La necesidad de un sistema electoral mayoritario
Los resultados de las elecciones generales del pasado mes de julio, así como muchos momentos vividos desde 1977, deberían hacer reflexionar a los dos grandes partidos acerca de la ley electoral, más allá de a quién pueda beneficiar en cada momento dicho cambio, pensando en que a ambos les beneficiará y, sobre todo, dará estabilidad a España.
Y, para ello, no se necesita un sistema todavía más proporcional, que nos llevaría a una fragmentación como en la II República, sino que se necesita un sistema mayoritario. El sistema más apropiado tampoco es el de las dos vueltas francesas, porque no recoge el deseo político del elector en dicha segunda vuelta, al votar en ella ya más en contra que a favor de un candidato, aunque mejoraría algo la situación actual. De la misma manera, el sistema que tenemos en España para el Senado proporciona mayorías sólidas al ganador de las elecciones en las distintas circunscripciones, aunque no recoge el peso de la población, al otorgar el mismo número de senadores a casi todas las circunscripciones.
En este sentido, queda el sistema británico, uninominal y por mayoría simple, de manera que obtiene el escaño en liza el candidato que logra más votos, sin que necesariamente deba vencer por mayoría absoluta. Este sistema recoge el deseo de los electores claramente y forzaría a coaliciones antes de las elecciones en lugar de realizarse posteriormente a ellas, elemento que daría más información a los votantes a la hora de emitir su voto.
Así, con un sistema mayoritario, el partido que ganase las elecciones conseguiría una cómoda mayoría absoluta para poder gobernar sin estar sometidos a chantajes permanentes. Esto es especialmente importante si quien negocia con ellos es alguien dispuesto a ceder en todo con tal de seguir en el poder. Como digo, unas ocasiones beneficiaría al PSOE y otras al PP -o a los dos partidos mayoritarios que hubiese en cada momento-, pero quien ganase podría gobernar sin chantajes permanentes. Del mismo modo, tampoco excluiría al nacionalismo, porque seguirían ganando en sus circunscripciones y obteniendo representación parlamentaria, como sucede en el Senado. Simplemente, no tendrían capacidad clave de decisión, como sucede ahora, pero estarían representados.
Una última opción es reformar la ley electoral aprovechando la posibilidad de ampliación a 400 diputados que ofrece la Constitución, de manera que esos nuevos 50 escaños fuesen adjudicados automáticamente al partido que hubiese ganado las elecciones por el sistema actual. De esta forma, garantizaría en la mayoría de los casos un gobierno fuerte.
Aunque la ley electoral es orgánica y basta la mayoría absoluta para modificarla, es obvio que no se puede cambiar si no están de acuerdo, al menos, los dos grandes partidos. Deberían llegar a ese acuerdo y huir del chantaje de pequeños grupúsculos, generalmente nacionalistas, pero mucho me temo que no lo harán.