Investidura fallida: ¿y ahora qué?
Fallida la investidura del candidato socialista propuesto por el Rey, se abren dos meses de incógnitas acerca del futuro Gobierno de España. Algún día tendremos que tener Gobierno y, dada la coyuntura, mejor sería pronto que tarde. Sin embargo, me temo que tal y como se han venido planteando las cosas, olvidando lo esencial, volvamos a enredarnos en contar escaños hacia un lado y hacia el otro, en vez de escrutar las coordenadas que podrían facilitar una solución, si es que la racionalidad se impone.
Sin haberse obtenido la mayoría suficiente como para formar Gobierno, durante estos dos meses que tenemos por delante, por expreso mandato constitucional, se pueden tramitar sucesivas propuestas de investidura mediante el mismo procedimiento (art. 99.4 de la Constitución). Y si en estos dos meses no hay investidura, el Rey disolverá ambas Cámaras (Congreso y Senado) y, con el refrendo del presidente del Congreso, convocará nuevas elecciones (art. 99.5 CE).
Dos son las coordenadas constitucionales que es preciso comprender, e interiorizar, para analizar el complejo panorama que se nos presenta. La primera, la definición constitucional de nuestro sistema político. La segunda, la naturaleza y funciones de la investidura presidencial.
“La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, proclama el art. 1.3 de la Constitución. No cualquier Monarquía, sino una Monarquía parlamentaria. ¿Qué significa el adjetivo parlamentaria? La calificación de parlamentaria indica que el centro del sistema político se sitúa en el Parlamento. Y qué es el Parlamento, donde reside la soberanía popular, quién tiene la llave de las grandes decisiones, incluida la de quién tiene que ser presidente del Gobierno.
Ello comporta que a lo largo del texto constitucional el principio parlamentario impregna la configuración e interpretación del resto de instituciones. De modo que, aplicándolo a la investidura, la Constitución lo que dispone es que formará Gobierno quien consiga la mayoría parlamentaria. Claro está, cuando existe mayoría absoluta no hay que más que hablar. Pero cuando tal mayoría no existe, las fuerzas políticas deben lograr un acuerdo para obtenerla, en primera votación, o conseguir que, mediante apoyos explícitos o implícitos, se obtengan más votos positivos que negativos en la segunda.
Si no se asume que, en un sistema parlamentario, son las mayorías parlamentarias las que conforman los gobiernos, volveremos a contar y recontar escaños hacia un lado y hacia el otro y discutiremos indefinidamente acerca de si es el partido más votado el que necesariamente tiene que dirigir el Gobierno que se forme. Pero no desbloquearemos la situación.
“El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior —se refiere a la propuesta del Rey, a través del presidente del Congreso, tras las consultas a los grupos políticos con representación parlamentaria— expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la cámara” (art. 99.2 CE). La Constitución es también aquí muy clara: la cámara, es decir, el Congreso de los Diputados, otorgará o no la confianza no sólo a un candidato sino, primordialmente, al programa político del Gobierno que pretenda formar. Lo que significa que la Cámara puede estar a favor o en contra del candidato y/o del programa, o de ambas cosas a la vez. De ahí que personalizar en exceso la figura del candidato —o candidata— olvidando el significado político-constitucional del programa, tampoco nos lleva a buen puerto.
En este contexto, si nos vemos abocados a sucesivas propuestas, bueno será que se reflexione en torno a cómo pueden formarse mayorías suficientes en torno a programas políticos. Lejos de la simplificación generalizada en torno a izquierda/derecha o cambio/inmovilismo, es necesario tener en cuenta los ejes vertebradores de los programas políticos en los Estados democráticos y aplicarlos a nuestro caso.
¿Cuáles serían los indicadores más relevantes al respecto?
Los grandes ejes, teniendo en cuenta el debate político actual, se establecen en torno a cómo se pretende abordar la articulación territorial del Estado, qué modelo de sociedad se pretende, qué aporta y cómo se concibe la integración en la Unión Europea, cómo afrontar las consecuencias de la crisis económica y, en medio de todo ello, qué posición se adopta en relación con el sistema constitucional derivado de la Transición a la democracia.
Teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿parece posible que, con independencia del candidato —o candidata— pueda llegarse a algún acuerdo entre partidos? ¿Son plausibles acuerdos de Gobierno entre partidos políticos que dan respuestas diametralmente opuestas a cada uno de los indicadores planteados? ¿No sería mucho más coherente que se intentaran acuerdos entre quienes abordan en forma similar las soluciones? Tengamos en cuenta los hechos, la historia reciente de los partidos y de sus líderes y la ética pública que debe presidir sus actuaciones; no nos atengamos únicamente a las palabras.
El Rey hará, o no, porque no está obligado a hacerlo, nuevas consultas y nuevas propuestas de investidura durante estos dos meses que nos quedan. Recordemos que no está obligado ni a repetir candidato ni a proponer a los líderes parlamentarios, pues la Constitución deja abierta la posibilidad de que el Rey ofrezca la investidura a cualquier persona que pueda obtener la confianza del Congreso. Tampoco está obligado a una escenificación de los contactos, que si se hacen públicos es en virtud del principio de transparencia, puesto que existen fundadas dudas sobre si ha sido adecuada la gestualidad que hasta ahora los ha acompañado, al menos por parte de algunos.
Si la investidura no fructifica, porque no se presente ninguna candidatura o porque no se obtengan los votos necesarios en primera o segunda votación, ya se ha anunciado que el 26 de junio habrá nuevas elecciones, cuyo resultado, en cuanto a mayorías posibles, aparece de nuevo como altamente incierto. A partir de ellas, la rueda volverá a girar de manera semejante y podemos situarnos en septiembre ante coordenadas similares a las actuales. Prácticamente un año con el Gobierno en funciones y con las Cámaras a medio gas.
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