ERC manda y Sánchez acata: se afloja el cerco a los CDR
Por si alguien tenía alguna duda, ya sabemos en qué consiste la promesa de Pedro Sánchez de «desjudicializar el conflicto catalán»: en retirar de Cataluña a buena parte de los agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil que investigaban a los CDR. En el último mes y medio, el número de agentes ha descendido considerablemente en la comunidad catalana. De los que quedan, la gran mayoría está trabajando en operaciones relacionadas con la lucha contra el yihadismo.
Los agentes que han ido poco a poco abandonando Cataluña se ocupaban principalmente de vigilar el activismo violento de los CDR y otros colectivos separatistas. Suya es, por ejemplo, la investigación encubierta sobre las actividades terroristas de esa célula desarticulada el pasado mes de septiembre. Un grupo que tenía en su poder material para fabricar explosivos y estaba preparando ataques ante la inminente publicación de la sentencia del procés.
Ocho años de trabajo desperdiciados por la claudicación del jefe del Gobierno ante los separatistas catalanes, que se están cobrando al precio más alto posible su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. La unidad de Información que investigó al comando CDR estuvo un año y medio siguiendo la pista a los siete detenidos, ahora puestos en libertad bajo fianza -otra concesión al independentismo- por la Audiencia Nacional. El exhaustivo informe de la investigación, recogido en ocho tomos de sumario, muestra el nivel de infiltración que alcanzaron en la organización separatista: pinchazos telefónicos, fotografías, micrófonos colocados en viviendas y vehículos, seguimientos personales…
El grueso de los agentes destinados en los últimos años a Cataluña ha estado ocupado en vigilar de cerca los movimientos radicales separatistas, cuya incidencia ha aumentado exponencialmente desde el 1-0, pero las exigencias de ERC han invertido la situación. Todo ha cambiado desde que Sánchez fue investido presidente del Gobierno gracias a la abstención de los golpistas catalanes. La desjudicialización era eso: que quienes tienen que velar por la libertad y defensa de la unidad nacional, la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cesaran en su empeño por decisión de un Gobierno que vendió la dignidad de España a cambio de mantenerse en La Moncloa.