Entre héroes y canallas

Las lesiones en acto de servicio exigen control riguroso de la Administración. Un policía se rompe una pierna en accidente casero, va a comisaría, simula que se cae allí y pretende conseguir pensión en acto de servicio. Dos policías se auto-provocan heridas leves tras atentado para conseguir una medalla ‘roja’ que supone más salario de por vida. Medallas pensionadas concedidas el 95% de ellas a los mandos, en práctica corrupta habitual desde que Franco era cabo. La picaresca de una sociedad infectada en muchas de sus instituciones no excluye a los uniformados.

En octubre de 2019 se produjeron disturbios en Barcelona contra la condena del Tribunal Supremo a políticos golpistas. Una jauría de alimañas lanzó adoquines y otros objetos causando heridas graves a varios policías. Uno recibió un impacto en la cabeza que atravesó el casco, fue jubilado y lleva siete meses esperando que la Administración le reconozca la pensión en acto de servicio. Otro, recién jubilado, supo al entregar su placa y pistola que lo jubilaban por enfermedad común; al faltarle meses para cumplir 15 años de servicio cobrará 800 euros/mes. Deberá reclamar la pensión que se ganó con riesgo, sangre, dolor y secuelas permanentes. Que en casos tan evidentes como estos la Administración no haya realizado los trámites exigibles de oficio, habiendo sido condecorados con medalla pensionada y reconocidas lesiones en acto de servicio descalifica a la institución. A la Administración del Estado y la Policía Nacional les es exigible una adecuada atención a sus miembros, coherente con una democracia y un estado de derecho del primer mundo. No cabe el despotismo del pasado régimen militar.

El 17 de diciembre de 1976 (dos días después del referéndum para la reforma política que abría la puerta a la democracia) cientos de policías y guardias civiles se manifestaron ilegalmente en Madrid. Pedían un horario regulado (pasaban días sin salir del cuartel ni poder ir a sus casas), un salario digno, asistencia sanitaria en la seguridad social (cambiando de la jerarquizada sanidad militar) y una pensión digna para sus viudas, entre otras justas reivindicaciones profesionales. Años después se fueron consiguiendo algunas de las peticiones, pasaron a ser civiles (o híbridos, civil/militar) y tuvieron sindicatos; tras años de constante retroceso hoy vuelven a estar más cerca del régimen militar anterior.

Existen problemas estructurales arrastrados desde hace décadas. Los policías son formados para actuar en una sociedad de vasallos, no en una democracia de ciudadanos. Somos la única democracia en Europa donde el principio de autoridad anula los derechos civiles de la ciudadanía. Así lo dice el informe de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa de marzo pasado. Cuestiona, entre otras prácticas, las identificaciones sin justificación objetiva, como hizo nuestro Supremo, aunque todas las policías interpretan la ley de seguridad ciudadana ignorando al máximo órgano judicial. La Comisión de Venecia pide instruir a los policías con sentencias del Constitucional. Como efecto secundario, los policías no son tratados por la Policía como funcionarios públicos con derechos sino con despotismo y desprecio.

La Policía debe impedir que haya agentes jubilados con lesiones en acto de servicio malviviendo durante meses con una ridícula pensión. Este maltrato a los policías y sus derechos en los últimos años es un evidente retroceso. Hechos que descalifican a la Policía, a sus mandos y a sus responsables políticos. Las medallas rojas regaladas a los jefes por la sangre que derraman los agentes llegan antes que la pensión para las víctimas. El eterno pulso entre héroes que cumplen con su deber con riesgo para su vida y canallas que ensucian la institución.