¿Cuándo van a sacar los políticos las manos de la Justicia?

Una vez más, vuelve a ocupar titulares la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Bueno, lo que realmente acapara la atención mediática no es propiamente la elección del órgano de gobierno de los jueces sino los tira y afloja de los políticos de turno respecto a cómo hacerlo.

Desde que en el año 1985, con mayoría socialista y Gobierno de Felipe González, se cambió la ley para que la totalidad de los vocales que componen el Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos directamente por la dirección de los partidos políticos y votados por los diputados y senadores -que se limitan a introducir en la urna el papel con los nombres  de los elegidos por la jerarquía de su partido- podemos afirmar que Alfonso Guerra acertó plenamente al celebrar la nueva ley con esa sentencia que se le atribuye: “Montesquieu ha muerto”.

En esta semana la “polémica” ha venido servida por unas declaraciones de Bolaños, el nuevo hombre fuerte de Sánchez para todo tipo de apaños. El ministro ha afirmado que “en una democracia los jueces no tienen que elegir a los jueces, de la misma manera que los políticos no eligen a los políticos”. Yo es que me parto… Con la ley electoral de listas cerradas y bloqueadas, ¿quién elige a los políticos? Pues los elige la cúpula de sus partidos; los ciudadanos nos limitamos a votar las siglas… con lo que haya dentro y en el orden que lo hayan querido poner. No es casual que no quieran tocar la ley electoral para mantener esa otra anomalía democrática en la que no sólo el voto vale diferente en función del partido al que votes y/o a la parte de España en la que vivas sino que los ciudadanos tenemos nuestra capacidad de elegir reducida a elegir entre siglas y no a seleccionar a los candidatos a diputados. Pero de ese asunto me ocuparé otro día; volvamos con la peregrina declaración de Bolaños, a cuya teoría se ha abonado inmediatamente no sólo toda la cúpula del PSOE (y su prensa concertada, naturalmente) sino que ha obtenido el placet de un juez “en excedencia”, el tal Marlaska que ha declarado pomposamente que el sistema actual de elección del Consejo es  “plenamente constitucional”.

Miente Marlaska. La sentencia que el TC (108/1986) dictó sobre la Ley dice expresamente que  “ofrece poca duda” que la finalidad constitucional de lograr un Consejo que “refleje el pluralismo existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial” “se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios jueces y magistrados la facultad de elegir a doce de los miembros del CGPJ”. Y continuó: “Ciertamente se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atiendan sólo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos”.

O sea, el TC, con una ingenuidad a prueba de políticos declaró constitucional el nuevo sistema de elección de los vocales porque “el texto no impide una interpretación adecuada a la Constitución”, si bien, además de recomendar la vuelta al sistema antiguo, advirtió que se cometería una infracción constitucional si el sistema convertía el CGPJ en un miniparlamento. Que es justo lo que ha ocurrido desde el minuto uno de la entrada en vigor de la ley.

Miente Marlaska, miente Bolaños, mienten los voceros del Gobierno cuando sostienen que nuestro sistema es fiel al mandato constitucional y homologable con el modelo vigente en los países de nuestro entorno. Mantener el modelo actual va en contra del espíritu y letra de la Constitución y de la sentencia del TC que he mencionado; burla las continuas reclamaciones que nos ha hecho la UE sobre la politización del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces; y es una anomalía en el espacio europeo

El órgano similar del gobierno de los jueces en Portugal consta de 15 miembros; al menos siete de ellos (el vicepresidente y seis vocales) son elegidos por los jueces, 2 por el presidente de la República y 6 por el Parlamento..

En Francia ,el Consejo Nacional de la Magistratura está compuesto por 20 miembros; 12 de ellos, magistrados y fiscales, elegidos por sus pares y 8 juristas elegidos: 2 por el presidente de la Repúblicas, 2 por la Asamblea Nacional, 2 por el Senado, 1 por el Colegio de Abogados, y 1 por el Consejo de Estado.

En Italia, el Consejo Superior de la Magistratura lo componen 27 miembros : el presidente de la República, el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, 16 jueces elegidos por los propios jueces y 8 juristas elegidos por el Parlamento.

En Grecia existen dos órganos similares al CGPJ y ambos están compuestos por magistrados del Supremo elegidos por sorteo. O sea, los políticos griegos no meten la mano en el sistema de elección.

Y así podríamos seguir con el resto de países englobados en la Red Europea de Consejos de la Magistratura por tener órganos encargados de salvaguardar la independencia judicial; en todos ellos una gran parte de sus miembros son elegidos por sus pares, de lo que debemos deducir que para Félix Bolaños, el valido de Sánchez, en esos países no existe la democracia.

Lo cierto es que España es una anomalía en Europa que sólo es equiparable con el nuevo modelo polaco que ha merecido la recriminación del Tribunal de Justicia de la UE que señaló en sentencia de 24 de junio de 2019 que: “A la vista de la reciente reforma de la Ley del Consejo Nacional del Poder Judicial, los quince miembros de este Consejo que, de los veintisiete que lo integran, se eligen de entre los jueces, ya no son elegidos por sus homólogos, como anteriormente, sino por la Dieta, de manera que cabe dudar de su independencia». España no es  Polonia, pero Polonia ha utilizado como argumento de defensa el Alto Tribunal europeo la similitud de sus sistema con el español. No diré más.

El proceso para demoler la democracia en el que está embarcado Sánchez pasa por liquidar la separación de poderes; por eso todas las reformas que ha puesto en marcha en el ámbito de la Justicia persiguen burlar el control judicial sobre los actos del Gobierno y de sus miembros. Los tribunales independientes y los magistrados profesionales que aplican las leyes y velan por la constitucionalidad de las mismas (TC) son un estorbo para seguir adelante con el proceso constituyente, que diría el anterior ministro de Justicia. Y las leyes habilitantes para cambiar la Constitución por la puerta de atrás requieren un Tribunal Constitucional al servicio de la mayoría gubernamental; y para eso han de controlar el CGPJ. Nos enfrentamos a un proceso de demolición de nuestra democracia que debe ser frenado en legítima defensa. Porque sin justicia independiente, sencillamente, no hay democracia.