O Broncano o vías seguras

La tragedia de Urda, como la de Adamuz, como el AVE que se incendió hace unos días entre Calatayud y Zaragoza no son accidentes, no son tragedias inevitables causadas por el destino. Es pura política. Como los muertos que se producen en una red viaria cada vez más degradada, los que fallecen en las interminables listas de espera o los que dejan este mundo antes de que les lleguen las ayudas por la dependencia. El dinero que debería gastarse en mantener nuestras infraestructuras, en garantizar su seguridad con sistemas de prevención actualizados, en mejorar nuestra sanidad o en atender a los que lo necesitan se va en clientelismo separatista y populista.

Los 400 millones de euros en TV3 y el resto de medios públicos catalanes, la red de embajadas catalanas en el exterior, las docenas de miles de enchufados en las administraciones controladas por el Frankenstein, los miles y miles de funcionarios en chiringuitos duplicados y triplicados que sólo sirven para colocar afines, el río de oro que se va en ayudas a los sindicatos, los «sindicatos» de inquilinas y similares, en puntos lilas y en otros inventos de la extrema izquierda y del secesionismo impiden que el dinero público vaya adonde es necesario.

Con los 60 millones de euros de dinero público que le pagamos a David Broncano para que le haga masajes a Pedro Sánchez, Irene Montero o Gabriel Rufián se pueden mantener unos cuantos kilómetros de vía de AVE. Es una decisión política. Y Pedro Sánchez prefiere untar a los Broncano de turno que gastarse el dinero en mejorar las vías, y fue capaz de montar una escabechina en el puente de mando de RTVE para que su bufón favorito tuviera su programa en La 1 a precio de oro. Y ya estamos viendo por qué tomó esta decisión. Como comprobamos a diario porque mantiene, a precio de oro, a un buen número de productoras externas cuyos programas en RTVE son pura propaganda del PSOE y Sumar.

Todo el dinero público que sirve para que el clientelismo separatista se expanda por Valencia, Navarra, Baleares o Aragón va en detrimento de la calidad de los servicios públicos. Cada embajada que abre la Generalitat de Cataluña para su propaganda en el exterior significa que habrá ambulatorios con menos médicos y alumnos en barracones escolares. El dinero público que nos costó la consulta ilegal del 1 de octubre, y cuyos malversadores fueron amnistiados, no ha ido a mejorar la seguridad de nuestros trenes. Los centenares de millones de euros malgastados cada año en imponer el euskera o el catalán para intentar expulsar al español de estas dos comunidades autónomas no se gastan en reducir las listas de espera. Al final, escoger adonde va el dinero público con el que cuentan las diferentes administraciones públicas es una decisión puramente política. Y el PSOE y sus aliados populistas y separatistas no se lo gastan en promover la construcción de vivienda pública. Ni en evitar accidentes como el de Adamuz o el de Urda. Es una realidad, por mucho que no la quieran ver.

El PSOE ha decidido otorgar la nacionalidad a centenares de miles de personas mediante la ley de nietos por razones de puro clientelismo político, personas que no han cotizado pero que pueden exigir sus derechos como ciudadanos españoles. Ese dinero público que gastaremos en ellos, y en otros que han engordado nuestro censo sin apenas aportar dinero en sus cotizaciones, provocará que los servicios que recibimos los que llevamos décadas cotizando sean cada vez peores. Los niveles de recaudación fiscal del Gobierno están en máximos y nuestra red viaria y ferroviaria es cada vez peor. Nuestra sanidad se deteriora. Nuestra educación es un desastre. ¿Qué ocurrirá cuando llegue una crisis grave y el Estado pierda capacidad recaudatoria? Por eso tenemos que desalojar al sanchismo del poder, para dejar de engordar a las redes clientelares del socialismo, el populismo y el separatismo.