Maricarmen y el nuevo 15M, sin gilipolleces

Así se instrumentaliza la carga emocional de una persona de 87 años en silla de ruedas: ​

1. La farsa legal del «desahucio injusto». Un fondo malvado echa a la calle a una anciana indefensa, dicen. La realidad jurídica es que el contrato de Renta Antigua lo firmó su padre en 1956. La ley permitió subrogar el contrato a la
madre y, cuando falleció, la ley le daba a la hija un máximo de dos años de prórroga. Su contrato caducó en 2007.

Maricarmen lleva 19 años viviendo fuera de la ley, algo que ratificó el Tribunal Supremo. No la están echando de un día para otro por capricho; están haciendo cumplir una sentencia judicial tras dos décadas de prórroga por la cara y diversas opciones que ella rechazó. Vivir en el barrio de Retiro a precios de la posguerra no es un derecho humano.

​2. El Sindicato de Inquilinas: Pretende que el propietario privado tiene que hacerse cargo de la vivienda social de la abuelita; sin embargo, la protección de los ancianos y de la gente vulnerable es competencia de los Servicios Sociales y del Estado. Obligar a un ciudadano o a un pequeño tenedor a financiar la casa de un tercero durante dos décadas no es justicia social, es una expropiación encubierta con cara de pena.

Si la administración pública lleva 20 años sin mover un dedo para buscarle una alternativa habitacional a Maricarmen, el fallo es del político de turno, no del dueño del inmueble.

​3. Ojo con la letra pequeña de la ley: Las regulaciones extremas, las moratorias de desahucios y los topes de precios se venden como un escudo para el débil, pero producen exactamente el efecto contrario. Si le quitas al propietario la garantía legal de recuperar su casa si hay un problema, no estás protegiendo al inquilino; estás destruyendo el mercado y haciendo imposible que la gente encuentre un techo.

4. Discriminación: El show mediático es una hostia en la cara para la gente que de verdad lo pasa mal. Hay miles de familias en España en situaciones de pobreza extrema, hacinadas o directamente en la calle, que no reciben ni un solo euro de ayuda pública ni tienen a las cámaras de televisión en su puerta.

Dedicar recursos públicos extraordinarios o exigir tratos de favor a alguien que ha disfrutado durante 19 años de un piso de 90 metros en una de las mejores zonas de la capital es una discriminación brutal.
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5. Al activismo, a PAQUITA le importa un pedo:​ Lo que necesitaban desesperadamente era un muñeco de trapo perfecto, una imagen dramática en silla de ruedas para humanizar su causa y generar culpabilidad social. Maricarmen es un escudo humano al que están utilizando sin pudor.

​6. ¿Qué quieren los «indignados»? Los colectivos que lideran estas protestas no buscan que el alquiler sea más barato, buscan cambiar el modelo económico por la vía del chantaje. Les interesa convertirse en los intermediarios imprescindibles entre el Estado y los ciudadanos para pillar subvenciones, gestionar licencias y mandar en el mercado.

7. La viabilidad de su performance: ​Por mucho que griten en la calle, sus exigencias son técnicamente inviables y no se van a llevar a cabo porque chocarían de frente con el artículo 33 de la Constitución que protege la propiedad privada; porque las competencias son de las Comunidades Autónomas y las regiones con sentido común no van a aplicar esa locura. Y porque la economía tiene memoria: allí donde se ha intervenido a lo bruto, como en Berlín o Barcelona, la oferta de pisos se ha hundido al instante y ha surgido el mercado negro.

​8. Del 15M al «26S»: El 15M fue un movimiento masivo (hasta yo participé) y transversal de gente cabreada con la crisis y con toda la clase política. 26s es RETÓRICA ramplona.

​9. Malo para todos: Gracias al numerito, cualquier propietario ve que un inquilino puede tirarse 20 años sin contrato y atrincherarse en su piso con el apoyo de una turba mediática. ¿La consecuencia? Que a partir de ahora nadie le va a querer alquilar un piso a una persona mayor, a familias con niños o a gente con ingresos ajustados por miedo a no poder recuperar la vivienda jamás. ​

Con este panorama de inseguridad jurídica, los dueños prefieren cerrar los pisos bajo llave, venderlos o destinarlos al alquiler turístico y de temporada antes que jugársela en el alquiler residencial. Al desplomarse la oferta, los pocos pisos que quedan suben de precio hasta las nubes.​​ Si sustituimos el Estado de Derecho y la inteligencia por el chantaje emocional nos vamos todos a la mierda.