Martes sociales: Sánchez invita, España paga

Hay gobiernos que dejan presupuestos, reformas y proyectos de futuro que luego viene el siguiente gobierno y saca partido de acuerdos aún por ejecutar. Y hay gobiernos cuya recta final parece una programación especial de televisión: cada semana, un anuncio; cada martes, una nueva medida; cada rueda de prensa, otra cifra millonaria. Pedro Sánchez ha decidido que el tramo previo a las elecciones del 29 de noviembre tenga su propia banda sonora social; total, España ya pagará. Pero ojo, este despilfarro en época electoral debería ser llevado ante un juzgado; yo no sé si es prevaricación o cómo coño se le pueda denominar, pero para mí es abuso de poder.

El 20 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó 180 millones de euros para políticas de vivienda en comunidades con zonas tensionadas y otros 45 millones para proyectos de alojamiento universitario. En total, 225 millones. Las iniciativas persiguen objetivos de última hora antes del 29-N, como aumentar la oferta residencial asequible y facilitar alojamiento a estudiantes y personal universitario; o sea, votos. Pero también dejan una pregunta que el Gobierno debe responder sin eslóganes: ¿qué resultados concretos obtendrá España por cada euro comprometido?

Porque una subvención no construye por sí sola una política eficaz. Hay que comprobar cuántas viviendas se terminan, cuándo estarán disponibles, qué alquiler tendrán y cuántos estudiantes podrán acceder realmente a esos alojamientos. La respuesta es obvia: no hay un solo dato que explique resultados próximos y que den futuro.

Y es que, lo creamos o no, los martes suenan a caja registradora. A aquellas antiguas que se golpeaban para marcar el precio: clin, caja. 

El calendario electoral añade un elemento político innegable. Sánchez convocó las elecciones generales para el 29 de noviembre y el Ejecutivo convertirá las últimas semanas en una sucesión de iniciativas sociales. La proximidad de las urnas demuestra despilfarro sin controlar sus efectos reales y hace imprescindible explicar por qué se aprueban ahora, qué urgencia atienden y si su calendario responde a una planificación previa o a una estrategia de comunicación.

El Consejo de Estado ni está ni se le espera porque, claro, aunque es un órgano consultor del Gobierno, también podría opinar en algún momento. ¿Qué dictaminaría este órgano sobre la adecuación de estas decisiones al ordenamiento jurídico? Es posible que me haya pasado de frenada, dirán ustedes por lo del órgano consultivo; no está para ello, pero la impotencia como ciudadano es inevitable al ver un dispendio económico que yo deberé pagar, entre otros españoles.

Lectores, convendrán conmigo, quizá, que hay una anomalía institucional difícil de ignorar: España sigue funcionando con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados. La prórroga es legal y permite mantener los servicios públicos, pero tres ejercicios sin unas nuevas cuentas aprobadas plantean un problema de planificación, prioridades y control parlamentario.

Un país de la dimensión económica de España necesita algo más que una sucesión de decisiones parciales en época electoral. Necesita saber cuánto va a gastar, de dónde procederán los ingresos, qué inversiones considera prioritarias y qué compromisos está adquiriendo para los próximos años.

Pero hay una opinión más que desearía dejar caer. La discusión territorial exige la misma precisión. La Generalitat de Cataluña estima que el nuevo modelo de financiación le aportaría 4.686 millones de euros adicionales a partir de 2027. ¿Pero es para todas las autonomías igual o sólo para quienes votan sanchismo?

El País Vasco, por su parte, dispone de un concierto económico propio -hay que joderse- y abona al Estado un cupo por las competencias estatales no asumidas. No es correcto sumar sin más esa cantidad a las transferencias recibidas por otras comunidades y presentar el resultado como una comparación equivalente.

La cuestión política de fondo es otra: ¿garantiza el sistema que los ciudadanos reciban una financiación adecuada para los servicios públicos con independencia de dónde vivan? ¿Son transparentes los criterios de reparto? ¿Se ha explicado con claridad qué comunidades ganan, cuáles pierden y cómo se financia el conjunto? No son votos.

Ahora, entonemos la penúltima reflexión con dos bandas sonoras: del «Resistiré» del Dúo Dinámico al «¿Quién me ha robado el mes de abril?», de Joaquín Sabina.

España es la cuarta economía de la Unión Europea por PIB nominal. Cuenta con empresas competitivas, trabajadores cualificados, capacidad exportadora y sectores productivos de gran importancia. Reducir la situación del país a un diagnóstico catastrofista sería tan poco riguroso como ignorar sus problemas fiscales, de vivienda y de productividad.

Precisamente por su dimensión, España necesita una política económica que vaya más allá del riego de millones los martes sociales. Alguien debe tomar el control; ¿es legal en época electoral cuando no hay ni siquiera presupuestos en los tres últimos años despilfarrar dinero en esta dimensión?