La Fiscalía, contra la igualdad de género: salva a Iglesias, por ser padre, en el ‘caso niñera’

La Fiscalía de Pedro Sánchez ha rozado el rizo del machismo más recalcitrante para tratar de salvar a Pablo Iglesias del denominado ‘caso niñera’-la presunta utilización de una empleada de Podemos, después cargo público del Ministerio de Igualdad, para prestar servicios personales como cuidadora de la hija de Irene Montero y el ex secretario general de la formación morada. La investigación, en pura lógica, debería dirigirse contra ambos progenitores, dado que los dos se han beneficiado del trabajo doméstico de la que fuera ex diputada de Podemos Teresa Arévalo y hoy jefa de gabinete adjunta de la ministra de Igualdad. Pues bien, el Ministerio Público sostiene que «su condición de padre de la menor Aitana no le puede atribuir indicios de criminalidad». Caramba con la Fiscalía: la pareja se beneficia por igual del trabajo prestado por la empleada, pero su condición de padre de la pequeña salva a Pablo Iglesias en virtud de una reaccionaria interpretación contraria a las más elementales normas de la igualdad de género. Vamos a ver: si no estuviéramos hablando de Irene Montero y Pablo Iglesias y un fiscal aplicara el mismo criterio en un caso similar, el ultrafeminismo patrio -esta vez con razón- se habría lanzado con furor desbordado contra el representante del Ministerio Público. Y es que la Fiscalía salva a Pablo Iglesias al considerar que dada su condición de padre no se le pueden atribuir indicios de criminalidad.  O se explica la Fiscalía o estamos ante una discriminación de género de libro.

Y es que la pareja podemita utilizó a la ex diputada Arévalo -y se benefició por igual- para cuidar de su hija menor, Aitana, durante la campaña electoral para los comicios del 10 de noviembre de 2019. Tanto es así que el partido costeó billetes de avión de la menor y de su cuidadora para acompañar a Montero a un acto electoral celebrado en Alicante. En ese momento Teresa Arévalo estaba contratada por el partido cuando el responsable máximo era el entonces secretario general Pablo Iglesias. Y unos meses más tarde, cuando Irene Montero fue nombrada ministra, la niñera fue designada jefa de gabinete adjunta en el Ministerio de Igualdad y pasó a cobrar un sueldo de 51.946 euros anuales.

Así que tanto monta, monta tanto, Irene como Pablo. Los dos utilizaron a una empleada del partido, luego nombrada cargo público, en beneficio propio. Por actuaciones machistas como esta de la Fiscalía, el Ministerio de Igualdad habría puesto el grito en el cielo. Por razones obvias, ahora no ha dicho ni Pamplona.