Lo que Calviño oculta sobre la catástrofe en ciernes

¿Sabía usted que la hipótesis de que España se encamina a un escenario de estanflación cobra cada vez más verosimilitud? No. El Gobierno jamás se lo contará. ¿Sabía que este escenario es más peligroso que el de la década de los setenta del siglo pasado porque ahora el nivel de deuda pública es infinitamente más elevado y entonces la crisis había estado precedida por un periodo de fuerte y prolongado crecimiento? Tampoco se lo contará la ministra Calviño. Pero no cabe duda de que si el Ejecutivo mantiene su política fiscal expansiva y prosigue la senda de crecimiento del gasto público, las consecuencias sociales serán más duras porque no se logrará yugular las expectativas de inflación, que son crecientes, y que combinadas con un estancamiento de la actividad económica pueden causar mucho sufrimiento a la población.

La Comisión Europea ha decidido esta semana prolongar durante un año más la suspensión de las reglas a las que obliga el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento. Es una mala noticia. Naturalmente que ninguno de los países que compone la Unión iba a cumplir los estándares exigentes que implica: un déficit del 3% y una deuda pública en el entorno del 60%, pero la reinstauración de las normas habría servido de acicate, sobre todo para los gobiernos sucios como el nuestro. Habría marcado un camino de esfuerzo y de rectitud insoslayable. En caso contrario, que es el que nos ocupa, tenemos que pensar que la Comisión Europea actúa como el señor Sánchez en España en lo que respecta a la educación: ni deberes, ni sacrificios, ni gaitas.

Los acólitos del presidente, partidarios de la compra masiva de votos a través del gasto público a fin de que se perpetúe en La Moncloa y así pueda garantizar eternamente sus canonjías, están encantados con esta nueva muestra de relajación fiscal. Las palomas se han impuesto sobre los halcones, dicen, y están satisfechos de haber ganado una nueva disputa ideológica con el falso pretexto de favorecer a los pobres.

Mi opinión es que, a pesar de todo, pintan bastos. Bruselas va a seguir demandando a Madrid reformas consistentes para reducir sus desequilibrios, y es difícil que trague con la intención del Gobierno de revalorizar las pensiones según la evolución de los precios. ¿Sabe usted que este capricho, socialmente injusto, puede costarnos más diez mil millones que habrá que cargar a un presupuesto completamente exhausto?

Mi amigo Amadeo, el químico jubilado del que les hablo con frecuencia, que detesta a Sánchez, que es un derechista genuino, estaría encantado con que le subieran la pensión un 6% o más, que será la inflación media del año. Pero desconfía. Cree que no será así. Yo trato de convencerle de que el Gobierno cumplirá con su promesa y con la ley inicua que ha aprobado porque, como Felipe González en su época, los votos de los pensionistas son muy importantes, hay que cuidarlos, por mucho que el suyo hace tiempo que haya emigrado hacia otros territorios más razonables.

Pero cuando digo que pintan bastos es porque los países más importantes del mundo, reunidos en el G-7, han lanzado la semana pasada una serie de mensajes inequívocos sobre la necesidad de acabar con las políticas expansivas del gasto público. «No es el momento de estimular la demanda ni de aumentar los subsidios», afirmó Christian Lindner, el ministro alemán de Finanzas que dirigía el encuentro. Y al mismo tiempo, señaló a los gobiernos manirrotos, el caso del español, como cómplices del empuje de la inflación, patrocinando los mensajes de los que tan lejos estamos: «Hay que retornar a las políticas de libre mercado, se debe fortalecer el lado de la oferta, es necesario un crecimiento de la producción privada».

También Lindner se pronunció en contra de establecer más fondos de la UE, como los que se usaron para contrarrestar la pandemia, a fin de arreglar los problemas ocasionados por la invasión de Ucrania y los enormes cuellos de botella en la cadena de suministros. Es la hora de gastar menos y de producir más, de sacudir la economía con medidas liberalizadoras y de cortar con el cordón umbilical que nos une sin solución de continuidad al presupuesto público, con la asistencia financiera a coste cero, vino a decir.

Vienen tiempos muy difíciles. El endurecimiento de la política monetaria para detener la espiral de precios aboca de manera inevitable a una ralentización de la actividad de los países desarrollados sin que quepa descartarse una recesión en alguno de ellos. En este marco coyuntural diabólico, la situación de la economía española es lo más parecido a una catástrofe, aunque esto tampoco se lo contará la ministra Calviño. Somos el único estado de la UE que no ha logrado recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia y nos hemos alejado de la convergencia real con nuestros socios, que se han comportado sensiblemente mejor.

Cuando el Banco Central Europeo deje de comprar bonos soberanos en julio y suba los tipos de interés, las hipotecas se encarecerán, la financiación disponible para las compañías será más cara, el alto endeudamiento de los hogares y de las empresas será más gravoso y las expectativas, que son básicas para impulsar la actividad, habrán empeorado de manera sustancial.

Como bien explica el economista José Luis Feito, no se puede detener la escalada de la inflación sin restringir el crecimiento de los medios de pago y de financiación que respaldan el gasto, es decir, sin subir los tipos de interés. «Esto no implica, sin embargo, que la política monetaria deba ser el único instrumento de la política anti-inflacionista, especialmente cuando concurren presiones estanflacionistas. En estas circunstancias, una política monetaria rigurosa es indudablemente imprescindible, pero para aliviar los daños colaterales de la misma en términos de pérdidas de producción y de puestos de trabajo se deberían reducir los impuestos al empleo y aumentar la flexibilidad del mercado de trabajo, reorientar la lucha contra el cambio climático hacia opciones menos gravosas para los costes de producción e intensificar la competencia en los mercados de bienes y servicios. En otras palabras, habría que hacer justo lo contrario de lo que se está haciendo en nuestro país».

El economista Lorenzo Bernaldo de Quirós ha escrito un paper fundamental sobre la marcha del país. «Con una economía en franca desaceleración, con un mercado de trabajo al que la contra reforma laboral ha hecho aún más rígido, con una ligazón muy estrecha de los salarios al IPC y con la persistencia de unos elevados costes energéticos es impensable que no se produzca un alza del desempleo o una disminución de la contratación». Según Freemarket, la consultora que preside el gran Lorenzo, la evolución de la demanda interna, la del sector exterior y de las expectativas de los agentes económicos sugieren un incremento del PIB en 2022 en la franja del 2,5/3,5% en términos interanuales, bastante por debajo de lo que prevé el Gobierno. «Esto supondría un escenario práctico de estanflación este mismo año». Tampoco de esto le dirá nada la ministra Calviño, ni ha dicho nada al respecto el mandarín Sánchez en Davos. Que sigan con salud.