un interés personal y grupal. Hablar de «solidaridad individual y territorial» y de «igualdad de los ciudadanos ante la ley» ya es incompatible con esas siglas.