Un Estado sin responsabilidad: fallos del Estado, costes del ciudadano

¿Quién responde cuando falla el Estado? En una democracia verdadera el poder no es patrimonio personal, ni patente de impunidad, ni botín electoral. Es un mandato temporal y condicionado. Y, sin embargo, asistimos a un espectáculo inquietante: quienes detentan el poder han desarrollado una extremada destreza para exigir cuentas a los demás y una habilidad prodigiosa para eludir las propias.

El Estado nos recuerda, con tono de maestro severo, que debemos cumplir la ley, pagar impuestos, respetar las normas y asumir las consecuencias de nuestros actos. Nos predica que toda libertad lleva aparejada una responsabilidad. Pero ¿qué ocurre cuando el que incumple o el que gestiona de manera deficiente es el propio Estado? ¿Dónde queda entonces esa exigencia? ¿Quién abona la factura de sus errores? La respuesta siempre es la misma: el ciudadano de a pie, con sus impuestos.

Las tragedias ferroviarias de Urda, con sus 69 muertos, y de Adamuz, con 46, han vuelto a poner esta cuestión sobre la mesa de la manera más cruda. Dos catástrofes que no pueden quedar reducidas a un trámite administrativo o a un cambio de titulares. Óscar Puente presentó su dimisión y al día siguiente lo hizo el presidente de Adif. Bien. Pero una dimisión no es el final de las explicaciones: es, solamente, lo mínimo de una exigencia democrática coherente. Porque dimitir no equivale a responder. Asumir una responsabilidad política no sustituye la investigación técnica, administrativa o judicial. Cada una de ellas debe llevarse a cabo con rigor, sin prejuzgar culpabilidades y sin permitir que el interés partidista dirija los resultados hacia la única narración conveniente.

Lo grave no son solo el accidente y los errores con catastróficas consecuencias. Es la cultura política que ha convertido la responsabilidad en una mercancía negociable. Una cultura en la que el gobernante se siente legitimado por haber ganado unas elecciones, como si el voto popular le entregara un cheque en blanco para administrar recursos ajenos, repartir prebendas y diluir las consecuencias de sus decisiones, sin someterse a ningún tipo de control o responsabilidad.

La democracia no consiste en elegir periódicamente a quienes tendrán el privilegio de mandar. Consiste, sobre todo, en impedir que quienes mandan puedan hacerlo sin límites ni contrapoderes. Esa es una de las lecciones más claras del pensamiento liberal. La libertad no es una concesión del poder: es una condición anterior y superior a ese poder. Nunca debe olvidarse la primacía del individuo frente a cualquier estructura que pretendiera sacrificar sus derechos en nombre de una abstracción colectiva. Y la tradición de la Escuela Austriaca ha subrayado una verdad elemental: el poder político carece de los mecanismos de conocimiento, de los incentivos y de la disciplina que impone la responsabilidad individual en un mercado libre.

El problema no es que el Estado pueda equivocarse. El problema es que, cuando concentra demasiado poder, puede equivocarse con el dinero de otros, tomar decisiones sin asumir personalmente sus costes y trasladar las consecuencias a quienes no participaron en ellas. En una empresa privada, una mala gestión puede destruir el patrimonio de sus propietarios, hacer perder clientes y provocar la salida de sus responsables. En la Administración, la mayoría de las veces el fracaso se traduce en una comisión de investigación, una comparecencia parlamentaria, un cambio de denominación ministerial o una nueva partida presupuestaria. El ciudadano vuelve a pagar. El responsable, no necesariamente.

No se trata de defender un Estado inexistente. Se trata de reclamar un Estado limitado, eficaz y sometido a controles reales. Un Estado que garantice la seguridad, la justicia, las infraestructuras y los derechos, pero que no confunda la autoridad con la impunidad ni la gestión de lo público con la propiedad de lo público.

La política debería ser el ejercicio más exigente de responsabilidad, precisamente porque administra recursos ajenos y toma decisiones que afectan a millones de personas. Y, sin embargo, hemos normalizado una inversión moral intolerable: se exige sacrificio al contribuyente, disciplina al trabajador y cumplimiento al ciudadano, mientras se concede al poder una indulgencia que jamás se permitiría a ningún individuo particular.

Una sociedad libre no puede aceptar esa asimetría.

El liberalismo no propone menos responsabilidad. Propone que nadie esté por encima de ella. No reclama que los gobernantes sean infalibles, sino que respondan cuando se equivocan. No exige que el Estado lo controle todo, sino que sea controlado por instituciones independientes, por la ley y por ciudadanos que no renuncien a su condición de soberanos.

Porque el poder sin responsabilidad degenera en privilegio. Y el privilegio, cuando se institucionaliza, acaba convirtiéndose en una forma de abuso.

Los ciudadanos no necesitan gobernantes que les expliquen durante horas por qué las cosas han salido mal. Necesitan instituciones capaces de evitar que salgan mal, mecanismos que permitan conocer la verdad y responsables que no puedan esconderse detrás del cargo.

La democracia no se mide por la cantidad de poder que acumula un Gobierno. Se mide por la capacidad real de los ciudadanos para exigirle cuentas.

El Estado puede equivocarse. Lo que no puede es exigirnos responsabilidad mientras se reserva para sí mismo el derecho a no tenerla.