Motosierra o comunismo

Hace tiempo que el eje discursivo no gira en torno a lo que solía gustar -y bastar- al sistema político de toda la vida: derecha-izquierda, ricos-pobres, arriba-abajo, en esa tensión irradiadora que a Errejón le provocaba sudores calientes de casta sobrevenida. Lo de siempre ha dejado de ilusionar en la motivación electoral de ese cuerpo de ciudadanos a los que ya no se le lleva a las urnas bajo las dicotomías mentadas. Antes de la irrupción de Javier Milei, pero sobre todo con la irrupción de Milei, el debate mundial sobre lo que conviene apoyar y defender y contra lo que hay que posicionarse y manifestarse, lo que hace ganar elecciones, derribar gobiernos y cambiar dinámicas, es el que se centra en la diatriba siguiente: quienes quieren más Estado frente a los que desean su reducción en la vida del individuo.

Lo que ha ayudado a Milei a triunfar en Argentina, a Bukele en El Salvador y a Trump más recientemente en Estados Unidos, es su idea innegociable de hacer del Estado un órgano eficiente al servicio del ciudadano y no un negocio privado de intereses políticos, donde los que viven de lo público tenían más privilegios que el porcentaje de personas que producen y que parece que sólo servían para pagar impuestos con los que mantener el statu quo de un grupo elitista, alineado con el progresismo y las causitas woke que tanto dinero generan como negocio y tanta división crean como consecuencia de sus dislates ideológicos. Las diferentes costras que se sirven del presupuesto general tiemblan en aquellos países desde que Musk habló de crear un Departamento de Eficiencia Gubernamental a la manera en la que Milei hizo en Argentina para acabar con la corrupción y el saqueo de las arcas públicas.

Algo similar acaba de crear el empresario argentino Martin Varsavsky en España, una aplicación DOGE donde todos los usuarios podemos denunciar con libertad el gasto no justificado de la administración, y aportar soluciones al problema del excesivo peso del Estado en nuestras vidas y bolsillos. Porque el problema de eficiencia no es ya únicamente un asunto político, sino un problema de Estado. Y no sólo en el Gobierno, pero sobre todo en el Gobierno. Ocupamos el puesto 31 de 38 países de la OCDE, donde campeonamos en burocracia, gasto ineficiente y triplicades administrativas. Ya estamos a la cola en la propia Unión Europea respecto a eficiencia del gasto público, superando los costes administrativos respecto a los países de nuestro entorno. Mientras la economía crece en base a la deuda pública y al dopaje de los fondos europeos, es decir, decrece en cuanto a competitividad y empleo laboral estable con salarios decentes, la grasa de aparato estatal se multiplica con la creación de un ejército de mantenidos que nada aportan a la caja común, salvo su cuota ideológica al partido que los coloca y amamanta.

Si Trump va a prescindir de la USAID, la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo) americana, por haber despilfarrado cientos de millones de dólares en supuestas causas humanitarias, pagar al zurderío de Hollywood para que visite Ucrania y otras memeces publicitarias progres, ¿por qué no podemos hacer lo mismo aquí, si es público y notorio que el gobierno socialista está sacando dinero del país y regalando millones de euros a países para causas tan importantes como la impartición de talleres sexuales en Bolivia o arreglar el saneamiento de agua de municipios salvadoreños?

Si a Milei no le tembló el pulsó para cerrar organismos públicos, echar a la calle a miles de personas que ocupaban puestos duplicados y salarios desorbitados sin pasar por su lugar de trabajo, ¿qué impediría replicar el mismo ejemplo en España? Es fácil: porque lo impide el consenso socialdemócrata, que no es más que la suma de la dictadura socialista y los complejos populares, que cuando llega al poder, nunca derriba el edificio moral e ideológico que permite a la izquierda volver a retomarlo y vaciar el granero económico que tanto costó llenar, en ese bucle melancólico eterno y sectario de socialismo de mentira y miseria.

La política de motosierra es esencial para el futuro de España y alguien tiene que ocuparse en serio de ella. Si dependiera del que esto escribe, la reducción del aparato del Estado sería innegociable, y lo primero que haría sería echar a la calle a toda esa mamandurria ineficiente que ocupa puestos y salarios prescindibles. Y no me preocuparía ni un segundo en saber si la prensa de izquierdas me insulta o las calles se llenan de vividores protestando por haber perdido su privilegio de causita.

El coste de arreglar el mobiliario urbano que la izquierda destroza cada vez que sale a manifestarse es mínimo y asumible en comparación con el desahogo que para las arcas del Estado supondrá aplicar recortes conscientes y directos. ¿Dónde? En la mitad de ministerios y consejerías, en todos los observatorios y chiringuitos ideológicos de causitas woke, en parte del funcionariado ineficaz cuyos puestos están duplicados, en las televisiones públicas al servicio de los políticos y no del ciudadano, en tanta ayuda al exterior que sólo sirve para justificar colocaciones futuras y mansiones a ex cargos públicos.

¿Quienes se opondrán a todo ese recorte de gasto público y a la creación de un departamento de eficiencia gubernamental? Obvio: todos aquellos que viven del gasto público sin aportar nada mas que la adhesión a una causa ideológica, por lo demás siniestra y autocrática. Se asume. Pero es el momento. Y en España, cuando toque, también llegará la hora de acabar con el Estado como elemento totalizador de la vida. Motosierra o comunismo.