Políticamente, una canallada: penalmente, veremos

Los ciudadanos no hemos de elegir entre exigir responsabilidad política o culpabilidad penal a nuestros representantes públicos; la democracia nos reconoce el derecho y nos da los instrumentos para ejercer plenamente ese derecho. Los tiempos y los ámbitos pare ejercer nuestro derecho son distintos pero no excluyentes: la exigencia política se lleva a cabo en las urnas; la penal, si la hubiere, ante los tribunales de Justicia. Optar por ambas vías es un sano ejercicio de confianza en las Instituciones. 

Esa consideración de ejercer mi derecho y mi deber como ciudadana me ha llevado a presentar ante la Fiscalía una denuncia por la comisión de un presunto delito de Prevaricación en su modalidad omisiva por no haberse ordenado el uso de mascarillas desde el inicio del estado de alarma. 

Lo he hecho ante la Fiscalía porque esa Institución tiene la obligación de defender el interés general y de proteger los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos.   

Lo he hecho ante la Fiscalía instándola a que actúe a la vista de que esa institución no ha actuado de oficio como lo están haciendo en las democracias de nuestro entorno.

Lo he  hecho ante la Fiscalía porque creo en todas las Instituciones del Estado aunque no me merezca confianza el comportamiento de algunas de las personas que están al frente de ellas.  

Lo he hecho ante la Fiscalía porque en una democracia de calidad es la institución que debe actuar como el abogado de oficio de todos y cada uno de los ciudadanos.

Lo he hecho de manera particular porque creo que cada uno de los ciudadanos tenemos que empujar, en la medida de nuestras posibilidades, para que las instituciones funcionen. 

Lo he hecho porque estoy harta de los “hay que”…, “que vergüenza”…, “no hay derecho…”, “es de juzgado de guardia…” que se quedan en eso, en nada más que eso.

Lo he hecho porque no hay nada que me de más miedo que caer en la indiferencia y acabar, como tantos, rindiéndome antes de iniciar la batalla. 

La pandemia ha sido una catástrofe para los españoles. Los muertos ocultados hasta en las estadísticas que publica el Gobierno, el sufrimiento, el miedo al futuro, la ruina de tantas familias, la muerte en soledad de tantos de nuestros mayores, la indiferencia y la falta de humanidad de nuestros gobernantes, la ocultación de la verdad para salvaguardar sus intereses partidistas y sectarios, la arbitrariedad a la hora de aplicar medidas, el abuso de poder, la persecución da quienes ejercen su libertad, la demonización de la oposición democrática, los contratos millonarios para los empresarios amigos del régimen, el blanqueamiento de los enemigos de la sociedad plural y la democracia liberal…son algunos de los graves hechos que se han producido en los últimos meses. El Gobierno protagoniza y sirve escándalos con tal velocidad que consigue que el escandalo de hoy – la corrupción de Venezuela que salpica al PSOE- entierre al de ayer –la rectificación sobre la apertura de fronteras- y este al de hace dos días- que Simón sigue ocultando los muertos que facilitan las CCAA-, y ese al del día anterior – el cambio en el sistema de recuento de los contagiados- y ese al de un día antes –que hay centenares de miles de españoles que aún no han cobrado el ERTE-… 

Es difícil enfrentarse a un plan milimétricamente trazado por quien dirige  el Gabinete de crisis por la Pandemia, que no es un equipo de científicos en materia sanitaria o de expertos en materia económica sino el sicario de comunicación de Sánchez, Iván Redondo.  Por eso creo que todos y cada uno de los españoles que sufrimos las consecuencias de este gobierno inhumano y corrompido debemos actuar “en legítima defensa”. 

Yo lo he hecho. Aquí la primer página de la denuncia:

«Que por medio del presente escrito pongo en conocimiento de esta Fiscalía General del Estado, al amparo de lo dispuesto en el Art. 264 LECrim, los siguientes hechos por si los mismos pudieran constituir la comisión de un presunto delito de PREVARICACION en su modalidad OMISIVA, tipificado en el Art. 404 del Código Penal, al no haberse ordenado desde el inicio del estado de alarma el uso obligatorio de mascarillas, ni haberse limitado todavía más la libertad de movimientos en caso de no poder abastecerse de las mismas, todo ello por los motivos que se expondrán, y al objeto de que proceda a la apertura de DILIGENCIAS INFORMATIVAS.

Se estima en principio como responsables del mencionado delito a las siguientes personas:

• D. FERNANDO SIMON SORIA en su calidad de director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, y portavoz en la actualidad del Ministerio de Sanidad contra la pandemia del Covid-19, al ser quien asesora al Gobierno en la toma de decisiones desde el punto de vista facultativo y/o sanitario, y por ser quien transmite en sus comparecencias a los ciudadanos las decisiones adoptadas por el Gobierno de España; 

• D. SALVADOR ILLA ROCA en su condición de Ministro de Sanidad del Gobierno de España por haber omitido la resolución necesaria para proteger la salud de los ciudadanos, y en concreto la orden de uso obligatorio de mascarillas desde el mismo momento en que se declaró el estado de alarma aun cuando el Gobierno de España no pudiera garantizar el suministro de las mismas;  

• También se dirige contra todos y cada uno de los MIEMBROS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA incluido su Presidente D. PEDRO SANCHEZ CASTEJÓN, por cuanto omitieron dictar en su momento y desde un inicio la norma correspondiente incorporando y ordenando el uso obligatorio de mascarillas; (cuando ) dicha obligación debió incorporarse al decretarse el estado de alarma, o en su caso conociendo el Gobierno la importancia de las mismas para evitar el contagio, por haber omitido dictar la norma limitando más y por más tiempo la movilidad de los ciudadanos hasta que el Gobierno pudiera garantizar su abastecimiento; 

• Finalmente se dirige también contra los ignorados integrantes del llamado Comité Técnico de Expertos que estaría asesorando al Gobierno de España. En efecto, el Presidente del Gobierno ha manifestado en reiteradas ocasiones a la opinión pública que las decisiones que tomaba eran exclusivamente en función de lo que le transmitía dicho Comité con criterios estrictamente médicos».

“En política, que a uno le engañen no es excusa”. L.Kolakowski.  Pues eso, por mi que no quede.