El secreto profesional de la prensa es un derecho reconocido en la Constitución española de 1978. Según reza el artículo 20, “la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de sus libertades”. Teniendo la Carta Magna como garante, los periodistas han tenido la oportunidad de cumplir con la sociedad y destapar grandes escándalos de corrupción en España gracias a la colaboración de sus fuentes. Unos informantes que deben quedar en el anonimato porque sin ellos la profesión periodística y la libertad de información serían absolutamente imposibles de practicar.

El magistrado de Palma de Mallorca Miquel Florit ordenó la semana pasada requisar móviles y ordenadores a dos periodistas del Diario de Mallorca y Europa Press que investigan la mafia policial del caso Cursach. El juez, atropellando el mandato constitucional gestado hace cuatro décadas, mandó secuestrar las herramientas de los citados profesionales con el fin de conocer la identidad de las fuentes que habían filtrado la información. Una decisión escandalosa y reprobable que atenta gravemente contra nuestra democracia y que pone en peligro, no sólo a los informantes que han permitido destapar esta trama corrupta concreta, sino que además atenta contra la intimidad de todas las fuentes con las que estos profesionales estén trabajando en la actualidad o hayan trabajado en el pasado.

Resulta indignante, a la par que desconcertante, que el magistrado Florit perteneciente a la izquierdista Jueces y Juezas para la Democracia –la asociación que supuestamente defiende hacer efectivos los valores constitucionales– haya pasado por encima de la sagrada Carta Magna vulnerando el secreto profesional y la libertad de información a la que tenemos derecho todos los españoles.