No hay democracia de calidad sin justicia independiente

La separación de poderes no es una mera formulación de la democracia, es la esencia misma del sistema democrático. Así pues, la exigencia de una justicia independiente es pues una reivindicación de higiene democrática.

Es cierto que la solución sobre los problemas que aquejan a la justicia española requiere de mediadas en varios ámbitos, empezando por la dotación de medios materiales y humanos, por la atribución del principio de responsabilidad a todos los agentes del sistema y a todos los niveles, por una revisión al reparto competencial… pero sobre todo hemos de afrontar lo que a mi juicio es el cáncer principal: hemos de librar al sistema, empezando por el Consejo General del Poder Judicial de su servidumbre partidaria. Como dije, es una prioridad de higiene democrática, pre-política y, por supuesto, supra partidaria.

El Consejo General del Poder Judicial es un Órgano de Gobierno que tiene importantes limitaciones, pero aún así tiene las suficientes competencias como para jugar un papel clave en la regeneración del servicio público.

Por eso nada más llegar al Congreso de los Diputados, en marzo de 2009, presenté una interpelación sobre la cuestión. El Presidente del Gobierno era entonces Zapatero y el Ministro de Justicia era Caamaño, ya había caído el compañero de cacería de la hoy Fiscal General del estado, Lola la de Garzón y Villarejo…

El Gobierno rechazó la moción en la que se pedía que los políticos dejaran de meter la mano en los órganos de la Justicia más allá de lo estrictamente constitucional, tanto en la letra como en el espíritu, tanto de la Ley del 85 como de la propia Constitución , tal y como estableció el TC respecto de la mencionada Ley – impulsada por el PSOE, mayoría absoluta- que modificaba la de 1980. Luego hablaremos de esa sentencia.

Todas las iniciativas legislativas que defendí desde ese momento hasta que dejé de ser diputada fueron rechazadas. El pacto de Estado para repartirse la tarta de la Justicia  se ha mantenido inmutable y en él estaban no solo el PSOE y el PP sino el conjunto de grupos de la Cámara.

Que la elección del Consejo General del Poder Judicial deje de ser un mercado persa entre partidos políticos, que dejemos de vivir el bochornoso espectáculo de conocer antes de ser elegidos a qué padre y a que madre “ideológica”, en qué cuadra corren, cada uno de los vocales del Consejo es una asignatura pendiente de nuestra democracia.

El espectáculo lleva años siendo vergonzoso, pero cada vez lo hacen con mayor descaro. Fíjense que en este momento en el que en España no hay acuerdos para nada (salvo para destruir el sistema del 78 por acción u omisión) la prensa del régimen – o sea, prácticamente toda- sigue bendiciendo el chanchullo y “expulsando” de la política (en palabras de la Ministra Portavoz del Gobierno) a quien no se pliega al chanchullo.

Pero esto no ocurre por casualidad; esto es España y en el reino del pasotismo político pasan cosas como estas. Los partidos políticos son culpables, ya lo creo que si; y la mayoría de jueces y magistrados son responsables porque forman parte del engranaje del sistema perverso (si no se presentaran a la elección los partidos no podrían perpetrar el asalto a los órganos de la Justicia) y se quedan tan anchos cuando se habla de la mayoría “progresista” y/o la mayoría “conservadora”. No les importa aceptar que son  de una u otra cuadra, son intercambiables, iguales, obedecen instrucciones. Son como la Visa y la Master Car: distinto color, el mismo objetivo. Y, por supuesto, para que esta trama tenga éxito (y no pase factura a los partidos políticos en las elecciones) hace falta un cómplice: la prensa. Ni que decir tiene que en la España de la prensa concertada y pública (otro ejemplo de Visa y Master Card) cuentan con ello.

Defender la justicia independientes es básico en democracia. Y que para ello hay que empezar por reformular el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. El sistema actual DEBILITA la democracia, DESTRUYE la separación de poderes y COMPROMETE la independencia y autonomía del poder judicial.

Traiciona sin paliativos la ley Orgánica del Poder Judicial del 85 y las dos modificaciones posteriores pues en la exposición de motivos de la citada ley se insistía en la necesidad de “una absoluta sustracción del estatuto jurídico de jueces y magistrados a toda posible interferencia por parte de los otros poderes del Estado” . Lo mismo se puede decir de la sentencia del TC 108/86 al respecto, pues condicionó la validez del nuevo sistema de nombramiento de la totalidad de los integrantes del CGPJ por las Cámaras a que dicha designación no se realizara según un sistema de reparto de cuotas partidistas pues ello supondría “frustrar la finalidad señalada en la norma constitucional”.

Analicemos las leyes a la luz de sus consecuencias. Pongamos que el legislador quería evitar el exceso de corporativismo en el órgano de la justicia, que quería que la Justicia, como pilar del Estado, representara la pluralidad de la sociedad española. Y que por eso- es mucho suponer- cambió el sistema del 80 introduciendo en la exposición de motivos el párrafo que antes mencioné: que no puede haber interferencia política en el estatuto jurídico de jueces y magistrados. Pues como está a la vista que se ha pervertido el espíritu, hay que cambiar la ley. Y el debate que se debe plantear no es cómo repartirse mejor las cuotas sino sobre la necesidad de implementar un nuevo sistema que elimine las cuotas partidarias.

Pues así están las cosas. Sin justicia independiente, sin separación de poderes, no hay democracia. Hay culpables, hay responsables, hay cómplices. ¿Vamos a seguir callando?