El pacto ERC-PSOE merece un castigo en las urnas

El sistema de financiación autonómica propuesto por la ministra María Jesús Montero no es solo técnicamente deficiente; es, sobre todo, profundamente injusto. Bajo la apariencia de una reforma necesaria se esconde un modelo que castiga precisamente a quienes más deberían ser protegidos: las comunidades autónomas con menor renta, menor capacidad fiscal y mayores necesidades estructurales de gasto. Regiones como Castilla-La Mancha o Asturias figuran entre las grandes perjudicadas de un esquema diseñado no para corregir desigualdades, sino para satisfacer exigencias políticas muy concretas, pero también Aragón, Castilla y León y Andalucía, donde próximamente habrá elecciones autonómicas y los ciudadanos tendrán la oportunidad de expresar su rechazo a los candidatos socialistas, que apoyan la injusticia de darles privilegios a los independentistas catalanes a costa de los ciudadanos de las regiones en las que se presentan. Pilar Alegría y María Jesús Montero deberían ser censuradas con dureza en las urnas por impulsar esta injusticia para sus ciudadanos.

El problema de fondo es que el nuevo modelo no parte de un criterio de equidad real. No se construye desde las necesidades objetivas de financiación ni desde el principio constitucional de solidaridad interterritorial. Se construye desde un pacto político previo, condicionado por la dependencia parlamentaria del Gobierno. Y cuando la política sustituye al análisis económico riguroso, el resultado suele ser un reparto arbitrario y desequilibrado.

El discurso oficial insiste en que el nuevo sistema mejora la suficiencia financiera del conjunto de las comunidades. Sin embargo, basta rascar mínimamente para comprobar que esa mejora es selectiva y asimétrica. El sistema se diseña para favorecer los intereses de los independentistas catalanes a costa del resto de ciudadanos de las CCAA.

La gran paradoja del modelo de Montero es que se presenta como progresista mientras consolida desigualdades. Se protegen los intereses de Cataluña, mientras se deja sin protección a las regiones más débiles. Es una solidaridad de geometría variable: firme cuando conviene a los socios parlamentarios, laxa cuando afecta a territorios sin capacidad de veto político.

Este planteamiento rompe la lógica básica del Estado autonómico. La financiación no puede convertirse en un premio a la capacidad de negociación ni en un castigo a la debilidad estructural. Si el sistema no corrige desigualdades de partida, deja de ser un sistema de cohesión para convertirse en un mecanismo de fragmentación.

A ello se suma otro elemento especialmente preocupante: la penalización implícita a las comunidades que gestionan con rigor sus recursos. El nuevo modelo introduce incentivos perversos, desincentivando el control del gasto y premiando, de facto, el déficit estructural si vienen acompañados del relato político adecuado.

El impacto de esta reforma no será inmediato, pero sí acumulativo. Menores recursos hoy significan peores servicios mañana, menor capacidad de inversión, pérdida de competitividad y, en última instancia, más despoblación. Eso es lo que Pilar Alegría y María Jesús Montero impulsan: un castigo al resto de españoles -entre ellos, los aragoneses y los andaluces- para pagar los votos de ERC para sostener a Sánchez, concediéndoles los privilegios de una financiación a la carta.

Cuando las regiones pobres pierden para que otras ganen, no estamos ante una reforma; estamos ante una renuncia. Una renuncia a la cohesión territorial, a la equidad y a la responsabilidad económica. Y ese es un precio que España, como conjunto, no debería estar dispuesta a pagar y que los ciudadanos, en las urnas, deberían castigar, empezando por un severo castigo en las próximas elecciones regionales a Pilar Alegría y a María Jesús Montero, adalides de este Gobierno y de este aberrante pacto con ERC a costa de sus ciudadanos.