Montero embrolla más el cupo catalán

El Gobierno -a través de Illa y del PSC- acordó, como es bien sabido, otorgar a Cataluña un régimen fiscal propio, que ellos llaman «financiación singular» y que no es más que un concierto económico con un cupo catalán, que se calculará igual de mal que el vasco, es decir, favorecedor para los independentistas. Eso va contra la ley, quiebra la solidaridad, introduce la injusticia y establece ciudadanos de primera y de segunda.

Pues bien, debido a las reacciones que ha habido en contra de dicho cupo, el Gobierno ya no sabe cómo salir de este entuerto, y cada declaración es más sonrojante, absurda e imposible que la anterior. Comenzaron diciendo que es bueno para Cataluña y para toda España -Sánchez y Bolaños-, para repetir luego que no perjudica a ninguna comunidad autónoma -la portavoz del Gobierno, por ejemplo-, y dejar, finalmente, que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo explique y profundice en el argumentario del Gobierno. Y ahí ya la situación se torna esperpéntica, pues la responsable de las finanzas pública, que sabe perfectamente que esto quiebra el sistema, que muchas regiones no podrán pagar parte de determinados servicios y que la AGE verá cómo merman sus recursos, no sólo ha afirmado que miente quien sostenga eso, sino que esta medida, que califica de buena, es de financiación singular y que es compatible con el hecho de que otras regiones soliciten también su financiación singular.

O la ministra no sabe lo que dice o miente con desparpajo: si darle un sistema fiscal propio a Cataluña es económicamente inviable, dárselo al resto rompe para siempre con cualquier atisbo de solidaridad interregional que pueda quedar y establece claramente la apuesta del Gobierno por un sistema regresivo de ciudadanos de primera y de segunda. Si además de Cataluña lo tuviesen todas, Madrid y Baleares tendrían recursos suficientes para sufragar sus gastos, pero, ¿y el resto? Las otras doce -las dos forales seguirían en su régimen privilegiado- verían mermar enormemente la financiación que reciben, provocando un enorme empobrecimiento en cuanto a la prestación de determinados servicios que podrían ofrecer en Cataluña, pero no en Castilla-La Mancha, por ejemplo.

Todo es un despropósito. Es probable que Montero haya dicho esto para tratar de desviar la atención e introducir en esa especie de financiación singular a otras CCAA, posiblemente Madrid, no para otorgárselo -pues Montero quiere homogeneizarle los impuestos- sino para hacer ver que también podrían optar a ello y desenfocar el atropello que supone el cupo catalán. No tiene sentido alguno nada de esto, pero el Gobierno cada vez embrolla más este esperpento, a sabiendas de que es ilegal, que genera injusticia y que acaba con la solidaridad, mientras nos toma por tontos a todos los españoles.