¿Pacto Antiyihadista o Anti-Estado de Derecho?

No tengo claro qué es lo que pretenden los asesinos a los que catalogamos como “yihadistas”. No tengo claro cuál es su pretensión, además de infundir el terror entre nosotros. No sé bien qué o quién los apoya. Aunque información que ha ido poco a poco apareciendo deja entrever que su estructura es grande, su financiación inmensa y que, de alguna manera, cuentan con el soporte de grandes potencias, como Arabia Saudí. Incluso, hemos podido ver declaraciones de Hillary Clinton haciendo referencia a que la formación de estos asesinos tuvo lugar precisamente gracias a la financiación de su Administración. Un mar de dudas que los actuales medios de comunicación contribuyen a aumentar.

Las respuestas que se han dado después de algunos atentados recientes por parte de los gobiernos han consistido en dos actuaciones fundamentalmente: por un lado, recortar derechos y libertades de toda la ciudadanía al argumentar que la seguridad ha de estar por encima de todo. De esta manera, han podido observarse en Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, diferentes medidas que han recaído sobre la totalidad de su ciudadanía. Limitando su libertad de expresión, de manifestación, aumentando los controles sobre cada individuo y modificando la legislación de forma urgente para acometer cambios perpetuos. Así sucedió en España cuando se planteó el Pacto Antiyihadista y desde entonces, toda la ciudadanía española se ha visto sometida a leyes mucho más severas, que coartan derechos y libertades civiles. Pero nadie ha puesto sobre la mesa cuestiones fundamentales sobre la implicación de nuestro Gobierno —ya sea de manera directa o indirecta— con el terrorismo yihadista.

Es un hecho que Arabia Saudí viola Derechos Humanos de manera reiterada. Como la venta de armamento de este gobierno a las células terroristas. Hay también indicios de que algún miembro de nuestro Gobierno ha mantenido su negocio en la venta de armas, incluso algunas de ellas ilegales, a pesar de haber tomado posesión de su cartera. Y habría que analizar la trazabilidad del petróleo que estamos comprando para descartar —como algunos gobiernos denunciaron en su momento— que pudiéramos estar financiando de esta manera al DAESH. Todo esto debería ser investigado con transparencia y conocimiento de la ciudadanía española, y tomar las medidas pertinentes para cortar cualquier tipo de posibilidad de financiación de las células terroristas. En cualquier lugar. Pero de esto no se habla en el Pacto Antiyihadista. Sí se habla de modificar nuestras leyes para endurecer penas, ampliar espacios de control, intervenir todas nuestras vías de comunicación y limitar nuestro derecho de expresión e información. Y esta es la razón por la que cada vez más formaciones políticas se sentarán a la mesa como observadores. 

La relación de la Casa Real española con gobiernos como el de Arabia Saudí, su presunta intervención para la firma de contratos que pudieran tener que ver con armamento o petróleo es otra cuestión que necesita ser investigada y hecha pública. Y ante los hechos ya conocidos, formaciones como las CUP se niegan a que el Rey participe de actos sociales mientras no corte las vías de colaboración, aunque sean indirectas, con los terroristas. La segunda vía de acción, que pudimos ver tras los asesinatos de Bataclán en París, es bombardear ciudades lejanas —en Siria— asesinando así a miles de personas inocentes. O sea, entrar en una guerra sin declararlo abiertamente ni llevar a cabo los procesos pertinentes. Saltarse los procedimientos legales —que los hay hasta para la guerra—, introduciendo a los Estados en Guerras ilegales. Esto ya lo sufrimos con el trío de las Azores. Por denunciar esto mismo en noviembre de 2015 se me invitó a abandonar una tertulia televisiva. Hoy volvería a decir exactamente lo mismo. Contra el terror, contra cualquier atentado hacia la vida, la libertad, la democracia; contra el uso interesado de los ataques terroristas por parte de cualquier formación política. Por supuesto.