El motín de la Libre Empresa

En diciembre de 1773 un grupo de colonos americanos de Boston arrojaba al mar la carga de té de tres barcos ingleses. Se considera el primer acto de protesta de los colonos contra las excesivas imposiciones a la fuerza del poder establecido sin dialogo y se considera como el precedente de la sangrienta guerra de la independencia de los EE.UU.

Cuando desde el Gobierno se abusa de forma intransigente de la imposición unilateral, te arriesgas a destrozar el acuerdo y te expones a una rebelión. Y no se entiende esta provocación desde una parte del Gobierno que ha sido capaz de llegar a cinco grandes acuerdos desde la honestidad y la lealtad durante la pandemia y en circunstancias muy complicadas. La confianza en el diálogo social es la espina dorsal para mejorar la competitividad de la economía española.

La crónica del motín de la libre empresa arrancó la semana pasada en un concurrido desayuno informativo en Madrid de Nueva Economía del que fui un sorprendido testigo más. El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva presentado por el secretario de UGT, puso el acento en la manipulación del trabajo honesto de sindicatos y empresas, basado en responsabilidad y lealtad, orillando con un pretendido decretazo la negociación colectiva y el diálogo social afectando a los 11 millones de empleos de las miles de pymes españolas que tienen una media de rentabilidad del entorno del 3%. En resumen, un hartazgo empresarial con el gobierno de primer nivel que afectaba al 99% de nuestro tejido empresarial que piden más respeto por parte del gobierno.

Desde entonces, en estos días se han celebrado las Asambleas Generales de CEPYME y de CEOE, presentando un completo manifiesto a favor de la libertad de las empresas y del fin de las injerencias del Gobierno. En el mismo se hace referencia a la dignidad empresarial y la falta de reconocimiento público a la creación de valor y empleo. Al exceso de regulación, cargas sociales y fiscales que restan competitividad. A la falta de respeto a la negociación colectiva y al diálogo social, terminando con la petición de flexibilidad interna para poder competir en jornada y salarios.

Llevamos dos semanas donde la vicepresidenta del Gobierno responsable de hablar con los empresarios en lugar de hablar con ellos, habla de ellos desde posiciones maximalistas, incluso estableciendo públicamente ultimátums en un proceso de negociación abierto, con una falta de consideración a los verdaderos responsables de la creación de empleo y de los que son sus representantes en más de 5.000 mesas de negociación con las centrales sindicales claro exponente del necesario diálogo social desde hace cinco décadas. 

Se sorprende la vicepresidenta del Gobierno en público de la actitud en privado de los representantes de CEOE y CEPYME, cuando se pretende imponer una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y que es equivalente a dar 12 días de vacaciones pagadas por los empresarios, si a aquellos a los que no se les escuchan los argumentos que defienden públicamente: analizar el impacto sobre la productividad y diferenciar tamaños, sectores y geografías.

Salvo que estés totalmente deslumbrado por el eslogan propagandista y populista de poder trabajar menos horas por el mismo salario, no debería ser difícil entender que la productividad no depende solamente de lo que hacemos en nuestra jornada laboral, sino que tipo de trabajo desempeñamos durante el horario que tenemos contratado y la necesidad de realizar el análisis con tiento sector por sector sin una precipitación chapucera.

No es lo mismo cubrir un horario con disponibilidad presencial en tiempo de servicio que fabricar un producto, bien o servicio, en menos horas por la mejora de la productividad y la incorporación de la tecnología -sea esta una máquina herramienta o la inteligencia artificial-.

Un dialogo social frente a un monólogo político que además parece que no cuenta con el apoyo de sus socios parlamentarios en el Congreso, Junts y PNV. Esa negociación deberá sostenerse sobre un análisis de impacto previo, los datos del cálculo de un impacto económico próximo a los 11.800 millones de euros que supone la reducción de la jornada laboral. Es importante escuchar a los expertos y establecer un calendario realista de implantación de las medidas que se acuerden entre sindicatos y empresarios que sea asumible por las partes.

A mi modo de ver se trata de exigencias normales de la mayoría de las empresas medianas y pequeñas que van a verse afectadas de una forma clara por una medida que sin duda reduce la productividad y la competitividad de nuestro tejido empresarial en los sectores de servicios presenciales tan importantes en nuestra economía.

Además del plante sobre la jornada laboral, que se hace sin ninguna compensación en las cotizaciones sociales, los empresarios están también preocupados por otros asuntos que afectarán a la regulación sancionadora en derecho del trabajo como que el agravante por infracción por tiempo de trabajo pase de ser grave a muy grave y sus consecuencias efectivas sobre la replanificación laboral y abordar la distribución irregular de la jornada en un entorno de un absentismo laboral disparado. Los empresarios quieren una mayor concreción a la hora de definir que es incumplimiento, dependiendo del sector y del momento exacto donde se produce.

Parece que una parte del Gobierno ha reaccionado ante el motín empresarial organizado de forma innecesaria e irresponsable por la otra parte del Gobierno orillando y usurpando la negociación colectiva. La falta de acuerdo con socios parlamentarios clave, a los que tampoco se les ha consultado, es una clave importante para comprender este repentino aparente cambio de actitud del Gobierno. 

Solo el tiempo nos dirá si al final ha merecido la pena por parte de los empresarios poner el acento en las equivocadas formas, ultimátum y falta de informes económicos para adaptar el fondo de una propuesta que puede afectar de forma devastadora a la productividad, competitividad y viabilidad de miles de nuestras pymes o simplemente se ha ganado un cambio de actitud y un poco de tiempo para hacerlo de forma gradual mediante la aprobación de un periodo transitorio razonable con miles de convenios ya aprobados.

Fiducia est clavis ad meliorem productivitatem

José Luis Moreno, economista ha sido director de Economía en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Analista económico y empresarial.