Secretos de Estado frente a la verdad histórica

Ponencia de Manuel Cerdán pronunciada en el III Congreso de Transformación Social y Humana en Alicante el 2 de diciembre de 2022.

Una transformación social, como el objeto de este Congreso de Transformación Social y Humana, quedaría incompleta si no abordáramos los temas de la transparencia informativa y la desclasificación de los documentos secretos para asentar la verdad sobre los acontecimientos sociales y políticos de nuestra historia reciente. En esa misión, los periodistas deberíamos estar acompañados de organizaciones ciudadanas, políticos de todos los partidos, expertos en leyes e historiadores, entre otros actores sociales. Y, principalmente, de una base legal que facilite el trabajo y el acceso a documentos que llevan clasificados desde hace más de 50 años.

El objetivo es que la historia que hemos vivido todos nosotros y las generaciones anteriores, ya no me refiero a los grandes hitos históricos de nuestro siglo XX ni de las dos guerras civiles -las carlistas y la del 36- no quede escrita para el futuro con renglones torcidos, folios en blanco o borrones y tachones. Todos asumimos que la calidad democrática de un país se mide, entre otras muchas cosas, por el nivel de transparencia de sus instituciones y el acceso de los ciudadanos a la información en poder de las autoridades. Y sobre todo de esa información que nos quieren ocultar, aunque ya hayan transcurrido más de 50 o 40 años y no suponga ningún riesgo para la estabilidad política. Por supuesto, preservando siempre la seguridad de España, no de los lobbys ni de los intereses de los oscurantistas.

La transparencia y la desclasificación de la verdad son algunas de las grandes asignaturas pendientes de la Democracia española, desde que se aprobó la Constitución de 1978, que ahora cumple 44 años. Toda una eternidad. En un periodo similar con esa cantidad de años, se han vivido dos guerras mundiales en Europa con millones de muertos y, en España, nuestra historia ha sido todo un tiovivo: pasamos de una Monarquía a una República, con victorias de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) derechista -formada por 19 partidos- en las elecciones de 1933 y el Frente Popular de extrema-izquierda en las de 1936, hemos vivido una cruel Guerra Civil que duró tres años, una Dictadura de más de 35 años, el nacimiento de ETA, la muerte del dictador, la llegada de la Transición con elecciones libres y una Constitución democrática. Con tan sólo la edad de algunos de los aquí presentes nuestro país ha estado sometido, aunque parezca increíble, a toda esa zozobra histórica. Pero, tras las elecciones del 15 de junio de 1977, las urnas nos abrieron una ventana para la concordia y para lograr la paz entre españoles, por medio de pactos históricos que se están desmoronando.

Por eso, debemos de aprender de lo ocurrido para que no vuelva a reproducirse una nueva etapa de vértigo y zozobra. Y la mejor medicina es la verdad histórica. Tenemos la oportunidad de vacunarnos para que los hechos no vuelvan a repetirse. ¿Y cómo? Fabricando los cimientos y construyendo los muros. Y esas bases, para que resistan con fortaleza, deben estar ancladas con la verdad. No podemos pasar página sin conocer. En los últimos 40 años he sido uno de los mayores defensores de la conciliación -lo que me educaron mis padres, que sufrieron la guerra y la postguerra y mi padre el frente de la Guerra en el ejército republicano- Jamás me inocularon odio, rencor o revancha y eso que habían luchado del lado de los perdedores. No me gusta la palabra «bando», que el diccionario traduce como «facción, partido, parcialidad».

Documentos oficiales

Y la verdad debe sostenerse con documentos oficiales que descubran el reverso de los grandes acontecimientos históricos -muchos de ellos violentos- que se han producido en España durante el postfranquismo y en los inicios de la Transición. Una cosa es un pacto nacional por la conciliación y otra es un amaño para ocultar la verdad. Y, sobre todo, cuando esa verdad ya no afecta a la Seguridad de un Estado democrático. Tampoco provoca efectos judiciales. Son única y exclusivamente unos documentos que afianzan nuestra calidad democrática para conocer nuestra historia.

Los españoles ya hemos pasado página y asumido con sosiego como algo histórico algunos asuntos como el magnicidio de Carrero Blanco, el 23F, la guerra sucia de los GAL o el 11M. Ahora lo que toca es conocer la verdad, lo que subyace en los secretos de Estado. Tenemos el derecho de adentrarnos en los arcanos de nuestra historia. Las instituciones disponen de documentos que ya pueden ser desclasificados para conocer la autenticidad de los hechos. No es una indulgencia ni una gracia especial del Gobierno de turno, es un derecho de los ciudadanos y de los periodistas para poder ejercer la libertad de información y expresión.

Hace un mes, el ex presidente Felipe González en un acto con José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, en el que se celebraba los 40 años de la victoria socialista en las Elecciones del 28-O de 1982, dijo: «En democracia la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad».

Y González se equivocaba. En democracia, como en dictadura, la verdad no es lo que creen los ciudadanos -si siguiéramos esta doctrina la verdad tendría que decidirse por votación. La verdad es única y debe certificarse al margen de lo que piensen los ciudadanos. Y el poder político debe esforzarse para que el pueblo esté preparado culturalmente e informado de manera libre e independiente. La España de 2022 ya no es ni la España del desastre de 1898, con un analfabetismo de casi el 80% ni la del 36 en la que uno de cada cuatro españoles no sabía leer ni escribir.

Me imagino lo que Felipe González quería decir: para él, la verdad de un ciudadano es el resultado de un reciclaje, previamente moldeado por la propaganda y la presión mediática, en la que los periodistas y los políticos tenemos una parte de culpa. Debemos desligarnos de una verdad condicionada por una minoría. Pero esa verdad es la que nos lleva a la frustración y el cainismo. La que se reivindica en este Congreso es una verdad absoluta sustentada en la realidad de los hechos y si es con documentos, mejor que mejor.

Derechos Humanos y transparencia

Y para que todo eso no ocurra tenemos todos la obligación -y congresos como este son un revulsivo- para luchar a fin de lograr una sociedad más madura, formada e informada de manera libre. Y, para conseguir ese camino a la verdad, el acceso a los documentos que se mantienen en secreto sobre nuestra historia es imprescindible.

Y vamos por buen camino porque el Eurobarómetro de 2013 sobre consumo y participación cultural ya situaba a España en séptimo lugar con un índice ligeramente superior a la media comunitaria y sólo por detrás de Suecia, Dinamarca, Holanda, Reino Unido, Luxemburgo y Francia. Nos queda mucho por hacer, pero no estamos a la cola de Europa.

Y en todo este proceso no hay que olvidar otro elemento de vital importancia: ¿Cómo enfrentarse a situaciones en las que los secretos oficiales ocultan los documentos que podrían esclarecer procesos que han conculcado los Derechos Humanos y han propiciado delitos de lesa humanidad? Situaciones como la de España la han vivido otros países como Argentina y Chile, que vivieron un nubarrón antidemocrático con las dictaduras militares que violaron los Derechos Humanos.

Destacaría el Proyecto de Desclasificación Chile (Chile Desclassification Project) de 1999, los archivos institucionales que el Departamento de Estado de EE.UU donó a Chile y permanecen en un rincón de la Sala de Lectura Gabriela Mistral de la Biblioteca Nacional de Santiago para ser consultados de manera libre, sin limitaciones ni censuras.

El proyecto chileno consiste en una copia facsímil de documentos oficiales estadounidenses que los propios parlamentarios chilenos pidieron a EEUU para esclarecer las acciones encubiertas (1963-1973) de Washington, principalmente de la CIA, durante la legislatura de Salvador Allende y el régimen de terror de Pinochet. Y esa misma desclasificación también sirvió para demostrar el esfuerzo de EEUU para apoyar la vuelta a la democracia y la defensa de los Derechos Humanos en Chile.

En España, en cambio, perdura el oprobio del olvido para esclarecer acciones violentas como la matanza de la calle Atocha, el caso Almería, los sucesos de Vitoria, Montejurra-76, el secuestro de mendigos por agentes de los servicios secretos, los 300 casos sin resolver de ETA, el chivatazo del bar Faisán, los 27 muertos de los GAL o el 11-M.

Ese tipo desclasificaciones de documentos no sólo sirve para conocer la verdad de la historia reciente de un país, sino también para resarcir a las víctimas su derecho a saber cómo perdieron la vida sus familiares queridos, al margen de que se haya agotado el procedimiento judicial. La verdad no sólo es jurídica. Y sirve para alimentar la reconciliación y el perdón. Por eso nunca hay que abordar los procesos desclasificatorios con miedo o recelo. Finalmente, siempre gana la opinión pública y sirve de antídoto para que no se repitan los mismos hechos.

Una desclasificación cicatera

En los 44 años constitucionales de la España moderna y en los 54 de la ley preconstitucional de Secretos Oficiales de 1968 sólo en ocho ocasiones los sucesivos gobiernos democráticos han desclasificado documentos secretos. Les haré un breve resumen.

1.- El 18 abril de 1997, el Consejo de Ministros del presidente José María Aznar, tras ser obligado por el Tribunal Supremo, desclasificó 13 de los conocidos como papeles del Cesid de los GAL, después de que fueran publicados en El Mundo con mi firma.

2.- El 18 de marzo de 2004, siete días después del 11-M, el Gobierno desclasificó dos informes del CNI sobre los atentados del 11 de marzo en Madrid.

3.- Cuatro meses después, ya con el Gobierno de Zapatero, el consejo de ministros permitió a la Comisión de Investigación del 11-M a acceder al resto de los documentos del CNI, salvo seis que afectaban a otros servicios secretos extranjeros.

4.- El 16 de septiembre de 2005, el Ejecutivo acordó desclasificar, tras una petición judicial, los documentos relacionados con los atentados del 11-M y con el posterior suicidio de los yihadistas el 3 de abril en Leganés (Madrid), que obraban en poder del Ministerio del Interior y del CNI.

5.- El 9 de febrero de 2007, el Consejo de Ministros aprobó la desclasificación de los documentos del CNI solicitados por un juez de la Audiencia Nacional relativos a los vuelos de la CIA en territorio español en los que se trasladaban en secreto a supuestos  terroristas a Guantánamo.

6.- El 20 de marzo de 2009, el Gobierno desclasificó toda la documentación sobre el accidente del helicóptero Cougar en el que murieron 17 militares españoles en Herat, en Afganistán, en agosto de 2005, para que el Juzgado Togado Militar Territorial número 11 pudiera seguir las diligencias sobre la investigación del siniestro.

7.- El 16 de diciembre de 2011, el Consejo de Ministros desclasificó documentos archivados en la Embajada y Consulados de España en Argentina sobre varios cientos de españoles desaparecidos en los decenios 1970-1980, durante la dictadura militar en el Cono Sur.

8.- El 7 de diciembre de 2018, el Gobierno ordenó desclasificar documentación secreta sobre la Operación Kitchen, también con orden judicial que habría diseñado el Ministerio del Interior en 2013 para sustraer documentos al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, por orden judicial.

Como habrán percibido, excepto uno de ellos, todos los demás fueron forzados por procedimientos judiciales. Por lo que jamás ha existido una cultura democrática sobre la desclasificación de papeles que afecten a la estructura del poder. Ningún Gobierno de la Transición tomo esa iniciativa.

Raras excepciones

Este periodista, de manera limitada, ha tenido la suerte de tener acceso en dos ocasiones a algunos documentos clasificados. La primera, cuando el director de la Policía, Agustín Díaz de Mera -al que siempre estaré agradecido-, en 2003 me autorizó a acceder a los documentos sobre las investigaciones policiales a cerca del atentado de Carrero Blanco. Y la segunda, en 2011 -30 años después del 23-F-, cuando el entonces presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, me desclasificó las actas de la sesión parlamentaria, a puerta cerrada y sin periodistas, en la que el ministro de Defensa, Alberto Oliart, desvelaba a los diputados la cronología de la asonada militar.

Pero, paradójicamente, en mis investigaciones sobre el magnicidio de Carrero resultó más fácil obtener documentos desclasificados de EEUU que de nuestro país. Amparándome en el Acta de Libertad de Información (Freedom Of Information Act) de 1966, acudí a la FOIA para reclamar los documentos elaborados en Madrid por la Embajada norteamericana y recibí un sobre de color naranja con decenas de documentos, que reproduje en mi libro Matar a Carrero: la conspiración.

¿Y cómo han reaccionado nuestros gestores políticos cuando los periodistas nos hemos quejado de todas estas limitaciones? Siempre se han escudado en la ley franquista de Secretos Oficiales. A pesar de que era un freno para que los periodistas e historiadores pudiéramos ejercer el derecho de acceso a la información, en 44 años, jamás hicieron nada por la transparencia.

Nueva ley, misma cojera

Y ahora nos encontramos ante una iniciativa del Gobierno de Sánchez que tampoco resuelve la asignatura pendiente. El pasado verano aprobó el anteproyecto de Información Clasificada para resolver una ley de Secretos oficiales, preconstitucional, que data de 1968 cuando Franco era el jefe del Estado y Carrero Blanco su delfín. Pero la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para adaptarla a los nuevos tiempos preocupa a otros partidos políticos y muy seriamente a los expertos de la comunicación y del Derecho.

El Anteproyecto de Ley de Información Clasificada impone restricciones excesivas y su indefinición abre la puerta a que los poderes públicos puedan escamotear documentos discrecionalmente y en plazos de hasta 65 años. La nueva ley incorporará cuatro categorías de documentos según la importancia de los secretos y fijará un mínimo de 50 años para guardar los «altos secretos» de Estado.

¿Creen ustedes que las conversaciones de Tejero con Armada o con Milans la tarde del 23-F pertenecen a la categoría de secreto de Estado 44 años después? ¿Creen ustedes que los datos sobre la fuga de Puigdemont tras el procés pueden desestabilizar la política española? ¿Creen ustedes que los documentos de la creación de los GAL pueden variar lo que piensan los españoles del señor X? ¿Supondría algún menoscabo a la verdad histórica que se desclasificaran los documentos de las negociaciones de los gobiernos de González con UCD, PSOE o PP? ¿Quién sale beneficiado de ese oscurantismo? ¿Los ciudadanos o el interés sobre el secretismo de algunos partidos políticos?

Esa ley dice: «Es innegable la necesidad de imponer limitaciones, cuando precisamente de esa publicidad puede derivarse perjuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la colectividad nacional».

Según los analistas, la nueva ley puede suponer una colisión constitucional de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como la posible incompatibilidad con derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información, la tutela judicial efectiva, el derecho a utilizar los medios de prueba.

La pretensión del Gobierno es desclasificar documentos hasta 1978 y los secretos de Estado que se produzcan a partir de la entrada en vigor de la ley. Comenzarán a desclasificarse seis meses después de su aprobación en las Cortes de forma automática en un plazo que va desde cuatro años hasta medio siglo, que puede aumentar hasta 65 años en función de la categoría a la que responda.

La norma incluye un régimen sancionador en caso de «acceso o difusión indebida». Las multas oscilan entre los 50.000 euros y los tres millones de euros, aparte de las responsabilidades penales que se puedan derivar. Un aviso para los periodistas.

Según una nota de Presidencia: «Entre las infracciones muy graves que pueden dar lugar a la máxima sanción se encuentra, por ejemplo, la difusión, por cualquier medio, de información clasificada en las categorías de alto secreto o secreto; el acceso a información de dichas categorías sin tener la correspondiente habilitación».

Seguimos en las mismas: secretismo y oscurantismo frente a la verdad histórica, mientras existe barra libre sobre la memoria histórica de un solo signo.