La Generalitat tarde y mal con las residencias

La Generalitat tarde y mal con las residencias

Mi suegra tuvo una mala caída con cerca de 90 años que la llevó a una silla de ruedas. Esta circunstancia, unida a su sobrepeso y a sus problemas respiratorios, hizo que la mejor opción fuera ingresar en una residencia. Y ahí está. Tenemos comunicación diaria con ella y el personal que la atiende, y, de momento, todos están bien.

En esta residencia de Tarragona no ha habido afectados por coronavirus. Pero, por desgracia, esta enfermedad se está cebando en este tipo de instituciones en toda España. Hasta el momento, hay 2.170 personas fallecidas por coronavirus, de las cuales una de cada cuatro son ancianos residentes en geriátricos.

Y, como era de prever, también es el caso en Cataluña. En centros de Olesa de Montserrat y Capellades, por ejemplo, municipios cercanos al foco de contagio de Igualada, han muerto 9 y 13 ancianos, respectivamente, en los últimos días. La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto una investigación para dilucidar los motivos de esas muertes.

En general hay un clamor contra el gobierno de la Generalitat por su inactividad y su falta de previsión para impedir que la infección se extendiera por las residencias de ancianos de Cataluña. A pesar de las ruedas de prensa de la consellera Alba Vergés donde se le quita hierro a este asunto, salen voces del ámbito sanitario que la desmienten o la acusan directamente de mentir. La directora de la residencia Verge del Remei de Arenys de Munt y ex concejal de Junts per Arenys, Soraya Real, no ha dudado en calificar su mala gestión de «escándalo «, denunciando la falta de recursos que experimentan y el número cada vez más elevado de gente infectada.  Muy mal lo ha de ver cuando asegura en su cuenta de Twitter que «morirá todo el mundo».

En Cataluña sabemos que si lo que sucede con las residencias catalanas fuera responsabilidad del Gobierno de España, con la facilidad que se tiene aquí para montar jaleo, habría un estrepitoso escándalo en redes y medios afines, y los gritos de independencia y de que España nos mata se oirían hasta en la Patagonia. De hecho, los más sinvergüenzas, ya lo han propalado.

Porque aquí los odiadores pasan por delante y el Govern está poniendo incluso problemas para la desinfección de 40 residencias de mayores que había ofrecido el Ejército. Hasta el punto que han tenido que ser quienes dirigen estas residencias los que les han pedido directamente socorro. De momento, sigue obstaculizada esta operación tan importante porque la Generalitat tiene las competencias y no ha dado luz verde.

A pesar de este bloqueo, el Ejército se ha desplegado en ocho municipios catalanes a petición de sus alcaldes, que son los únicos que están mostrando un seny francamente remarcable, dejando de lado las diferencias ideológicas y pensando en cómo salvar la vida de sus vecinos más vulnerables. Son alcaldes de municipios de distintos colores políticos. Así, en Barcelona, -Ada Colau también ha decidido dejar de lado sus prejuicios ideológicos- y en Sabadell, se ha establecido una provechosa colaboración con las Fuerzas Armadas para montar hospitales de campaña para personas sin hogar en la Fira de Barcelona y para pacientes del Hospital Parc Taulí en Sabadell.

Mientras tanto el president Torra tiene tiempo para contarnos por Twitter que goza de la lectura del Pompeu, mientras la conselleria de Justicia ordena a las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas que revisen los casos de internos a los que se les ha aplicado el 100.2. Una maniobra descarada para liberar a los presos condenados por el golpe separatista del 1-O. Si esto se consiguiera, sería un escándalo gravísimo. El Supremo ya les ha avisado de que incurrirán en responsabilidades penales si excarcelan a Junqueras y el resto de condenados.

 Pero estos son los socios del Gobierno de Sánchez. Los peores en el peor momento. Ahora saben que dirigir un país es algo más que repartirse cargos y emitir soflamas facilonas. En un geriátrico habría que verlos.

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