Ley sanitaria: caos en urgencias y listas de espera récord

El Gobierno ha presentado la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud como un escudo frente a la privatización. Sin embargo, el principal problema de esta norma es que legisla contra un sistema sanitario que ya no existe, al menos no como lo quieren dibujar. La sanidad española de 2026 no es un modelo exclusivamente público-directo, sino un sistema mixto que funciona apoyándose, en una parte muy relevante, en centros privados integrados en la red asistencial.

Los datos son claros y proceden de entidades como la patronal ASPE, que señala que en España existen 777 hospitales, de los que 432 son privados, lo que supone el 56% del total. Estos centros concentran, además, cerca de la tercera parte (31%) de las camas hospitalarias del país. Pero lo verdaderamente determinante no es la infraestructura, sino la actividad: el 33% de las intervenciones quirúrgicas, el 24,5% de las urgencias, el 21,6% de las consultas y el 22,6% de los ingresos hospitalarios se realizan hoy en centros privados.

Esto se traduce en que entre uno de cada cuatro y uno de cada tres procedimientos médicos del sistema sanitario español dependen ya de la colaboración con centros privados. No se trata de un elemento marginal ni accesorio, sino de una pieza estructural del funcionamiento diario del SNS.

Colaboración público-privada basada en excepciones

La nueva ley no anula los conciertos existentes, pero sí convierte la colaboración futura en una excepción administrativa, sometida a informes, comités, filtros previos y prioridades ideológicas que, en la práctica, dificultan su uso y añaden más burocracia -si cabe- a los procedimientos. Es aquí donde surge la pregunta clave que el Gobierno no ha respondido con claridad aún, y es qué ocurre con la capacidad asistencial si se limita la colaboración entre lo público y lo privado en un futuro cercano.

Cuando un sistema sanitario pierde capacidad, el impacto no se percibe en los discursos políticos ni en el BOE. Se percibe en listas de espera más largas, en quirófanos infrautilizados por falta de flexibilidad, en urgencias saturadas cuando llegan los picos de demanda y en una mayor desigualdad territorial, especialmente en aquellas comunidades que utilizan estos recursos para aliviar la presión asistencial.

El paciente no se opera con ideología, sino con quirófanos disponibles, con profesionales suficientes y con circuitos sanitarios ágiles. Al ciudadano no le preocupa quién gestiona el hospital, si el control es público o mixto; le preocupa cuándo le atienden y si el sistema responde cuando lo necesita; es decir, en tiempos adecuados. Convertir por ley una herramienta esencial como es el modelo público-privado en algo casi excepcional no garantiza ni más control ni mejores resultados. Puede, en cambio, reducir la capacidad real del sistema en el peor momento posible, con una población más envejecida, más crónica y con mayor demanda sanitaria.

Blindar el Sistema Nacional de Salud no debería significar cerrar puertas, sino exigir resultados, transparencia y control público a todos los operadores, sin renunciar a herramientas que hoy sostienen una parte esencial de la asistencia. Porque si una de cada tres cirugías depende ya de esa coexistencia, el verdadero riesgo no es la colaboración, sino quedarse sin ella sin un plan claro para sustituirla.