El Gobierno oculta cuál será la «aportación solidaria» de Cataluña tras entregarle todos los impuestos

El Gobierno central y la Generalitat de Catalunya han alcanzado un acuerdo sobre la estructura del nuevo modelo de financiación «singular» para Cataluña, cediendo la gestión de todos los impuestos, aunque han evitado pronunciarse sobre la llamada cláusula de solidaridad, es decir, cuánto aportará realmente Cataluña para que el regalo fiscal no sea un tremendo agravio al resto de comunidades autónomas.

Se consuma así la cesión de todos los impuestos por parte del Estado para que los gestione Cataluña. La clave de este sistema, que podría ser «generalizable» a otras comunidades autónomas, es que la administración catalana asumiría el control total de la recaudación de impuestos generados en su territorio, para luego transferir una parte de los fondos al Estado.

Esto le haría recaudar cerca de 60.000 millones, que dejarían de ir a la caja común. Después, se acordaría una cuota de solidaridad, pero estableciendo siempre que Cataluña debe de quedar en el mismo lugar tras las aportaciones a todas las comunidades autónomas. Es decir, si es la segunda que más aporta, será también la segunda en recepción final de fondos. El pacto, sin cifras concretas ni calendario de aplicación definido, se ha cerrado este lunes en una reunión celebrada en el Palau de la Generalitat.

Como explicamos, una de las premisas pactadas es que el nuevo modelo respete el principio de ordinalidad: que Cataluña no pierda posiciones relativas en términos de recursos recibidos tras su contribución a la solidaridad interterritorial. De este modo, la comunidad catalana no empeoraría su posición financiera respecto a otras regiones tras realizar su aportación al sistema común.

Cataluña no define su aportación común

Por primera vez, el modelo acordado contempla que la Generalitat gestione directamente todos los impuestos recaudados en Cataluña. Con esos fondos, el Ejecutivo catalán financiaría sus competencias ordinarias y haría una aportación (aún sin cuantificar) a la caja común del Estado, como parte del principio de solidaridad con el resto de comunidades.

La realidad es que si se respeta el principio de ordinalidad, y además se deja la gestión de la recaudación directamente en manos de Cataluña, que es quien decide cómo gasta ese dinero, entonces es imposible que el principio de solidaridad se cumpla, puesto que habrá comunidades que quedarán infrafinanciadas precisamente porque sus vecinos no habrán sido solidarios.

La idea es que el Estado transfiera a Cataluña los recursos necesarios para financiar aquellas competencias que la comunidad ejerce en régimen de exclusividad y que otras regiones no tienen, como la gestión de las prisiones o el cuerpo policial de los Mossos d’Esquadra, y Cataluña pagaría por esos recursos, algo que contaría como pago a la caja común aunque no lo sea.

Aunque el acuerdo marca un cambio relevante en el protagonismo fiscal de Cataluña, todavía no se han precisado ni los plazos de implementación ni los importes que corresponderán en cada tramo del nuevo modelo. El diseño final queda pendiente de futuras negociaciones, así como de la definición de los criterios para la aportación solidaria y el cálculo de las transferencias estatales asociadas a competencias exclusivas.