¿Dónde está el Gobierno que no hace cumplir la ley?

El Gobierno de Pedro Sánchez debe abrir todas las vías disponibles para que Quim Torra cumpla con el mandato de la Junta Electoral Central y retire todo símbolo independentista de los edificios públicos. El presidente de la Generalitat, mal que le pese, no está por encima de la ley, y el Ejecutivo debe hacérselo saber a través de todas las herramientas de las que dispone el Estado de Derecho. Isabel Celáa y Josep Borrell han afirmado que, efectivamente, tienen recursos para frenar la afrenta separatista de Torra, sin embargo, y los hechos recientes lo avalan, es improbable que el PSOE busque un enfrentamiento con los socios que llevaron a Sánchez hasta La Moncloa.

Desde el Ejecutivo deben dejar de tratar a Torra como un rehén de la enajenación independentista y actuar con determinación por su desobediencia a los fallos de los órganos judiciales españoles. La negativa de Torra es un nuevo desafío al orden establecido y, sin duda, una manera más de instrumentalizar las instituciones de todos los catalanes con fines electoralistas. Con la legislación por bandera, el Gobierno, en virtud del Art. 12.3 de la Ley Contencioso-Administrativa, debe solicitar de inmediato a un juez que ejecute la orden de la Junta Electoral Central a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si Torra no atiende a razones, que será un hecho probable si nos atenemos a sus antecedentes, el presidente de la Generalitat estaría incumpliendo la Ley de Seguridad Ciudadana y podría ser castigado con hasta 30.000 euros o, si va más allá, incurrir en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal que acarrea penas de hasta un año de prisión.

Si el Gobierno no actúa de inmediato y deja hacer a los separatistas evidenciará, una vez más, que Sánchez está dispuesto a lo indecible para no cerrarse pactos tras el 28-A y que no posee ninguna deferencia por la legalidad vigente. No obstante, si el Ejecutivo no actúa contra la instrumentalización de las instituciones públicas, la Fiscalía General del Estado sí debería velar por los derechos de todos los catalanes e iniciar las denuncias oportunas por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia al no retirar los lazos amarillos y las banderas independentistas, tal y como lo ha dispuesto el fallo de la Junta Electoral Central.