Una propuesta razonable frente a un Gobierno confiscatorio

La inflación no deja de subir, con lo que los ciudadanos no dejan de perder poder adquisitivo y las empresas no dejan de ver descender su competitividad. De esa manera, cuando un ciudadano va a hacer la compra ve incrementada su factura en un porcentaje muy elevado, o tiene que adquirir menos productos para poder pagarla. Las empresas, debido a esa pérdida de competitividad, se debaten entre asumir el coste, que los arruina, o subir precios, que les puede hacer perder mercados, cuya consecuencia final será también la merma de su actividad o desaparición.

En este contexto, el Gobierno español se mantiene indiferente ante ese sufrimiento de ciudadanos y empresas, que pierden poder adquisitivo y competitividad, respectivamente, y que supone, en el medio plazo, un quebranto profundo en la economía, además del empobrecimiento inmediato del corto plazo. Así, el Ejecutivo se niega a bajar los impuestos y fía todo a las subvenciones, es decir, a mayor incremento del gasto, algunas de las cuales asfixian a las empresas, al tener que actuar como financiadores de la medida del Gobierno, como es el caso de las estaciones de servicio.

Frente a ello, el PP ha presentado una propuesta, que ha ofrecido al Gobierno para negociar, basada en tres ejes: deflactación de la tarifa del IRPF y reducción de impuestos; reducción del gasto burocrático innecesario; y reformas estructurales en la economía.

En lugar de estudiar dicha propuesta, aunque sea para decir que no, el Ejecutivo y todo su entorno, es decir, la izquierda en general, han comenzado a repetir un mantra que consiste en decir que la propuesta del Partido Popular relativa a la bajada de impuestos incrementa la inflación. Explican que la bajada de impuestos aumenta la inflación, porque elevará la demanda agregada y, con ello, el nivel de precios.

Esto podría suceder si no fuese porque la propuesta que critican los socialistas no se acaba ahí. En primer lugar, quien puede combatir la inflación en la eurozona es el Banco Central Europeo, pues la inflación -en el medio y largo plazo, especialmente- es un fenómeno monetario, por lo que ni esa ni ninguna propuesta puede ir dirigida a bajar los precios, con lo que encontramos la primera falsedad del argumento gubernamental. En segundo lugar, lo que se puede lograr con una propuesta que deflacte y baje impuestos es que los ciudadanos mitiguen la pérdida de poder adquisitivo que sufren por el alza de precios. En tercer lugar, esa política fiscal expansiva por la vía de rebaja de impuestos podría incrementar la tensión de los cuellos de botella y, con ello, la inflación, mientras exista la abundante liquidez que el BCE tiene introducida en el mercado monetario, pero sólo si no se toman medidas en sentido contrario paralelamente, medidas que también están incluidas en dicha propuesta, que elimina dicho problema.

De esa manera, la propuesta del PP habla de bajar impuestos, sin duda, pero también habla, como he mencionado antes, de reducir el gasto burocrático innecesario y de realizar reformas estructurales que agilicen la economía. Aquí es donde deja de sostenerse la crítica socialista, porque esa propuesta de bajada de impuestos en 10.000 millones de euros, va acompañada de una propuesta de reducción del gasto ineficiente -política fiscal contractiva- mucho mayor -60.000 millones estima la AIReF que hay de gasto improductivo e ineficiente-, con lo que la demanda agregada no presionará al alza, sino a la baja y, por tanto, ayudará a que se contengan los precios o disminuyan algo. De la misma manera, como la tercera pata son las reformas estructurales, si se agiliza la economía, la producción y, con ello, la oferta agregada, aumentarán, elemento que reducirá el nivel de precios.

Es decir, se trata de frenar la presión sobre los cuellos de botella que pueden elevar en el corto plazo los precios hasta que el BCE adopte unas medidas de política monetaria contractiva conducentes a reducir la inflación, todo lo contrario de lo que hace el Gobierno con sus propuestas de incremento de gasto, que se añadiría sobre el tremendo gasto estructural que ha consolidado desde que gobierna. Se trata de que el ajuste lo soporte el sector público en lugar de los ciudadanos para dejar más renta disponible en el bolsillo de los contribuyentes, reducir el gasto absurdo que existe y liberar tensiones, así, en el nivel de precios de corto plazo y en el tremendo endeudamiento que sufre la economía española. Y se trata de reformar la economía española para que sea más fácil crear empresas, para atraer inversiones, para aumentar la producción y, así, contribuir también a una reducción de los precios.

Se trata, en definitiva, de suavizar la pérdida de poder de compra de los ciudadanos, para que puedan llegar a fin de mes, y de que las empresas no pierdan competitividad. Puede, a lo mejor, pensarse que la propuesta del PP, que va en el buen camino, podría haber sido más ambiciosa, deflactando toda la tarifa -aunque todos los contribuyentes se beneficiarían de aplicarse la medida, porque los tramos más altos pasan primero por los más bajos, de manera que, sin subida salarial, se reduciría el tipo medio efectivo para todos- y pidiendo una rebaja mayor de impuestos, pero no se puede criticar por ir en la mala dirección, porque no es así. Una cosa es la intensidad y profundidad de las propuestas y otra que no sean ortodoxas y necesarias, porque sí que lo son.

El Gobierno prefiere aumentar el gasto, mantener su idea de incremento de impuestos próximamente y de introducir rigidez en la economía, como sucedió con la contrarreforma laboral, en lugar de aceptar, al menos en parte, la propuesta del PP de deflactar el IRPF y bajar impuestos, reducir el gasto ineficiente y realizar reformas profundas en la economía.

El Gobierno sólo apuesta por más gasto público, que eso sí que alimenta los cuellos de botella para generar presiones inflacionistas en este entorno de abundante liquidez monetaria. De esta manera, con su actuación y con su negativa a asumir esta propuesta del PP, el Ejecutivo, en lugar de ajustar el gasto público, disminuirlo y asumir el esfuerzo, ha decidido que todo el sacrificio y quebranto derivados de la inflación lo soporten ciudadanos y empresas, a los que castiga con ella, que es el peor y más peligroso de los impuestos, mientras él incrementa su recaudación a costa de dicha inflación confiscatoria que exprime a los contribuyentes. Se enfrentan, por tanto, una propuesta razonable, por un lado, con un Gobierno confiscatorio en materia fiscal, por otro, que se nutre en materia de recaudación a costa del sacrificio injusto que soportan los contribuyentes debido a la inflación.