Dos pactos económicos traidores a España

El presidente Sánchez, en los estertores de su mandato, mientras se ahoga en la ciénaga de presunta corrupción que rodea a su gobierno, a su partido y a su familia, compra algo más de tiempo para permanecer en La Moncloa y poder encontrarse en una mejor situación a la hora de defenderse, al menos, políticamente, de los casos antes mencionados, si ello fuera necesario. Así, en la discriminación casi perfecta de precios que están realizando sus socios, para sacarle todo lo que Sánchez está dispuesto a pagar -y está dispuesto a pagar mucho-, este lunes ha pactado con Illa el inicio de la desvertebración del sistema de régimen común en materia de financiación de las CCAA, todo para que ERC y Junts sigan dándole su apoyo. Asimismo, este martes pactará con el PNV la demolición de la caja única de la Seguridad Social al cederle parte de la gestión de las competencias de dicho organismo.

Así, con Illa, en una comisión bilateral entre el Gobierno de la nación y el Gobierno catalán, se avanzará en el llamado cupo catalán, que tildan de financiación singular, revistiéndolo con el señuelo de que se podrá aplicar a todos, pero esto no será así. El hecho es que Cataluña se quedará con todos los tributos y que se romperá la solidaridad interregional. De momento, se empieza con el IRPF a través de una proposición de Ley que registrarán los socialistas y ERC, pero para que el punto final sea la recaudación y gestión de todos los impuestos.

Esta concesión de una especie de régimen foral que, aparte de ser de dudosa legalidad, o, más bien, completamente ilegal, rompe con la solidaridad entre regiones consagrada en la Constitución. Todo ello es delirante. En cuanto a la petición de crear un régimen distinto al de régimen común, no puede tener cabida en nuestro ordenamiento legal, tal y como está estructurado el sistema de financiación de las CCAA, pues al marco general de la LOFCA y al de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, de financiación autonómica, hay que unir la Constitución, que no concede ninguna singularidad en materia de financiación de las CCAA más allá de las del País Vasco y Navarra, recogidas en la Disposición Adicional primera de la Constitución.

Otorgar un régimen especial a Cataluña, un sistema propio, supondría un agravio comparativo y quebraría la solidaridad interregional. Sólo quedarían Madrid y Baleares como aportantes netas al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), lo que se traduciría en una menor solidaridad con las regiones con menos recursos y pondría en peligro la prestación de los servicios públicos fundamentales en dichas regiones, por mucho que Sánchez intentase esquilmar más a Madrid.

En cuanto a la cesión gradual al Gobierno vasco de las competencias de la Seguridad Social es otra barbaridad que quiebra la gestión económica nacional. De momento, se inicia con el traspaso de la gestión de las prestaciones no contributivas y las de desempleo, pero se irá avanzando en el resto. Eso, rompe la caja única de la Seguridad Social, elemento gravísimo para la propia sostenibilidad del sistema. Si todavía no les han cedido las contributivas se debe a que el País Vasco es deficitario en el saldo entre cotizaciones y prestaciones, y estarán negociando cómo la Seguridad Social se lo cubre aunque se les ceda.

Todo es un esperpento que traiciona las normas básicas que marcan la estructura económica de España en cuanto a dos elementos esenciales, como son las pensiones y la solidaridad interregional. Dos regiones -o, mejor dicho, dos gobiernos, egoístas, van a cobrarse su apoyo a Sánchez, y este último está dispuesto a darles lo que sea con tal de seguir. Son dos pactos económicos de clara traición a España.