Marcados como los judíos en la Alemania nazi

La información que publica OKDIARIO sobre la filtración, por parte de funcionarios de la Generalitat de Cataluña, de datos de ciudadanos constitucionalistas a los CDR es de una gravedad mayúscula. Lo hacen de forma coordinada desde juzgados u hospitales con el fin de estigmatizarles y forzar su salida de Cataluña tras aplicarles procedimientos propios de la kale borroka. La manera de actuar recuerda mucho a la empleada en la época nazi y es la constatación de que el separatismo ha derivado en comportamientos tan totalitarios que hablar de democracia en Cataluña es un eufemismo.

El plan es abyecto, pero revelador de una estrategia de exclusión sistemática que no es nueva. Al fin y al cabo, el separatismo lleva practicando esa táctica desde hace tiempo. Se trata de señalar a todo aquel que no comulga con el ideario secesionista para presentarlo como un traidor al que hay que castigar por el bien de Cataluña. Algunos dirán que se trata de casos aislados, fruto de la acción particular de unos pocos, pero la coordinación entre funcionarios adictos a la causa separatista para llevar a cabo ese plan  demuestra que hay una estructura creada que opera con total impunidad. Y hay, por supuesto, ciudadanos que están sufriendo el vil acoso y que se sienten absolutamente desamparados.

Lo que está ocurriendo en Cataluña es un conflicto, sí, pero no el que denuncia el separatismo, sino el que sufren a diario miles de ciudadanos concernidos con España y su Constitución y que están siendo marcados como los judíos durante el nazismo. Y está ocurriendo en España, ahora, en pleno siglo XXI, mientras el socialismo ultima un acuerdo con el secesionismo. ¿Qué pueden esperar del Estado esos ciudadanos señalados por el separatismo si el próximo Gobierno de España lo será gracias al apoyo de quienes han exigido como condición al PSOE que les allane el camino para lograr su aspiraciones de romper con España? ¿Qué será de ellos? La respuesta no invita al optimismo, porque la permanencia de Sánchez  en La Moncloa tiene un precio: la claudicación del Estado