Para un diccionario de la Ley de Memoria Democrática (II)

MILITARADAS. Solo se condena en la ley el golpe militar de 1936, olvidando otros cuatro producidos en aquellas décadas: el del general Primo de Rivera en 1923, el de los capitanes Galán y García Hernández en 1930, el del general Sanjurjo en 1932 y el del general Miaja y el coronel Casado, militares leales a la República, contra el gobierno del socialista Juan Negrín en 1939.

NACIONALIDAD ESPAÑOLA. La ley establece la concesión de la nacionalidad española a los antiguos miembros de la Brigadas Internacionales, si bien la prensa informó en 2021 del fallecimiento del último de ellos, Josep Almudéver Mateu. No se prevé conceder la nacionalidad española a los asesores militares rusos enviados por Stalin para ayudar al bando republicano, de los que tampoco hay supervivientes: la inmensa mayoría fueron ejecutados por el dictador soviético después de su regreso de la guerra de España.

OCTUBRE. La ley de “memoria democrática” no menciona el golpe armado contra el orden constitucional republicano por parte del PSOE y UGT en octubre de 1934, con más de 1.000 muertos. Tampoco el golpe de Companys en Cataluña. Solo se recuerdan los ataques a la Segunda República cuando los hacían las derechas.

PERSECUCIÓN DE LENGUAS. En 1951 el Ayuntamiento de Barcelona convoca por primera vez el Premio “Ciudad de Barcelona” de poesía en catalán, dotado con 12.500 pesetas, para sumarse así a la persecución de esta lengua por la dictadura, que quedará reflejada en la nueva ley.

RECLUTA FORZOSA. La izquierda “pacifista” descarta recordar las cruentas medidas que ambos bandos promovieron contra la deserción en sus filas, compuestas mayoritariamente por reclutas forzosos. Los crímenes contra sus propias tropas, como poner ametralladoras tras sus líneas para evitar las desbandadas, deslucen el mito del “Ejército del pueblo”.

SUIZA. Se ha elegido el 8 de mayo, fecha de la derrota de la Alemania hitleriana, como día de conmemoración del exilio. Más vinculación a nuestra tragedia nacional habría tenido el 30 de abril, fecha de la muerte en Lausana, en 1972, de la diputada republicana Clara Campoamor, exiliada en plena guerra desde la zona gubernamental ante el temor a ser asesinada por los frentepopulistas por ser liberal, y exiliada también bajo el franquismo. Los exiliados por culpa de las dos Españas no tienen mención literal en la ley.

TRIBUNAL SUPREMO. La izquierda cuestiona la Ley de Amnistía de 1977, apoyada entonces por el PSOE y el PCE, aparentando su derogación. El principio de irretroactividad lo hace jurídicamente inviable. Como señaló el Supremo en su sentencia del 2012 sobre el “caso Garzón”, dicha ley es “consecuencia de una clara y patente reivindicación de las fuerzas políticas ideológicamente contrarias al franquismo (…) para desmontar el entramado del régimen franquista”.

UNIÓN SOVIÉTICA. La justa mención a los miles de españoles republicanos asesinados en los campos de concentración nazis contrasta con el silencio sobre el drama sufrido en el “Gulag” soviético por centenares de españoles, incluidos aviadores y marineros republicanos. Tampoco se recuerdan los campos de concentración franceses, incluido el estadio de Roland Garros, donde fueron recluidos los exiliados republicanos.

VALLE. La ley rebautiza el Valle de los Caídos como “Valle de Cuelgamuros”, topónimo de origen franquista donde los haya: Cuelgamuros empezó a denominarse “valle” cuando se iniciaron las obras del monumento. Hasta entonces había sido pinar, finca, cuartel o puerto.

SEÑOR X. Pedro Sánchez ha aceptado sin rechistar las mofas de sus socios de Bildu y ERC contra el PSOE a cuento de los GAL y de las críticas de Felipe González a la nueva ley, que viene a sancionar la continuidad entre los crímenes de Estado franquistas y socialistas.

YUGO Y FLECHAS. La Orden Imperial del Yugo y las Flechas fue disuelta “de facto” en 1976, después de la muerte de Franco. Desconocida para la inmensa mayoría de los españoles, Sánchez se ha acordado de ella medio siglo después para que la ley la declare disuelta “de iure”. Quién sabe si así consigue frenar la inflación.

ZAPATERO. La anterior ley de “memoria histórica” de Zapatero afirmaba que “no es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva”. La de Sánchez, por el contrario, reconoce abiertamente que “la construcción de una memoria común” es una de las grandes políticas de Estado. Será de los Estados totalitarios. De hecho, la ley de Sánchez afirma que no es algo nuevo en España porque ya lo hizo… ¿Adivinan quién?… Sí, han acertado: Franco.