El FMI señala los desequilibrios económicos del Gobierno

José María Rotellar

Pese a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no vea con malos ojos la contrarreforma laboral por haberse producido un acuerdo de los agentes sociales -ahí se ve la magnitud del error de la CEOE, porque mejor habría visto el FMI el no empeorar la reforma existente-, critica muchos aspectos de la economía española que está deteriorando la orientación de política económica del Gobierno.

En primer lugar, le insta a que presente un plan creíble de consolidación fiscal. Es decir, el FMI no se cree las previsiones del Gobierno de cara a poder reducir los desequilibrios fiscales generados, con un aumento del gasto permanente, que lleva al déficit estructural por encima del 5% del PIB, que hará que sea difícil que la deuda baje del 120% del PIB, sin que se atisbe que se pueda reducir en valores absolutos, pues la permanencia del déficit será larga con el plan del Gobierno; y con una subida de impuestos que hará contraerse a la economía y que no logrará, además, los pretendidos efectos recaudatorios.

Eso no parece que el FMI lo considere viable, a la vista de que le exige un plan creíble, como digo. Se equivoca, el FMI en insistir en que España tiene una presión fiscal inferior a la media de la zona euro, porque el esfuerzo fiscal de cada persona es uno de los mayores. El ajuste que pide el FMI debería ser por el lado del gasto para que se distorsionase menos a la economía.

Del mismo modo, mantiene el crecimiento estimado para España en 2022 en el 5,8%, es decir, 1,2 puntos por debajo de lo estimado por el Gobierno en el cuadro macroeconómico, que se niega a rectificar pese a que ningún organismo lo respalda. Ya les sucedió con la previsión de 2021 y les va a volver a suceder. Eso no da seguridad ni confianza, de manera que la poca fiabilidad en política económica del Gobierno de Sánchez y Calviño puede hacer que se pierdan inversiones.

Es más, la mayor parte de ese crecimiento se mantendrá, como contempla el FMI, por el impacto de los fondos europeos. El problema es que si el Gobierno no los emplea bien y los malgasta como nuevos planes E, tendrán un recorrido muy cortoplacista. Es más, el FMI ya alerta de la capacidad de España para absorber los fondos europeos y de la eficacia en la gestión, de manera que si ambas cuestiones no se resuelven satisfactoriamente, empeorarían el crecimiento español.

Adicionalmente, el FMI prevé que la inflación se mantenga alta en 2022, con una tasa media del 3,5%, superior en 4 décimas a la tasa media de 2021. Eso puede provocar una elevada pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, así como una espiral precios-salarios que empobrecerían la economía y harían disminuir la actividad económica y el empleo.

De la misma manera, el FMI prevé que la tasa de paro se mantenga muy elevada, en un 14% en 2022 y, lo que es peor, en un 13% en el horizonte de 2026. Esto es una cifra altísima, que puede dificultar que una parte importante de ciudadanos pueda recuperar un puesto de trabajo si se convierte en desempleo estructural.

El FMI insiste en que hay una elevada incertidumbre sobre el crecimiento español y que la actividad económica en España se mantiene por debajo del nivel previo a la pandemia, al tiempo que insiste en que la deuda pública debe reducirse conforme avance la recuperación, pero con el déficit estructural generado por el Gobierno eso se antoja difícil.

En definitiva, aunque el Gobierno presuma de crecimiento y de su dañina contrarreforma laboral, queda de manifiesto, una vez más, lo equivocado de su política económica. Sánchez dejará una situación que, si no rectifica de inmediato, será mucho peor incluso que la de 1996 y 2011, porque la base estructural de la economía habrá quedado mucho más dañada y sin margen en el terreno de la deuda, especialmente en cuanto el BCE deje de comprar deuda, vuelva a una política monetaria más ortodoxa y restrictiva.

Primero, la inflación mermará el poder adquisitivo de los ciudadanos y la competitividad de la industria española; después, la contracción monetaria necesaria por la inflación desmedida que han incentivado políticas de gasto sin límite como la de Sánchez, mermará la capacidad económica de los ciudadanos al aumentar la cuota hipotecaria. Todo ello, en un contexto de disminución de la renta disponible de los españoles debido a la subida masiva de impuestos del Gobierno.

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