La Justicia para los pies al Gobierno y suspende el campamento de Puente

La primera, en la frente: la Justicia ha paralizado la instalación del campamento para inmigrantes que el Gobierno pretendía instalar en el Puerto de Ceuta, en contra de las autoridades locales y de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que venían advirtiendo del riesgo de que el campamento afectara a «infraestructuras críticas». La medida demuestra dos cosas: la primera, que el ordeno y mando del Ejecutivo no puede traducirse en un atropello sistemático, porque los intereses nacionales —en este caso las razones de seguridad— están muy por encima de los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez.

La paralización del campamento deja en evidencia al ministro de Transportes, Óscar Puente, que no sólo impuso sin consenso su voluntad, sino que, además, se cargó al abogado del Estado destinado en el Puerto de Ceuta no por desobedecerle, sino simplemente por atreverse a plantear dudas sobre la conveniencia de instalar allí el campamento. La Audiencia Nacional lo deja claro: se suspende la instalación porque, como solicitaba el sindicato SUP, existe un riesgo cierto de que el uso de unos 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para levantar un dispositivo temporal con capacidad para cerca de 1.000 personas podría provocar «incendios, evacuaciones y alteraciones del orden público, como ya se han venido produciendo en los lugares donde se concentran los inmigrantes». El sindicato recordó que se han producido «peleas, reyertas y también agresiones tanto a mujeres como a militares, policías y guardias civiles», además de intentos de subir a un ferry con destino a la península.

Lo que ha hecho la Justicia es suspender la instalación del campamento hasta que no se investigue si conlleva un riesgo grave para la seguridad. Es lo que demanda la lógica. Lo que pretendía el Gobierno era un disparate colosal, un peligro añadido para Ceuta. Por fortuna, la justicia le ha vuelto a parar los pies al Gobierno.