El Gobierno, desbordado por la inmigración ilegal, se encomienda a las ONG

El problema de la llegada masiva de inmigrantes a las costas canarias ha desbordado al Ejecutivo en funciones que, impotente, trata de parchear la situación endosando inmigrantes a las Comunidades Autónomas y traspasando su responsabilidad a las ONG. En una reciente resolución, el Ministerio de Inclusión reconoce la necesidad de reforzar los servicios de atención a los inmigrantes ilegales, que gestionan distintas organizaciones no gubernamentales (bueno, algunas son más gubernamentales que el propio Gobierno). La llegada masiva de ilegales supone un coste para el sistema de 103.456.370 millones, según se recoge en el documento. Esa es la inyección económica a las ONG.  En suma, toda una declaración de impotencia. Dicho de otro modo: que sean las ONG las que se coman el marrón. Eso sí, untándolas el lomo. Y es que muchas de estas organizaciones cumplen una labor admirable, pero otras -las más afines a la izquierda, casualmente- confunden la solidaridad con el negocio.

La resolución, emitida por la Dirección General de Gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal, reconoce que «desde principios de agosto de 2023 ha habido un incremento sin precedentes en el número de llegadas de personas migrantes a las costas españolas»

Las ONG subvencionadas por Sánchez se encargan de las distintas fases del circuito de acogida e integración de los inmigrantes. Desde la primera atención de emergencia, facilitando un «alojamiento provisional y manutención» a los recién llegados, asistencia sanitaria, psicológica y jurídica o traducción e interpretación a la red de acogida, ofreciendo igualmente alojamiento, manutención, vestuario y productos de limpieza, e incluso «asignación para gastos diarios». Todo eso está muy bien, pero el problema de la inmigración irregular no se resuelve subcontratando ONGs afines, sino con un plan integral que parta de la consideración de que eso de  España, tierra de acogida es un eslogan muy hermoso, pero se da de bruces con la realidad. Y eso lo saben mejor que nadie las ONG a las que el Gobierno recurre ahora para que resuelvan un problema que viene de lejos.