Para defraudador, tú, Montoro

Hubo un momento en que todos los españoles, según Cristóbal Montoro, éramos potenciales delincuentes, defraudadores fiscales, pero ironías de la vida -pura justicia poética- resulta que el ex ministro de Hacienda está imputado por ocho delitos vinculados a la corrupción. El cazador -puro terrorismo fiscal- cazado.

Y es que Cristóbal Montoro y su hermano defraudaron a Hacienda en la venta de sus participaciones del despacho fundado por el ex ministro. En concreto, la Agencia Tributaria cree que hay fuertes irregularidades fiscales en la venta de las acciones de Cristóbal Montoro en el despacho Equipo Económico. No son meras acusaciones -como él hacía-, sino datos recogidos en el sumario judicial y contrastados con documentación notarial y el modelo 198 de la AEAT.

Montoro vendió su 30% del capital social (1.800 participaciones) por tan solo 18.000 euros, en dos operaciones realizadas el 15 de abril de 2008, justo después de ser elegido diputado nacional por Madrid. Ambas operaciones se formalizaron por el valor nominal de 10 euros por participación, sin tener en cuenta el valor real de mercado, que Hacienda, a través de la AEAT, sitúa en 15,72 euros por participación para esa fecha. Esta diferencia se traduce en una minusvaloración total de 10.312,64 euros en la transmisión hecha por el exministro, aunque la Agencia no le atribuye delito fiscal por esa cifra.

Si cualquier contribuyente hubiera hecho lo mismo cuando Montoro era ministro habría sido señalado por su dedo acusador y lapidado en la vía pública -como ocurrió bajo su mandato-. Según la Agencia Tributaria, Ricardo Montoro -hermano de Cristóbal- vendió esas mismas 720 participaciones (junto a otras 180 adicionales que ya poseía) en septiembre de 2012. En total, transmitió 900 participaciones, también por su valor nominal (9.000 euros), y declaró que no había generado ninguna ganancia, por lo que Hacienda abrió un procedimiento de comprobación limitada que regularizó una ganancia patrimonial no declarada de 204.264,14 euros.

Conforme al valor de mercado estimado (unos 237 euros por participación), el importe real de transmisión ascendía a más de 213.000 euros, lo que destapó un fraude fiscal de más de 165.000 euros. En resumen: cuando Cristóbal Montoro iba señalando a potenciales defraudadores por todas las esquinas, quien había defraudado -presuntamente- era él.