La débil coartada de Negueruela

Acorralados por la cascada de informaciones que certifican que el Govern de Francina Armengol permitió el fraude de las mascarillas, lo encubrió durante casi tres años y mintió a todo el que tenía que mentir para ocultarlo, el lugarteniente de Armengol, Iago Negueruela, ha salido a la palestra en defensa de quien fuera su jefe de filas con una coartada inverosímil: las máscaras que la empresa de Koldo García suministró no estaban destinadas al personal sanitario sino a la población civil. De alguna forma el documento clave (DOC 2) firmado por el subdirector de la central de Compras y Logística del IB-Salut el 6 de julio de 2023, un día antes de la investidura de Marga Prohens, con el que se inicia la resolución parcial por incumplimiento culpable del contrato, viene a insinuar lo mismo, como muy bien ha apuntado este diario.

En este documento clave se afirma que las mascarillas FFP2 se codificaron para uso domiciliario para diferenciarlas de aquellas de uso hospitalario. Además, señala que «en aquella época se nos planteó tener un estoc de mascarillas para su posible distribución a la población civil y dichas mascarillas podían cumplir ese objetivo independientemente del resultado del análisis».

A primera vista parecería que Negueruela está en lo cierto y que las mascarillas suministradas por la trama vinculada al ex asesor de José Luis Ábalos no eran en realidad para uso hospitalario sino para uso civil. Sin embargo, el mismo documento contradice esta hipótesis por dos veces al asegurar que nada más conocerse (8 de junio de 2020) los resultados negativos del Centro Nacional de Material de Protección al que se habían enviado el 25 mayo varias muestras del material suministrado, «se procede a comunicar a los centros logísticos sanitarios dependientes la retirada de la distribución de estas mascarillas y a su almacenamiento». Dicho de otro modo, estas mascarillas tenían en principio un uso sanitario y, en cuanto se supo que no alcanzaban los estándares de una FFP2 ó KN95, se retiraron de los hospitales.

Pero hay otra razón que explicaría por qué las mascarillas se codificaron como de uso domiciliario y no hospitalario. Y es la información, un jaque mate rotundo, que el lunes firmaban Edu Colom y Esteban Urreiztieta en El Mundo: a las 48 horas de aterrizar en Palma el avión con el cargamento de 1.480.600 mascarillas KN95/FFP2, el subdirector de la Central de Compras y Logística ya es perfectamente consciente de que la empresa de la trama vinculada a Koldo García les ha dado gato por liebre y las mascarillas suministradas no cumplen con los estándares de una KN95, tal como constaba en la documentación previa en base a la que se había acordado verbalmente la transacción días atrás.

Los correos internos que se intercambiaron los funcionarios del IB-Salut y el propio subdirector de la Central de Compras demuestran que «el ansiado material de protección no cumplía con las exigencias requeridas». Eso explicaría por qué fueron codificados como material de uso domiciliario, incluso antes de que lo confirmaran los tests negativos que evacuó un mes después (el 8 de junio) el Centro Nacional de Protección Médica.

Sin embargo, lejos de detener el fraude ipso facto, el IB-Salut decidió tirar para adelante y quedarse con el material fraudulento. El 4 de mayo formalizaba el expediente a posteriori con una resolución donde por un montante de 3,7 millones se quedaba con «mascarillas FFP2 1 de protección para vapores orgánicos y mascarillas FFP2 de un solo uso». Un día después, con puntualidad inglesa, se pagaba de una vez la totalidad del importe de 3,7 millones, sin fraccionamientos ni plazos.

El personal sanitario, en riesgo

Hay un aspecto de estos primeros días del escándalo que resulta inquietante. Si el 28 de abril, dos días después de haber aterrizado el avión fletado con el cargamento del millón y medio de mascarillas, las autoridades sanitarias ya sabían que los cubrebocas no servían para su uso sanitario, de ahí que los codificaran para uso «domiciliario», llama la atención que estos tapabocas defectuosos se repartieran en los hospitales y sólo se retiraran después del 8 de junio, una vez el CNMP confirmara lo que un mes antes ya sabían las autoridades del IB-Salut: las mascarillas no tenían calidad suficiente para ser utilizados en entornos hospitalarios.

Tanto en el documento clave (DOC 2) del 6 de julio como en el del apercibimiento del 20 de marzo (DOC 1) firmado por el mismísimo director general del IB-Salut, Manuel Palomino, hasta en tres ocasiones se repite exactamente el mismo párrafo: «En el momento en que se recibe el resultado del análisis del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Servicio de Salut procede a comunicar a los centros sanitarios dependientes la retirada de estas mascarillas y a su almacenamiento hasta que se tomen las medidas oportunas». Durante más de un mes las autoridades sanitarias pusieron en riesgo la salud del personal sanitario al proporcionarles unas mascarillas que sabían que no cumplían con los estándares sanitarios requeridos. Y por si quedara alguna duda, el otro documento clave (DOC 1) deja meridianamente claro que, una vez recibidas las mascarillas, se procedió «a la distribución de estas mascarillas para su uso entre los centros sanitarios».

La súbita aparición de las mascarillas quirúrgicas

Debemos a la aguda perspicacia de Matías Vallés (Diario de Mallorca), en una de estas informaciones publicadas estos días, el habernos percatado de un matiz no menor en la confección atolondrada del expediente administrativo. En la documentación entregada por la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas a las autoridades sanitarias antes de la verbalización del contrato no aparece por ningún lado la mención a ninguna «mascarilla quirúrgica», el tapabocas habitual que hemos estado utilizando todos nosotros y que protege a nuestros vecinos de nuestros aerosoles o salivazos, pero no al revés. Tampoco en el documento firmado por Manuel Palomino (DOC 1), donde rompiendo un silencio de casi tres años, el director del IB-Salut comunica a la empresa de Koldo que en la entrega del material hubo un incumplimiento de requisitos de la mascarilla tipo FFP2, aparece el término «mascarilla quirúrgica» por ninguna parte.

De repente, y sin venir a cuento, en el documento clave con el que se inicia la resolución parcial del contrato (DOC 2) de pronto aparecen las «mascarillas quirúrgicas». Y así lo vienen repitiendo las huestes socialistas diciendo que las mascarillas defectuosas entregadas servían de «mascarillas quirúrgicas», no eran fake y eran «útiles». De una «utilidad» menor que una FFP2, pero útiles a fin de cuentas, nos dicen, si no para los médicos sí al menos para la población civil.

El término de «mascarillas quirúrgicas» aparece por primera vez en el análisis económico del documento clave firmado por el subdirector de la central de Compras y Logística (DOC 2). De repente, se empieza a hablar de «mascarillas quirúrgicas». ¿A qué viene hablar de «mascarillas quirúrgicas» cuando lo que se encargó fueron mascarillas FFP2/KN95 y lo que finalmente llegó fueron mascarillas defectuosas que no cumplían los estándares FFP2/KN95? Matías Vallés sostiene que la introducción de «mascarillas quirúrgicas» obedece a tratar de disimular el fraude. Al menos en parte. No se entregaron las FFP2 requeridas, en efecto, pero sí quirúrgicas, nos viene a decir el subdirector de Compras.

A mi modo de ver, no se trata sólo de disimular o mitigar la estafa sino de un interés puramente crematístico: al equiparar las mascarillas defectuosas con las quirúrgicas se da un valor de mercado a las primeras de un valor que, por su carácter defectuoso, se desconoce. ¿Cuánto vale un género defectuoso que no devuelves y te quedas? No se sabe. Como el IB-Salut estaba comprando durante la primavera de 2020 millones y millones de mascarillas quirúrgicas para la población civil al equiparar entonces las defectuosas entregadas por Koldo con las quirúrgicas se puede estimar el precio de las primeras. Y, curiosamente, se elige el precio máximo (0,726 euros por unidad) de las mascarillas quirúrgicas y no el medio (0,432 euros por unidad), con lo cual se minimiza además el importe a reintegrar por la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, como ha explicado OKDIARIO.

El cálculo del importe a reintegrar no tiene por dónde cogerse puesto que el IB-Salut sólo pagó 0,726 euros por unidad en remesas pequeñísimas y poco significativas de mascarillas quirúrgicas, una situación que no se ajusta a una compra voluminosa de un millón y medio de mascarillas. Parece más lógico haber aplicado el precio medio (0,432 euros), como llega por otro lado a indicar el propio subdirector de Compras en el documento oficial DOC 2 en una ocasión. De este modo, el importe a reintegrar por los defraudadores hubiera pasado de los 2,626 millones a los 3,073 millones, la friolera de 447.000 euros más. Se trata del enésimo trato de favor del IB-Salut a la empresa vinculada a la trama de quien fuera la mano derecha del todopoderoso José Luis Ábalos.

La prueba exculpatoria del plan B

Nada más percatarse de que les habían vendido gato por liebre, apenas 48 horas después de haber aterrizado el avión, las autoridades sanitarias deciden tirar para adelante y no detener la estafa de la empresa vinculada al otrora asesor de Ábalos. Toca esclarecer las causas aunque todo apunta a una complicidad con comisionistas sin escrúpulos y tal vez a una financiación del partido. La cascada de pruebas que certifican que las autoridades sanitarias trataron de dilatar en el tiempo el expediente administrativo con la intención de dejarlo caducar son sencillamente abrumadoras.

Ocultaron la estafa a todo interesado habido y por haber: Oficina de Lucha contra la Corrupcion, dirección general de Fondos Europeos, Unión Europea, la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupcion y al parlamento balear dos días después (10 de junio de 2020) de que el CNMP confirmara que el material entregado no se correspondía con lo solicitado. Esto demuestra bien a las claras que la intención de las autoridades sanitarias y tal vez políticas no era otra que dejar caducar el expediente. Es más, una vez endosados los 3,7 millones de euros a la Unión Europea mediante los fondos FEDER, ¿quién de la oposición política se atrevería a reclamarlos si ello significaba devolver los 3,7 millones a la UE y tenerlos que pagar de los ingresos propios autonómicos?

Queda por esclarecer, sin embargo, qué ocurrió el 20 de marzo de 2020 cuando, a dos meses de las elecciones autonómicas y con el aliento de los jueces en el cogote, el director general del IB-Salut decidió comunicar (DOC 1) a la empresa defraudadora que había incumplido los estándares de calidad en el suministro del millón y medio de mascarillas FFP2 tres años atrás. Es evidente que se trata de un cambio radical de actitud: se pasa de ocultarlo a todo a desvelar, al menos para los defraudadores, la existencia -que no magnitud todavía- de una estafa hasta entonces inaudita.

La única explicación de este súbito cambio de actitud es que las autoridades sanitarias tenían un plan B que sólo se activaría en caso de amenaza o peligro a ser pillados o descubiertos. O bien por una pérdida del poder autonómico, o bien por las pesquisas de un juez independiente. El 20 de marzo de 2020, con el apercibimiento (DOC 1) del jefe del IB-Salut, se activa el plan B que culmina en el artefacto monstruoso del documento clave (DOC) en todo este esperpento. La propuesta de inicio de resolución parcial por incumplimiento culpable del contrato (DOC 2) firmado por el subdirector de la central de Compras un día antes de que Marga Prohens sea investida presidente de la comunidad es un homenaje a la arbitrariedad, a la contradicción y a la fabricación de coartadas para tratar de vestir jurídica y administrativamente una estafa en toda regla a base de todo tipo de coartadas, de las que ahora se valen los socialistas.

El plan B se vale de una coartada que están repitiendo una y otra vez las mesnadas socialistas en los últimos días: la de almacenar hasta dejar caducar el millón y medio de mascarillas entregadas. No se almacenó el género defectuoso durante tres años hasta dejarlo caducar y ser inutilizado por las recomendaciones de la OMS de guardar el material sanitario hasta el fin de la pandemia. Ni tampoco para ser utilizado en caso de necesidad, como afirma también el documento de marras. En realidad, este material nunca se utilizó, incluso mientras se estaban comprando millones de cubrebocas quirúrgicos a los que, como hemos visto, se terminaron equiparando las mascarillas defectuosas.

El material suministrado se almacenó y se guardó hasta ahora porque, de activarse el plan B, había que conservar el material para una posible reclamación. De haber triunfado el plan A, consistente en ocultar la estafa, dilatar el expediente en el tiempo hasta dejarlo caducar y endosar el gasto a la Unión Europea sin coste para el ciudadano balear, el género caducado habría sido destruido sin más, como se hace con el material inservible del IB-Salut. Sin dejar rastro de la estafa a mayor gloria de la Unión Europea y la cuenta corriente de algunos comisionistas bien situados.

DOCUMENTOS clave

DOC 1: Incumplimiento requisitos mascarilla tipo FFP2. Fecha: 20 de marzo de 2020. Fdo. Manuel Palomino, director general de IB-Salut.

DOC 2: Propuesta de inicio de resolución parcial por incumplimiento culpable de contrato. Fecha: 6 de julio de 2020. Firmado: Antoni Mascaró Crespí, subdirector de la Central de Compras y Logística.