Está pasando

Unos pocos medios de comunicación españoles se hicieron eco hace unos días de que el Gobierno del comunista peruano Castillo había entrado con violencia en las instalaciones de la emisora de radio y televisión PBO, había cortado las emisiones y había sustraído todo el material audiovisual que había en el edificio.

Es un hecho gravísimo que sin orden judicial ni apercibimiento previo la policía al servicio del régimen comunista haya clausurado un medio de comunicación que emitía con todas las licencias legales exigidas en un país formalmente democrático. Y me resulta muy preocupante que la prensa española –como digo, salvo honrosa excepciones- haya tratado el tema con sordina o, simplemente, lo haya omitido.

Habrá quien piense que “tampoco es para tanto”, que “Perú está muy lejos”, que “eso no nos afecta”. Y aún habrá otros que, por lo bajini, se atrevan a formular el consabido “bueno, por algo será”.

El caso es que lo que está ocurriendo en Perú (y en otros países de Hispanoamérica) sí que nos afecta; nos afecta porque no podemos ser ajenos a los ataques a las libertades sea cual sea el lugar del mundo en el que se produzcan; nos afecta más directamente como españoles, pues compartimos sangre e idioma con los peruanos; y nos afecta porque la misma ideología totalitaria que orienta las políticas del comunista Castillo gobierna en España en coalición con el PSOE. Y, finalmente, nos afecta porque esos inputs totalitarios también se están produciendo en España.

“Exagerados”, o “propagandistas de extrema derecha” son los calificativos más suaves que han merecido quienes en los últimos años han alertado de la deriva antidemocrática que se estaba produciendo en países como Venezuela o Argentina y sobre el riesgo de que eso mismo terminara por ocurrir en España. “Aquí no pasará”, ha sido la consigna reiterada por los socialcomunistas españoles y su prensa concertada y sectaria; “aquí no pasará”, decían, mientras aplicaban las mismas tácticas con el fin de conseguir idéntico objetivo: utilizar el poder obtenido en un proceso democrático para mutar el régimen constitucional y liquidar nuestra monarquía parlamentaria.

«Aquí no pasará», siguen diciendo algunos bien pensados, esa mayoría de españoles que prefieren las buenas noticias a la verdad. Pues efectivamente, “aquí no pasará”, porque aquí ya ha pasado. ¿Acaso no tenemos en España una Fiscalía al servicio del Gobierno? ¿Acaso el Gobierno y todas sus terminales no persigue a los jueces que actúan con profesionalidad e independencia? ¿Acaso no han tenido que ser las instituciones de la UE quienes frenen los intentos del Gobierno de parasitar la cúpula de todos los órganos de la Justicia? ¿Acaso el Gobierno de España no veta a determinados medios de comunicación mientras da subvenciones millonarias a los medios afines? ¿Acaso en España no se declaran “secreto” los gastos suntuarios del presidente y sus viajes injustificados en el Falcon? ¿Acaso no fue un Ministro de Justicia del reino de España quien proclamó en sede parlamentaria que estábamos inmersos en “un proceso constituyente” sin que a los españoles se nos hubiera dado la oportunidad de pronunciarnos al respecto? ¿Acaso no han aprovechado la pandemia para cerrar inconstitucionalmente el Parlamento?

Si, aquí está pasando, aunque el Gobierno socialcomunista aún no haya invadido físicamente ninguna emisora ni hayan metido en la cárcel a ningún juez y/o político de la oposición. Afortunadamente, España forma parte de la Unión Europea y el tipo de actos que practican los amigos de Sánchez en latitudes de América Latina son tan groseros que harían desperezarse hasta a los burócratas europeos más adormilados. Y eso les obliga a hacer las mismas cosas las cosas de otra manera, con mayor disimulo. No cierran emisoras, pero vetan a periodistas. No ilegalizan a los partidos de la oposición, pero convierten en parte de la estructura del Estado y en socios del Gobierno a dirigentes y partidos políticos que forman parte del entramado de ETA (una banda terrorista no disuelta aunque no esté operativa) y que aún hoy se vanaglorian de su pasado de terror; no meten a la cárcel a ningún dirigente de los partidos políticos de la oposición, pero sacan de la cárcel a los dirigentes de un partido que han sido condenados por dar un golpe contra la democracia y que prometen volverlo a hacer.

Hoy nos “escandalizamos” de que llegue otro terrorista a la cúpula de uno de los partidos que mantienen a Sánchez en la Moncloa; pero lo verdaderamente escandaloso es que esos partidos sigan pisando moqueta sin que en España se active el proceso de ilegalización en aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2009 (que confirmó la disolución de Batasuna y todas sus marcas, las presentes o las que heredaran esa misma filosofía aunque cambiaran de nombre), del Tribunal Supremo y del Constitucional que advirtió que la legalización de Bildu y Amaiur se adoptaba “sin perjuicio de que la ley permitiría la posterior ilegalización si se dieran las circunstancias legalmente previstas entre las que cabe señalar la de la concurrencia de vínculos personales entre Batasuna y Bildu”.

Si, aquí está pasando, aunque no ejerzan, aún, la violencia física. Porque cuando el proceso de involución se da desde el propio gobierno no hace falta sacar los tanques o utilizar las armas para demoler el sistema democrático: tienen el Boletín Oficial del Estado.

No sé qué más tiene que ocurrir para que despertemos del letargo y espabilemos. Porque hasta aquí no hemos llegado de la noche a la mañana; han sido muchos años de mirar para otro lado, muchos años sin reaccionar ante los signos externos que anunciaban el peligro. No sé que más tiene que pasar para que actuemos en legítima defensa. O los vencemos, o nos vencen.

Pues eso.