Una solución liberal para el problema de la vivienda

El acceso a la vivienda se está convirtiendo en un gran problema. El intervencionismo está estrangulando el mercado con su política intrusiva, donde quiere establecer control de precios, imponer cuotas de vivienda social en cada promoción de viviendas y donde no lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. Esto desincentiva la oferta.

Además, su negativa a liberalizar suelo constriñe la oferta todavía más, con lo que el precio sube. Por otra parte, como hay una demanda creciente, el precio se incrementa también por esa vía.

Adicionalmente, la burocracia ralentiza todo el proceso de movilización de suelo -con su parte de fundamentalismo medioambiental que puede llegar a paralizar una promoción entre dos y tres años-, agravando el problema de oferta.

Por eso, como ya señalaba este periódico recientemente, desde el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria hemos propuesto, recientemente, las siguientes medidas:

Ampliar la disponibilidad de suelo urbanizable, de manera que pueda ponerse en producción suficiente oferta en el mercado inmobiliario. Este aumento impulsaría exponencialmente el tamaño de la oferta, clave para poder reducir el precio.

Esa liberalización debería ir acompañada de una reducción de la burocracia al mínimo posible, que permitiría agilizar la tramitación de licencias y requerimientos normativos. El silencio positivo debería pasar a aplicarse.

Igualmente, debería revisarse la normativa medioambiental puesto que actualmente existe una agresiva restricción medioambiental no justificada, que puede llegar a retrasar dos o tres años la construcción de viviendas.

Corregir, con su eliminación, los efectos de las políticas de control de precios, ya que la limitación de precios en el mercado de alquiler expulsa a ciudadanos que desearían alquilar y que, ante la dificultad existente para ello, recurren a la compra, que tensa la demanda y los precios en un entorno de escasez de oferta.

Se recomienda flexibilizar la limitación de alturas adecuada a las necesidades demográficas, flexibilizar también los cambios de uso a residencial, incrementar la densidad de viviendas y edificabilidad en los nuevos desarrollos y acabar con la limitación demográfica en cuanto a la densidad de población, así como adecuar el diseño urbanístico a necesidades reales que evite el consumo de suelo edificable en grandes calzadas y avenidas con sobrecapacidad, que son infrautilizadas y que drenan suelo disponible.

Reforzar la seguridad jurídica el mercado de la vivienda, con un cambio normativo que luche contra la ocupación y que permita recuperar una vivienda en casos de ocupación ilegal de manera inmediata, y que elimine riesgos de cambios normativos que atenten contra la propiedad, pues ello también contribuirá a mejorar la oferta en el mercado de alquiler y a aliviar tensiones en los precios, vía menor demanda, en el de compra de viviendas.

Analizar una posible reducción de los impuestos a las viviendas, incluso eliminarlos. En vivienda de segunda mano, las CCAA pueden reducir al 0% el tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales para vivienda habitual. En el caso del IVA, el Gobierno podría solicitar a la UE que incluyese la vivienda habitual en aquellos bienes y servicios que pueden ser objeto de aplicación de tipo cero. Dicha bajada convendría que fuese justo después de la liberalización del suelo y la eliminación de la burocracia, para impedir que ese ahorro se trasladase al precio ante el mantenimiento de la escasez de oferta.

Promover un marco de actuación equilibrado en el mercado de la vivienda que corrija la que existe, que tapona las posibilidades de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, para comprar una vivienda, con gran incidencia en la clase media, que no puede acceder a una vivienda de ayudas públicas, puesto que tiene una renta mayor al listón que da derecho a optar a ella, pero que con todos los impuestos que paga y los que gravan la vivienda, no tiene capacidad para afrontar la compra de una, porque los precios son exorbitados debido a la regulación e intervención en materia de vivienda y a la voracidad recaudatoria que sufre también la compraventa de viviendas.

Todo ello, permitiría lograr que el acceso a la vivienda fuese más fácil para tantos ciudadanos, especialmente jóvenes.